La directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aseguró que en Venezuela el derecho al acceso a la información pública es inexistente: “No hay institución de los poderes públicos nacionales donde la opacidad no sea la política oficial”.
Es por esto que solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión realizar un informe sobre Venezuela.
Junto a representantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, participó en el periodo N° 156 de sesiones de audiencias de la CIDH sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en el país.
La ONG ha publicado los resultados de seguimiento en un informe presentado a la Comisión. Allí se analizan en detalle las dos causas principales que limitan el goce y ejercicio del derecho a la información pública. El texto expone“un marco legal restrictivo y tendencias jurisprudenciales que lejos de resguardar el derecho obstaculizan su ejercicio”.
De Freitas dio a conocer el resultado de un estudio realizado por Transparencia Venezuela en 2014, donde se detectó que de 475 instrumentos jurídicos de diverso tipo adoptados entre 1999 y 2014. 60 contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. Asimismo explicó en su intervención que “decisiones judiciales donde los venezolanos lejos de encontrar respuesta a las solicitudes, encuentran nuevos obstáculos, las acciones de amparo son inadmisibles con argumentos que los pedidos de información atentan contra la eficacia y la eficiencia de la administración pública”.
Un caso emblemático que formuló la directora de la ONG en su discurso fue la demanda contra el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, por incumplir su obligación de las variables macroeconómicas del país. No ha publicado datos oficiales sobre la inflación, la escasez, Producto Interno Bruto, balance de pago, etc. El 4 de agosto de 2015, la Sala Político Administrativa lo declaró inadmisible alegando que Transparencia Venezuela no acompañó ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para solicitar el cumplimiento.
Durante su participación, el representante del gobierno venezolano, William Castillo, reconoció que “ciertamente hay debilidades que hay que atender». A lo que el comisionado Felipe González, le recordó que:
“El Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias».
González, quien es además Relator para Venezuela y Estados Unidos, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión en el país. De igual forma, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, manifestó: “Hemos estado en 15 países sin ningún tipo de problema. Por eso, solicitamos visitar Venezuela a la mayor brevedad, para que cese el clima de polarización”.
La exclusión de Yoris suscitó fuertes críticas no solo de Estados Unidos, sino también de Colombia y Brasil, considerados aliados de Maduro
"Venezuela denuncia, una vez más, el accionar obediente y mercenario de la CIDH en nuestra región, comportándose como vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos", indica un comunicado divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, en la red social X, antes Twitter
La CIDH expresó que el Gobierno de Maduro más bien debería considerar tomar medidas para reconstruir el estado de derecho y la democracia
