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Oposición acelera proceso para destituir al presidente de Perú por caso Odebrecht

La oposición en el Congreso peruano se mantiene firme en su decisión de destituir al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mientras que otros sectores sociales piden darle al mandatario la oportunidad de defenderse ante el pleno por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

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El Parlamento recibirá el próximo jueves al jefe de Estado para escuchar sus descargos, pero las principales fuerzas políticas en el Congreso sostienen que Kuczynski ya admitió haber recibido los dividendos por un contrato firmado por su exsocio Gerardo Sepúlveda entre 2004 y 2007.
En esa época, Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), además de director de Proinversión, la oficina a cargo de las adjudicaciones de grandes proyectos de inversión en el país.
Después de dar una rueda de prensa en la que Kuczynski defendió su inocencia, la legisladora Ursula Letona, de la fujimorista Fuerza Popular, dijo que sus «confesiones no hacen más que ratificar la aparente incapacidad moral en la que habría incurrido para seguir ejerciendo el cargo de presidente».
Letona remarcó que el gobernante confirmó que «efectivamente una empresa de su propiedad ha recibido dinero de la empresa más corrupta de Latinoamérica: Odebrecht».
Su colega y portavoz de la bancada mayoritaria en el Parlamento, Daniel Salaverry, declaró que duda muchísimo que «él con este tipo de explicaciones pueda cambiar la realidad de los hechos».
«Ha quedado demostrado que el presidente no tiene argumentos para explicarle al país los hechos que le imputan. Ha quedado clarísimo que él cobró utilidades de su empresa unipersonal», señaló en referencia a Westfield Capital.
Salaverry aclaró que su partido no tiene «ningún apetito de poder para hacernos con la presidencia», ante la posibilidad de que la presidencia recaiga en manos del titular del Parlamento, el fujimorista Luis Galarreta.
«Quien tiene que asumir en caso al presidente se le vaque (destituya) es el vicepresidente (Martín Vizcarra). Que quede bien claro», precisó Salaverry.
Sin embargo, el oficialista Juan Sheput planteó, a título personal, «que renuncie el primer vicepresidente (Martín Vizcarra) y la segunda vicepresidenta (Mercedes Aráoz) si quieren vacar al presidente, y que se vaya a elecciones generales».
El congresista expresó sus dudas de que el fujimorismo vuelva a tener la mayoría en el Congreso, en el caso de que se convoquen a nuevos comicios.
La alternativa planteada por Sheput está considerada legalmente en la Constitución peruana, pues en el caso de que ambos vicepresidentes no puedan asumir la presidencia de la República, esta recae en el titular del Congreso, quien debe convocar a elecciones en un plazo de un año.
Desde el partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder afirmó que sus bases «por unanimidad, han ordenado a la Célula Parlamentaria Aprista votar a favor de la vacancia».
En tanto, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) César Villanueva afirmó que la destitución de Kuczynski es una decisión «casi consumada».
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, declaró que «no es verdad que la sola voluntad y los votos legitimen un acto. Es necesario que esas imputaciones se plasmen de una manera objetiva».
No obstante, Gutiérrez agregó que «hasta hoy, lo expuesto por el presidente Kuczynski para levantar los graves cargos que se le imputan es claramente insuficiente».
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, opinó que «el presidente Kuczynski tiene mucha más experiencia que Vizcarra y el pueblo ha votado por él, nos guste o no».
«Él (Kuczynski) fue el elegido y lo ideal sería que termine su mandato», afirmó Benavides y agregó que el impacto de una destitución sería «una inestabilidad que todos vamos a sufrir».
Una eventual destitución de Kuczynski puede retraer la inversión pública y privada, que tenía previsto un alza de entre 7 % y 10 % en 2018, indicó a Efe el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Javier Portocarrero.
El economista dijo que «el peor escenario es que se vaque (destituya) al presidente, asuman los vicepresidentes, no haya un entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, y al final se llegue al cierre del Congreso y a nuevas elecciones», lo cual prolonga el clima de incertidumbre.]]>

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