La imagen es inolvidable: un hombre encapuchado sostenía dentro de un helicóptero una pancarta que decía “Art. 350 Libertad”. La aeronave volaba sobre el Tribunal Supremo de Justicia, a donde segundos antes su tripulación había arrojado dos granadas, un una suerte de alzamiento en el que sus hombres se declaraban “nacionalistas, patriotas e institucionalistas”.
La voz y rostro de la acción: Óscar Pérez. El piloto del helicóptero fue quien lideró aquel hecho ocurrido el 27 de junio de 2017, un movimiento que despertó el escepticismo de muchos en el país en medio de una serie de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro que se tradujeron en represión y muerte.
Los días pasaban y el funcionario del CICPC ganaba más espacio en las redes sociales, por donde llamaba a la oposición a salir para “desarticular estas bandas militares y así devolver la paz al pueblo de Bolívar”.
Aquel caso no dejó heridos, pero dio inicio a una persecución contra el efectivo.
Ernesto Villegas, para ese momento ministro de Comunicación, vinculó a Pérez con Miguel Rodríguez Torres, otrora ministro de Justicia, hombre de confianza del chavismo y hoy detenido por ellos mismos tras expresar su desacuerdo contra el mandatario en 2018.
Un día después del accionar del elemento de la Brigada de Acciones Especiales, Néstor Reverol, representante de la cartera de Interior, Justicia y Paz, emitió una alerta roja de Interpol para dar con su captura, algo que no se concretó sino casi siete meses después en un fuerte y polémico ataque de las fuerzas del Estados contra el funcionario y su equipo.
Pérez no salió del país, apareció en manifestaciones y gradualmente fue apartando la opinión de quienes asumieron una falsa dinámica por parte de un hombre que había incursionado en el cine nacional.
Su alzamiento no despertó mayor actividad en las entrañas de las Fuerzas Armadas y eso lo llevó a buscar refugio en rincones impenetrables. Hasta el 15 de enero.
Ese lunes a primera hora, las Fuerzas de Acciones Especiales arremetieron contra el efectivo, quien se encontraba ubicado en El Junquito, desde donde había asegurado que se entregaría a los cuerpos de seguridad; no obstante, el operativo se desarrolló de manera violenta y terminó con la caída del que, al menos por unos meses, mostró el desequilibrio interno dentro del aparato de seguridad de los organismos del Estado.
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