«Exhortamos a la MUD a mantenerse en la mesa (iniciada el 30 de octubre) hasta tanto se terminen de discutir las liberaciones de presos acusados en sospechosas causas judiciales», expresaron los detenidos en un comunicado.
La solicitud se produce luego de que el pasado miércoles la oposición pusiera en duda su participación en la tercera ronda de conversaciones, prevista para el próximo martes, en medio de acusaciones mutuas con el gobierno sobre incumplimiento de lo pactado.
La negociación -que busca superar la crisis política y económica venezolana- es auspiciada por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Ante la posibilidad de que se suspenda el diálogo, los 36 «presos políticos» que permanecen en la sede del servicio de inteligencia (Sebin), en Caracas, denunciaron que las partes ignoran a los detenidos que no pertenecen a partidos políticos.
«Observamos con preocupación que después de que se liberaron personas relacionadas con ciertas organizaciones partidistas, se anuncie una posible interrupción de las conversaciones», indicaron.
El comunicado se refiere a las liberaciones de opositores como el diputado Rosmit Mantilla (Voluntad Popular), Alejandro Puglia (Acción Democrática) o Carlos Melo (Avanzada Progresista).
«Pedimos a la Iglesia (…) y al enviado especial de la Santa Sede (Claudio María Celli) llevar a las partes en conflicto a mantenerse en la mesa», agrega el texto.
Entre los firmantes, están Rolando Guevara, Otoniel Guevara, Víctor Hugas, Rick Huerta, Leocenis García y Vasco Da Costa.
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense entrega a individuos sometidos a juicio, como producto de una negociación política. El caso de Alex Saab, sin embargo, tiene matices con respecto a sus antecedentes.
Según Joe Biden el compromiso era liberar a 20 presos políticos venezolanos en la operación de canje que devolvió al colombiano Alex Saab a Caracas. De momento, la lista tiene algunas lagunas
Provea denuncia la injusta detención del defensor de los Derechos Humanos, profesor y director de FundaRedes, Javier Tarazona. "Evidencia el hostigamiento y persecución del Estado contra quienes defienden derechos humanos en Venezuela", señala.
