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Politóloga María José González: "Nueva providencia contra las ONG viola el derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria"

La presidenta de la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana y directora de Caritas Los Teques advierte que la nueva resolución del gobierno de Nicolás Maduro "revictimiza a las víctimas"

Politóloga María José González: "Nueva providencia contra las ONG viola el derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria"

La providencia administrativa 001-2021 publicada por el gobierno de Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial Nro. 42.098 con fecha del 30 de marzo, obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a suministrar información al Estado sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de exigirle una lista de las personas que resultan beneficiadas con sus programas sociales.

A través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se dictó la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que obliga no solo a las organizaciones sociales con personalidad jurídica, sino también a las personas naturales.

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Sobre esta providencia da su opinión la hermana María José González, politóloga, laica consagrada, presidenta de la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (Avessoc) y directora de Caritas Los Teques.

María José González. Foto cortesía Vicaría de Medios de Arquidiócesis de Caracas

Todo es control

– ¿De qué manera esta providencia constituye un acto de control y criminalización de las ONG?

No solamente lo consideramos nosotros, me refiero a Avessoc o Caritas, sino que todas las organizaciones de la sociedad civil han manifestado un rechazo rotundo. Exigimos a gobierno nacional la derogación de la nueva providencia administrativa, por considerarla un cerco a la sociedad civil en Venezuela. Esto significa mayores controles. Ya existe en el país una normativa suficientemente amplia que regula el funcionamiento de las ONG. Existe un marco legal que nos señala la ruta a seguir y que tiene controles previamente establecidos que estamos obligados a cumplir.

Pero debemos destacar que esta acción no es nueva. Desde hace bastante tiempo se llevan a cabo acciones de control intimidatorias por parte del gobierno nacional, en contra de las organizaciones civiles. Estas van en contra del derecho que tenemos los ciudadanos de asociarnos, de la confidencialidad, de la participación.

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Aproximadamente desde 2012, cuando se dictó la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en su artículo 9 quedó establecida la obligatoriedad de las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro de rendir cuenta a los organismos de controles.

Grillete a las ONG

– ¿De qué manera estas acciones limitan el trabajo social de las organizaciones sociales?

Desde la emisión de la Ley, comenzó un proceso de limitaciones variadas. Por ejemplo, no se hace diferencia entre organizaciones que reciben cooperación o financiamiento nacional o internacional de aquellas que sustentan con sus propios recursos. Consideramos que esta providencia es inconstitucional, pues es producto de una campaña permanente de intimidación, y estigmatización de las ONG, y de cualquier tipo de organización civil. Es parte de un mecanismo de comprimir, cada vez más a los ciudadanos, hasta que no quede ningún margen de participación.

providencia contra ONG

Cada vez hay más obstáculos que impiden que las organizaciones, que trabajamos de frente con la acción social, nos podamos registrar o actualicemos nuestra juntas directivas. Por ejemplo, organizaciones sociales que profesamos fe, como las que están asociadas a la Iglesia Católica, debemos también estar registradas en la Dirección de Cultos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y la demora en la respuesta para obtener el número de registro obstaculiza que podamos registrarnos en la demás instancias. Eso termina agotando a la gente y limitando la capacidad de recibir las donaciones, por no tener la legalidad mínima que exigen algunos entes benefactores.

Ya se han dado casos de detenciones arbitrarias, en contra de miembros de algunas organizaciones civiles como es el caso de Azul Positivo. Y otra acción reciente ocurrió a finales del año pasado cuando la Sudeban ordenó a la banca vigilar las operaciones financieras de las ONG.

De esta manera se han ejecutado un serie de acciones que, poco a poco, han ido llevando a ejercer más controles sobre las acciones que ejercemos las organizaciones civiles para ayudar a la gente en medio de esta crisis tan compleja.

Limitar la ayuda

– ¿Cuál es la posición de las organizaciones que usted representa?

Nuestra posición no es en contra de las regulaciones, ni que no queramos registros. Sino que la providencia administrativa 001-2021 es violatoria de los Derechos Humanos y atenta contra la sociedad civil y a su derecho a recibir cooperación, a su derecho a organizarse, a su derecho a participar.

Pero lo más grave es que es violatoria del derecho a la confidencialidad. No solamente nos exige suministrar información sobre los recursos que recibimos, que ya damos cuenta de ello. La nueva normativa nos demanda a las ONG, organizaciones sociales sin fines de lucro, fundaciones y personas naturales, que entreguemos un listado donde se identifiquen a las personas beneficiadas de nuestros programas sociales.

Nos quieren obligar a dar nombres de todas las familias que ayudamos con una bolsa de comida como en el caso de Caritas por ejemplo, o de dar listados de personas que atendemos, que son pacientes con VIH como lo hace Avessoc, o de las personas que ayudamos a través del Fondo Solidario para la Salud.

providencia contra ONG

Además, limita la acción caritativa de las personas. Por ejemplo, en el caso de personas naturales que desean hacer donativos a nuestras organizaciones u obras sociales de forma anónima.

– ¿Quiénes serían los más afectados por estas regulaciones arbitrarias?

Evidentemente, los beneficiarios de nuestro programas sociales. Por ejemplo desde Avessoc apoyamos, a través de distintos programas de salud, a miles de personas vulnerables que en medio de esta crisis no pueden atenderse medicamente por ser de escasos recursos. Pero también a todas aquellas personas que acuden a cualquier centro de salud que estén afiliados a nuestra organización. Que, de una u otra manera, reciben atención médica a bajo costo o de forma gratuita. Obviamente también afecta a los beneficiarios de Caritas y de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en beneficio de la gente, de las víctimas de violación de DD.HH.

¿En ilegalidad?

– Según esa providencia, el plazo de registro caducó el 30 de abril. ¿Eso significa que a partir de esa fecha las organizaciones que no se hayan registrado estarían incurriendo en un marco de ilegalidad?

En el caso de esta providencia, sí. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones civiles que por objeto de ley estamos obligados a ese registro, hemos manifestado de forma pública, no solo a nivel nacional sino también internacional, nuestro rechazo y derogación de esta resolución. Porque es absolutamente inconstitucional y violatoria de las leyes vigentes.

La medida coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos. Viola el derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria que constituye un principio humanitario fundamental que asiste a todo ciudadano en todo país.

Este tipo de regulación viola el derecho a la presunción de inocencia, pues, desde el estado se está viendo a todas las organizaciones como sospechosas de cometer actos de terrorismo o de ilegalidad.

Razones ocultas

– ¿Desde su opinión, que considera que podría estar detrás de este tipo de acciones del Estado?

Considero que se busca criminalizar cualquier acción de ayuda humanitaria. Se busca ejercer más controles de parte del gobierno hacia quienes ejercemos actividades de ayuda directa a personas vulnerables.

No debemos olvidar que, en medio de la crisis tan compleja que vive el país agravado por el hecho de la pandemia de covid-19, se incrementó la demanda de acciones de asistencia humanitaria. Por eso seguimos insistiendo en la derogación de esta providencia que traería más calamidad a la que ya estamos viviendo en el contexto actual.

providencia contra ONG

– ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo las organizaciones que usted representa para lograr la derogación de la resolución?

En primer lugar estamos formando a nuestra gente, a los trabajadores de las organizaciones afiliadas a Avessoc y a los pacientes de nuestros centros de salud. Queremos que cada uno comprenda cómo le afectarían este tipo de controles que se quieren ejercer desde el estado. Qué derechos humanos le violan con estas acciones normativas.

En segundo lugar, estamos estableciendo cada vez más alianzas con otras organizaciones, movimientos sociales, organismos sin fines de lucro, ONG y fundaciones que se ven afectadas por esta providencia para seguir ejerciendo presión de forma conjunta y seguir informando a toda la población.

Apoyo solidario

«También estamos apoyándonos en otras organizaciones de la región que han pasado por estos mismos deseos de control férreo del estado. Buscamos conocer cómo lo enfrentaron y aprender de su experiencia. Esto nos ha permitido articularnos para que, como sociedad civil organizada, nos hagamos más fuertes si actuamos de forma conjunta.

Por último, documentamos todo lo que sucede. Porque, para poder ejercer alguna acción legal debemos contar con un registro minucioso de las acciones que consideramos violatorias de acuerdo al marco legal vigente.

Actualmente, no podemos delegar nuestra representación. Es decir, no hay organizaciones de tal o cual tendencia que está reunida con el gobierno. Sino que cada organización, cada movimiento tiene su propia autonomía y capacidad de ejercer su propia representación. La articulación nos permite entender que no es momento para decir sálvese quien pueda. Ahora todos debemos actuar por mantener todos los espacios de acción posibles».

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