Venezuela

Piden medida humanitaria para iraní detenido en Sebin

La abogada del iraní detenido desde hace año y medio en la sede del Sebin El Helicoide, Mohammad Reza, denunció que la policía política del país desacata la decisión de tribunales venezolanos.

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Foto: Andrea Hernández

La representante legal de Reza, Yisel Soarez, introdujo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una denuncia sobre irregularidades en cuanto al proceso judicial culminado de su defendido, quien lleva un año y medio recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoid. Esto sin que, hasta la fecha, el organismo acepte su traslado a un centro de reclusión penal, según una nota de prensa Solidaridad.

Soarez destacó en un comunicado que Reza padece cáncer terminal en los riñones y que, de conformidad con el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) puede optar por un beneficio procesal. “La situación de enfermedad amerita una medida humanitaria. No entiendo por qué el Sebin se niega a trasladar al ciudadano Mohamed a las experticias medico forenses que debe hacerle y remitir a la juez Primero de Ejecución los resultados de una evaluación médica” subrayó.

La abogada manifestó que su defendido fue acusado de porte ilícito de armas y ocultamiento, ilícito legal y que ya fue castigado por las leyes con pena de cinco años. Sin embargo, el centro de reclusión debe ser regido por los tribunales, donde existe el personal idóneo para que informe a la juez la situación de enfermedad que presenta su defendido. La patología que padece cada día avanza más.

Agregó que el tribunal a cargo de la jueza Catalina Farasole ha agotado todas las vías para que este ciudadano cumpla condena dentro de un sitio de reclusión penitenciaria:

“El sitio establecido por las leyes no es el Sebin, él debe ser recluido en cualquier sitio que a bien considere la Juez, pero en el Sebín omiten, desacatan y burlan la decisión de los tribunales”.

Reza es un ciudadano iraní nacionalizado venezolano. Cometió un ilícito legal sancionado por la legislación venezolana. “Fue mal asesorado en cuanto a las figuras procesales contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, admitiendo hechos que, con una buena defensa, se podía demostrar cuál era la situación real de ese ilícito que perseguía el Ministerio Público” explicó.

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