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Opositores documentan crímenes de guerra en el estado Apure

El ex fiscal Zair Mundaray y el ex diputado Walter Márquez narran testimonios recogidos entre personas desplazadas por el conflicto entre de la Fuerza Armada Venezolana y guerrilleros colombianos de la Farc, establecidos en el el estado Apure. Según testigos, hubo desapariciones forzosas, ejecuciones, allanamientos, destrozos a la propiedad, persecución y hostigamiento a civiles. Los casos están siendo documentados para presentarlos ante la ONU.

Opositores documentan crímenes de guerra en el estado Apure

Después que el pasado 21 de marzo diera comienzo el conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que encabeza el guerrillero Gentil Duarte, los opositores Mundaray y Guanipa se movilizaron hasta Arauca y Arauquita para documentar los hechos y llevar las denuncias a organismo internacionales.

Estas localidades del departamento colombiano de Arauca recibieron a centenares de familias venezolanas y colombianas desplazadas por el conflicto focalizado en el sur de Apure, una zona remota donde los grupos guerrilleros han operado impunemente y llegaron a establecer bases ahora atacadas por los militares chavistas.

La realidad humana de la frontera entre Venezuela y Colombia es desconocida por quienes están lejos de esa línea imaginaria que divide los dos países. Incluso los que gobiernan desde miles de kilómetros de distancia y llevan mucho tiempo mandando ignoran lo que ocurre en esta conflictiva zona ahora llamó la atención internacional por los enfrentamientos entre guerrilleros de izquierda y la Fuerza Armada chavista.

Familias binacionales

Zair Mundaray, quien fuera director de Actuación Procesal de la fiscalía venezolana hasta 2017, ahora trabaja con el embajador designado por Juan Guaidó en Bogotá, Tomás Guanipa.

Mundaray comentó que los venezolanos y colombianos viven de un lado o del otro de la frontera. Los que tienen cédula venezolana tienen familia en Colombia, y los colombianos tienen familia en Venezuela. Nadie es de aquí o de allá. Se definen como llaneros, observa el ex fiscal.

Los discursos también hieren

“Eso fue muy difícil de comprender por los organismos de seguridad de Maduro, porque hubo una arremetida contra los civiles producto del discurso anticolombiano que Maduro viene desarrollando. Yo entrevisté a colombianos que tienen viviendo 35 años en Venezuela, todos los hijos venezolanos, todos los nietos venezolanos. Las personas van y vienen a través del río, ahí no hay ningún control. Vas y visitas a un primo y te devuelves”, comentó Mundaray.

En efecto, sólo 20 metros separan a un lado del otro. Las lanchas cruzan el río Arauca todo el día y la población civil se moviliza en un solo espacio. “Van a la farmacia, cruzan el río, compran y se devuelven”.

De lo que pudo escuchar de los más de 5.000 venezolanos que se vieron forzados a huir hacia Colombia debido a las hostilidades, es que la mayoría no reconoce la presencia guerrillera en la zona. Sin embargo, otros que trabajan en campos más profundos, más internados en la llanura o selva, sí mencionaron la existencia de guerrilleros en el lugar.

“Una señora me comentó que miembros de la guerrilla le había advertido que la FAN iba a bombardear ese lugar en las próximas horas, los alertó para que se fueran. Ellos hicieron caso, se fueron y efectivamente bombardearon el lugar sin tomar en cuenta a los civiles que habitan en esos campos”, relató Mundaray.

Los comandos de élite

Estas acciones militares con la Aviación trajeron consecuencias a la población civil, según la narración de estos venezolanos, que se vieran afectadas sus casas, sus cultivos, y rebaños de animales.

Después de los bombardeos, los militares ejecutaron allanamientos sin ningún tipo de orden judicial. Las habitantes de La Victoria y El Ripial reconocen qué grupos los hicieron: CONAS (Comando Antiextorsión y Secuestro, de la Guardia Nacional), FAES (La Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, grupo de exterminio, acusada hasta ante la ONU de centenares de ejecuciones extrajudiciales) y unidades ordinarias de la Guardia Nacional.

El exfiscal dijo en entrevista remota con El Estímulo que las personas relataban lo sucedido con asombro, porque los funcionarios se metían en las casas a robar.

“La gente me contó que en camiones montaban todo, buscaban desde televisores hasta relojes, cadenas, cualquier cosa devolar. Los amenazaban con señalarlos como guerrilleros, y a los que tenían papeles colombianos los agredían”.

Civiles en manos militares

Mundaray cita su conversación con una maestra sobre dos muchachos que se llevaron presos: ella le contó que les dio clases a estos campesinos que se habían y dio fe de que no eran ningunos guerrilleros. Los llevaron a tribunales militares en Guasdualito, sur de Apure.

“Hable con una señora que me contó que una tanqueta de las FAES, aparentemente se quedó sin frenos y le destrozó la casa. Fueron a reclamar y la respuesta fue que estaban en guerra y en guerra no se paga nada».

«También hablé con un señor colombiano que tiene toda su familia en Venezuela, 32 años viviendo en La Victoria y le saquearon la casa. Me dijo: ‘yo no quiero que me indemnicen, solo quiero que me dejen trabajar’. El señor tiene un conuco con siembra y unos animales que cría. Los militares le dijeron que como era colombiano no tenía derecho a nada y le pidieron que se fuera a Colombia o lo metían preso como guerrillero”, comentó Mundaray.

Mundaray recoge el testimonio de un ciudadano colombiano que tenía 32 años viviendo en Apure. Denuncia que fue desalojado por los militares venezolanos.

Esta persona narraba lo que le ocurrió del lado venezolano y se agarraba la cabeza en medio del desespero, narró Mundaray. “Y ahora que voy a hacer, yo vivo allá (Venezuela), aquí yo no tengo nada, que voy a hacer para sobrevivir”, dijo el desplazado, citado por Mundaray.

A las puertas de la ONU

El abogado venezolano indicó que todos los testimonios que pudo documentar en Arauca y Arauquita, en territorio colombiano, los van a entregar a la Misión de Determinación de Hecho, de Naciones Unidas, que lleva el caso de Venezuela.

Para Mundaray, la FAN pareciera haber perdido capacidad de inteligencia para identificar y diferenciar a factores negativos de la población civil desarmada.

“Lo que hicieron fue arremeter contra la gente que no tienen nada que ver con la guerrilla, están acostumbrados a atropellar a aquel que no tienen forma de hacerle resistencia, entonces lo que hicieron fue golpear, robar, allanar, arremeter contra gente inocente. No hubo enfrentamientos, cuando la FAN llegó ya los guerrilleros se habían ido, los guerrilleros sabían que iban a hacer una incursión, entonces lo que les quedó fue agredir a los civiles”, dijo Mundaray vía telefónica.

Campamento de refugiados venezolanos en el lado colombiano de la frontera, en el departamento de Arauca, que según autoridades colombianas recibió a unas 5.000 personas, algunos ya retornados a Apure.

Pero no sólo la población civil cruzó a territorio colombiano en medio del conflicto, Mundaray pudo conversar con militares que desertaron para no cumplir órdenes de agredir a los pobladores apureños.

“Unos de los soldados me comentó que cruzó el río porque los estaban obligando a allanar, a meter gente presa. Dijo, que había personas que uno sabe que son parte del pueblo y que no tienen ningún tipo de vínculos con grupos criminales ni han cometido delitos”.

Este soldado dijo que fue hasta su comando, dejó su arma, salió, se quitó el uniforme, se vistió de civil y cruzó el río.

Nombres para la OFAC

Mundaray tienen algunos nombres de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, -nombres que declinó revelar-, que están plenamente identificados como los principales responsables de delitos de lesa humanidad que serán incluidos en la información que entregarán a la ONU.

También remitirán esos nombres a Estados Unidos, para que sean incluidos en las listas de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que ha sancionado a decenas de protagonistas civiles y militares del régimen chavista que gobierna en Venezuela).

Para el abogado Mundaray, residenciado en Bogotá, el problema que se le presenta a los desplazados es cómo reconstruyen su vida si todo lo dejaron en Venezuela. Muchos quieren volver, pero tienen temor por lo que les pueda hacer la FAN, mientras que los que son colombianos aseguran que no regresarán.

“Tengo particular preocupación por el discurso anticolombiano que envía Maduro a sus fuerzas criminales, porque todos me reportaron haber sido objeto de señalamientos: eres colombiano, eres guerrillero, eres invasor fuera de aquí, recoge tu mierda y vete de aquí, es decir violencia verbal y violencia física contra los colombianos de manera especial”.

La familia asesinada

Indicó que también pudo recabar datos sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Según Mundaray hay personas que no aparecen y no figuran como detenidos, “no saben de ellos”. Sobre la familia que mataron en El Ripial, manifestó que estuvo preguntado y todos coincidieron en que “su único pecado había sido tener documentación colombiana y al parecer la FAN cuando le vio los papeles los ejecutaron”, afirmó.

Cerca de La Victoria existe un caserío llamado “La Osa”, según Mundaray, de este caserío sacaron a todos los habitantes. El que era colombiano “lo corrieron y el que era venezolano los señalaban de tener vínculos con grupos guerrilleros, por lo que el caserío quedó prácticamente vacío y todos cruzaron el río hacia Colombia.

“No vuelvan a ocupar estas casas, no les pertenecen”, les decían los militares a los habitantes del caserío La Osa.

“Una historia que me impactó fue la de una señora que huyó con su máquina de coser, fue lo único que pudo salvar, cruzando el río de noche. Es gente tan trabajadora que, en el refugio del lado colombiano, puso un pequeño aviso que decía que se agarraban ruedos y se cose ropa, y ahí estaba con su maquinita echándole pichón”, narró Mundaray.

Una máquina de coser, única pertenencia salvada por una señora desplazada por la violencia y los excesos de la Fuerza Armada contra civiles.

La población venezolana de La Victoria y la colombiana de Arauquita apenas están separadas por el río Arauca. El territorio es un «tercer país» con una histórica interacción familiar y comercial entre ambos lados.

Hasta a los indígenas los corrieron

“Conversé con un indígena y me contó que los militares los corrieron de la zona. Es una etnia que toda la vida vivió en las orillas de ese río, son tierras ancestrales, y tuvieron que huir por la violencia de los militares venezolanos, disparando al aire y golpeándolos. Tienen desaparecidos en su comunidad, gente que se llevaron detenidas y no aparecen, temen que los hayan matado”, dijo Mundaray.

El ex fiscal Mundaray recoge testimonios de uno de los pobladores desplazados de zona de La Victoria, en Apure.

Otra visita y la misma visión

Por su parte, el exdiputado por el estado Táchira, Walter Márquez, quien también se fue hasta la población de Arauca y Arauquita, y conversó con los venezolanos desplazados, manifestó que certificó que hay personas desaparecidas.

Sobr5e la familia Ramírez Remolina, testigos vieron cómo se los llevaron detenidos y luego aparecieron muertos el 25 de marzo en El Ripial.

“Hay un quinto fallecido de esa masacre, Julio César Jiménez Millán, un hombre que sirvió en la Fuerza Armada y que ahora trabajaba como panadero y en una quesera en La Victoria. Los otros cuatro ejecutados eran agricultores. En principio no había claridad en quien había cometido las ejecuciones, pero los testimonios indican que fue las FAES”, describió Márquez.

Que alguien me diga si ha visto a mi hijo

Comentó que la madre de Jiménez Millán se trasladó a Guasdualito desde el Zulia para visitar a su hijo porque le habían informado que estaba detenido, y cuando llegó se consiguió con la “sorpresa” de que lo habían ejecutado.

“Ante la noticia de que a su hijo lo habían asesinado, la mujer se sentó en la acera, bajo la lluvia llorando, y unos vecinos del lugar la vieron y le preguntaron que le ocurría. Cuando ella les contó, las personas impactadas la ayudaron, le dieron alojamiento y comida y se comunicaron conmigo”, explicó Walter Márquez.

Fue un viacrucis la búsqueda de su hijo. Cuando llegó a la guarnición militar donde supuestamente tenían a su hijo detenido, allí le dijeron que no estaba. Entonces fue hasta la Defensoría del Pueblo y de allí la remitieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde le mostraron una seria de registros fotográficos de personas fallecidas en combate. En una de las fotos reconoció a su hijo. Al solicitar el cadáver, le dijeron que ya lo habían enterrado.

Según Márquez, pareciera que hay más desaparecidos, porque el régimen habló en su momento de nueve fallecidos, pero, solo nos enteramos de cinco cadáveres que se pudieron apreciar en reportes por las redes sociales.

Donde están los desaparecidos

“¿Y los otros cuatro cuerpos dónde están? ¿Quiénes son?”, se preguntó Walter Márquez.

“Más que violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, a mi juicio hubo crímenes de guerra, porque, aunque no hubo una guerra se llevó a cabo una confrontación armada entre la FAN y las fuerzas irregulares de la FARC. Entonces, ahí actuó la Aviación con bombardeos indiscriminados, no selectivos, ahí se activaron lanchas rápidas artilladas en el curso internacional del río Arauca, hubo grupos de artillerías y también participaron batallones de soldados de infantería y las FAES. Entonces, ahí se violaron los acuerdos de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977 sobre el derecho internacional humanitario o el derechos de los conflictos armados o derecho de guerra, todo lo que ocurrió en Apure está enmarcado como crimen de guerra”, aseguró el exlegislador.

En La victoria y las poblaciones aledañas, se llevó a cabo un saqueo masivo de casas y terrenos de campesinos, ni los templos cristianos y católicos se salvaron, fueron allanados y saqueados.

“De hecho, el sacerdote de La Victoria tuvo que huir a Colombia después que comenzara el conflicto. Demasiadas detenciones arbitrarias, muchos se encuentran en Guasdualito. Ahí hubo prácticamente tierra arrasada en algunos lugares donde acabaron con cultivos y animales”, dijo Walter Márquez.

El ex diputado venezolano Walter Márquez cruza el río Arauca en un bongo, para recoger testimonios de los desplazados por las operaciones militares tras los primeros ataques de los guerrilleros colombianos.

 

 

Asesinatos de militares confirman viejas denuncias sobre guerrilleros en Venezuela

El ataque que cobró la vida a tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dejó al menos a 10 heridos en el estado Amazonas, sur Venezuela, ratifica la presencia impune de estos grupos irregulares en la zona fronteriza. Estas incursiones han venido siendo documentadas y denunciadas por la población y por organizaciones pro defensa de los derechos humanos, entre ellas FundaRedes, ante instituciones del gobierno nacional (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público) ante instancias internacionales. Pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna.