La Asamblea Nacional aprobó hoy una normativa para regular la administración del dinero del Estado bloqueado en otros países. Esos recursos recuperados entran en el llamado "Fondo de Liberación" y se estima empezar a invertir 80 millones de dólares con ayuda de la OEA
El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves una ley para regular los recursos que el país tiene en el extranjero bloqueados, debido a las sanciones que pesan sobre el Gobierno y que se agrupan en un fondo especial que -aseguró la oposición- servirá para la «liberación» de la nación caribeña.
La herramienta jurídica fue aprobada hoy en una sesión telemática por la mayoría de los diputados que reconocen a Juan Guaidó como jefe del Parlamento, en vez de al disidente opositor Luis Parra, que asegura controlar la Cámara con el apoyo de la bancada oficialista.
«Los activos venezolanos en el exterior son propiedad del pueblo venezolano. No podemos permitir que sigan siendo robados por una cúpula corrupta, ni utilizados para financiar la represión», dijo el legislador Luis Silva en referencia al Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro.
No se conoció de inmediato cuántos de los 165 diputados del Parlamento votaron a favor de la ley ni las primeras impresiones de Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela.
De acuerdo con un borrador de la ley facilitado hoy por el equipo de Guaidó, la herramienta permitirá «regular la ejecución y el control de gastos» de recursos congelados en cuentas en el extranjero.
Además, permitirá la contratación de empresas que ayuden a la Administración de Guaidó a ejecutar pagos que salgan del llamado Fondo de Liberación, como una bonificación que prometió hace varios meses a los trabajadores sanitarios de Venezuela.
«No es suficiente recuperar los activos, sino reglamentar el uso de esos activos, por lo que es esencial reducir la discrecionalidad de los funcionarios encargados de administrar esos activos. Esta ley obliga a rendir cuenta, exige honestidad y transparencia en los manejos de los recursos», agregó Silva al respecto.
Entre los primeros gastos que se procesarán, por valor total de 80 millones de dólares, hay varios proyectos para la «defensa de la democracia», «lucha contra la censura», la atención social de casos relacionados con la COVID-19 y la crisis que atraviesa Venezuela.
El Parlamento informó en una nota de prensa que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ayudará a ejecutar la ley, puesto que se hacía necesario su «aval» por estar congelados por este ente los recursos.
De igual manera, la Organización de Estados Americanos (OEA) ayudará a procesar los recursos en vista de las «dificultades técnicas» y «el importante ahorro económico» que Venezuela tendrá con su aporte.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría opositora, reconoció este jueves a Leopoldo López como único líder del partido Voluntad Popular (VP), luego de que la Justicia interviniera la formación política, y pidió a Naciones Unidas (ONU) proteger a dirigentes y militantes de esa formación.
La Asamblea Nacional también reconoció este jueves a Leopoldo López como único líder del partido Voluntad Popular (VP), luego de que la Justicia interviniera la formación política, y pidió a Naciones Unidas (ONU) proteger a dirigentes y militantes de esa formación.
Al término de un debate virtual sobre la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los diputados aprobaron una declaración en la que denuncian la «flagrante violación de los derechos civiles y políticos» por parte de la Alta Corte, a la que tachan de «ilegítima».
Asimismo, exhortan a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a «ratificar su rechazo a la persecución en contra de las organizaciones políticas venezolanas» y «solicitan medidas de protección en beneficio de su dirigencia y militancia».
La diputada Nora Bracho aseguró que esperan la inclusión de «la expropiación arbitraria de los partidos políticos democráticos por parte de la dictadura» en la próxima actualización del informe sobre Venezuela que realiza el despacho de Bachelet, y que en ediciones anteriores ha sido crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, la legisladora Larissa González denunció que, con esta «sentencia írrita», el Ejecutivo «pretende arrebatar las riendas (de la formación) para ser entregada a una junta ‘ad hoc’ que responde a intereses de la dictadura».
Esto, dijo, tiene como objetivo construir una «pseudooposición a la medida de las necesidades del régimen».
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