¿Por qué Venezuela está a punto de perder el Esequibo?

Nicolás Maduro llegó inesperadamente a la Presidencia de Venezuela en 2013 con una experiencia importante de 6 años y medio como canciller. Solo Pedro Itriago Chacín, el canciller de Juan Vicente Gómez y de Eleazar López Contreras, le superó en tiempo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores: casi 15 años. Pero el oficio acumulado en la política exterior venezolana no impidió la amenaza latente de que la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo concluya con un mazazo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en una fría sala de La Haya.

Mientras Maduro estuvo en la Cancillería siguió los lineamientos dictados por el presidente Hugo Chávez, orientados a un acercamiento con el gobierno y el pueblo guyanés y esequibano y a la desmilitarización de la reclamación. La primera visita de Chávez a Georgetown, en el año 2004, serviría para sentar las bases de la estrategia: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, dijo Chávez en ese entonces.

La declaración, que para algunos analistas solo pretendía complacer a las naciones del Caribe en su afán de contar con respaldo político en la Organización de Estados Americanos, fue interpretada por el gobierno guyanés de la época como una carta abierta para iniciar la explotación del territorio con capital trasnacional.

En una reveladora entrevista, Darío Morandy explicó a Clímax que durante el tiempo que estuvo frente a la embajada venezolana en Guyana (desde febrero de 2007 hasta agosto 2012) envió al entonces canciller Maduro al menos 15 informes “que no fueron tomados en cuenta” alertando de la movida guyanesa y en la que advertía que “Guyana está tratando de cerrarle a Venezuela su salida oceánica al Atlántico”.

Con este background, Maduro llegó a Miraflores en abril de 2013 y le tocó empezar a dirigir la política exterior. La gestión que inició sobre el caso del Esequibo, la enfocó en mantener el proceso de buenos oficios entre los dos países, a pesar del comprobado fracaso de este abordaje.

El buen oficiante

Los buenos oficios consisten en designar de mutuo acuerdo a una persona para tratar de acercar a las partes en disputa a una solución negociada. La decisión sobre la acogida de ese mecanismo fue referida y aceptada por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1983, luego de nombrar a Diego Cordovez como su representante personal para el caso. La decisión se tomó en consulta con los gobiernos de Venezuela y Guyana, y se designó como el primer “buen oficiante” al granadino Alister McIntyre, el 11 de noviembre de 1989.

Este es solo uno de los medios de resolución de controversias estipulado en la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por la entonces Guyana Inglesa y Venezuela, para intentar zanjar de forma definitiva, amistosa y “satisfactoria para las partes” la controversia originada en la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de París de 1899, que fijó los límites entre ambas naciones, era “nulo e írrito”.

Si Venezuela hubiera querido mantener la controversia en el plano bilateral, en vez de aferrarse a un mecanismo con el que no se había avanzado en nada y que cumplía 24 años de implementación en 2013, pudo haber propuesto otro de los medios previstos en la Carta de las Naciones Unidas, como la mediación.

Pero el gobierno de Guyana no veía del todo mal el proceso de buenos oficios, ya que la relación con Hugo Chávez había sido satisfactoria en el plano político y económico y le permitía, entre otras cosas, a sus productores vender arroz a Venezuela y obtener petróleo barato y a crédito. Aspiraban a que Maduro siguiera la misma línea de su padre político.

El cambio guyanés

Lo ocurrido el 17 de mayo de 2015 en el Palacio Presidencial en Georgetown evidenció la intención guyanesa. El presidente guyanés David Granger, en su primer día de funciones, recibió a los embajadores de países clave para su política exterior. La embajadora venezolana Reina Arratia fue de las privilegiadas. Al terminar el encuentro Granger ratificó la línea: mantener el proceso de buenos oficios que “forma parte del menú de las medidas previstas por la Carta de las Naciones Unidas y es muy importante para ambos países”.

Además resaltó: “Como ustedes saben, Venezuela es un importante vecino, por los términos de Petrocaribe, la importancia económica de Petrocaribe, así como otras dimensiones estratégicas de las relaciones de Guyana–Venezuela”.

Dos meses después, Granger cambió de opinión y decidió abandonar el proceso de buenos oficios y llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasó allí?

La razón para el intempestivo cambio guyanés tiene fecha: el 27 de junio de 2015. Ese día, Nicolás Maduro aprobó en Gaceta Oficial el decreto 1787 que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular.

Y la letra de ese decreto no fue bien recibida en Guyana. El texto incluía en una de sus áreas las coordenadas correspondientes a la proyección marítima del territorio Esequibo, y también las de Georgetown y parte de Surinam, donde Venezuela nunca ha tenido aspiraciones territoriales.

Aunque una semana después el decreto fue sustituido por el 1859 donde se hicieron correcciones con las coordenadas y se recordó que el área del Esequibo está sometido a un proceso de reclamo territorial, el daño a las relaciones binacionales ya estaba hecho. Porque el “detalle” del decreto hay que sumarlo a las constantes declaraciones contra el gobierno guyanés y la trasnacional Exxon Mobil.

Así, el presidente David Granger dio el siguiente paso: acudió a la Corte Internacional de Justicia.

La razón del controversial y fallido decreto solo se puede encontrar en la dinámica política interna del momento. 2015 era un año clave para Nicolás Maduro, pues debía enfrentarse en los comicios parlamentarios a una oposición bien articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras la inflación y la escasez de bienes de primera necesidad aumentaban.

El tema “Esequibo” fue entonces incorporado como issue de campaña en lo que parecía un intento de deslegitimar a la oposición y de cohesionar a sus seguidores, incluidas las Fuerzas Armadas, que habían jugado un papel clave para mantenerlo en el poder tras la rebelión popular de 2014 denominada “La Salida”.

Pero el Gobierno guyanés entendió que no podía seguir soportando los vaivenes de la política venezolana.

“Guyana, incluso cuando se acerca el 50 aniversario de su independencia el próximo año, todavía carga con un mono en la espalda. Ese mono es la carga insoportable de una reclamación opresiva y desagradable sobre nuestra tierra y nuestras aguas», dijo Granger en julio de 2015 en su discurso en la ceremonia de apertura de la 36 cumbre de Caricom.

Y Guyana decidió zafarse del “mono”, estimulada por las posibilidades de explotar –junto a Exxon Mobil- el petróleo del espacio marítimo aun no delimitado.
En ese contexto se generaron dos importantes impasses en la fachada atlántica de Venezuela, como se denomina al espacio marítimo que se proyecta desde el Delta venezolano hacia el Océano Atlántico.

El primero fue la interceptación y detención, el 10 de octubre de 2013, por una nave patrullera de la Armada venezolana del buque de investigación petrolera Teknik Perdana de bandera panameña, contratado por la empresa Anadarko por autorización de Guyana para realizar labores de prospección en el denominado bloque Roraima.

Y en segundo lugar, la interceptación, el 22 de diciembre de 2018, de dos buques de exploración sísmica contratados por la trasnacional Exxon Mobil: el Ramfor de bandera de Bahamas y el Delta Monarch, con bandera de Trinidad.

Ambos episodios originaron señalamientos entre los dos países y la insólita injerencia de los gobiernos integrantes del Grupo de Lima, que aseguraron a través de un comunicado que las embarcaciones contratadas por Exxon Mobil estaban en la zona económica exclusiva de Guyana.

No fueron los únicos momentos de tensión. Exxon Mobil hizo el primer descubrimiento petrolero para la explotación en la zona en 2015 y comenzó la producción a finales de 2019 en el campo Liza, ubicado en el denominado bloque Stabroek. En octubre pasado la petrolera estadounidense anunció que invertirá 9.000 millones de dólares en otro campo llamado Payara en el mismo bloque, que permitirá a la compañía producir 220.000 barriles de petróleo por día en 2024. Pero el bloque Stabroek está entre la proyección del Delta venezolano y el área martítima frente a la zona en reclamación.

Inicia el proceso judicial

A finales de 2016 al mecanismo de buenos oficios le surgió fecha de expiración. El viernes 16 de diciembre a través de un comunicado de la ONU, se publicó una declaración “atribuible al portavoz del Secretario General”, sobre la controversia entre Guyana y Venezuela, en la que se anuncia que el proceso “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación”.

En el comunicado dice: “También ha llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá a la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.

Ban Ki-moon designó entonces a Dag Nylander, exmediador noruego en el proceso de paz colombiano, como su representante personal para intentar acercar las posiciones durante 2017.

El artículo VI del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la entonces Guyana Británica, estipula que si los medios escogidos entre las partes no conducen a una solución de la controversia, el Secretario General de las Naciones Unidas, puede escoger “otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados”.

Los medios de controversia planteados en la Carta de las Naciones Unidas son: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos.

La palabra clave en el artículo del Acuerdo de Ginebra citado es “sucesivamente”. Esto indica que se irían descartando uno a uno todos los medios, siendo el arreglo judicial -que implica dejar la decisión fuera del contexto bilateral- la última alternativa. Esa era la opinión de muchos expertos venezolanos en el tema.

Durante 2017 Venezuela hizo reiterados llamados al gobierno guyanés para volver al mecanismo de buenos oficios, pero la decisión ya estaba tomada.

Ese año lo aprovechó Georgetown para preparar sus alegatos ante la Corte y contrató los servicios de dos importantes expertos en la materia. Uno de ellos es Payam Akhavan, un abogado de nacionalidad iraní-canadiense, profesor de la Universidad de McGill en Montreal y doctor en derecho internacional de la Universidad de Harvard. Actuó como abogado en casos ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Supremos de Canadá y Estados Unidos. También contrató los servicios de Shridath Surendranath “Sonny” Ramphall, un guyanés, que fue el segundo secretario general de la Commonwealth de 1975 a 1990, se desempeñó como canciller de Guyana entre 1972 a 1975 y como subprocurador General De la Federación de Indias Occidentales de 1958 a 1962. Un amplio conocedor del tema Essequibo.

El 30 de enero de 2018 ya se había vencido el plazo concedido al mecanismo. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres -que sustituyó en su cargo a Ban Ki-moon- decidió enviar la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

“Ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión de que no se ha alcanzado progreso significativo», dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Ese mismo día, Venezuela rechazó por escrito dirimir la reclamación del Esequibo en la CIJ, y señaló que la medida “sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia” y aseguró que el Secretario General de la ONU, excedió sus competencias.

El caso fue recibido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya a petición de Guyana el 29 de marzo de 2018, para revisar “la validez legal y el efecto vinculante del Laudo con respecto al límite entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, del 3 de octubre de 1899”.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez entregó al presidente de la instancia judicial internacional una carta de Nicolás Maduro en la que declaró que «no hay fundamento para la jurisdicción de la Corte” y que “la República Bolivariana de Venezuela no participará en los procedimientos”.

Muy cerca de perder

La Corte decidió que antes de centrarse en el fondo del asunto (la legalidad del Laudo Arbitral) debía resolver lo relativo a su competencia para tomar la decisión. El viernes 18 de diciembre de 2020 la CIJ emitió su fallo: por 12 votos a favor y 4 en contra, se declaró competente. Basó su dictamen, fundamentalmente, en el visto bueno que dieron las partes al Secretario General de la ONU en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para que seleccionara el método de resolución de la controversia.

Algunos expertos como Héctor Faúndez, habían recomendado públicamente que Venezuela participara en el debate en La Haya para defender sus argumentos sobre la no competencia de la Corte Internacional. Sin embargo, la Cancillería de Maduro prefirió enviar solo un memorando y esperar los resultados.

En la instancia actual, Venezuela podría hacerse parte del proceso. El fallecido general retirado y abogado Oscar García Márquez, ex miembro del Consejo Nacional de Fronteras, explicó en su libro “La venezolanidad del Esequibo”, algunos de los elementos que respaldarían los argumentos para dejar sin efecto el Laudo parisino: Nulidad ab-origene porque la voluntad de Venezuela para el juicio se logró por coacción, excesos de poder del Tribunal, corrupción de alguno de sus miembros, falta de motivación de la sentencia, no se tomó en cuenta las reglas aplicables del derecho, serían algunos de esos alegatos.

En un comunicado publicado este 13 de enero, la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales exhortó “a quienes ejercen el poder político en Venezuela” a “ejercer responsablemente la tutela de los derechos” del país ante la CIJ. Añadió que “Venezuela debe participar activamente en el proceso –así sea bajo protesta- para desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten para fundamentar y probar la invalidez e injusticia del Laudo Arbitral”. Para esto la Academia llama a que “se convoque a los mejores expertos nacionales e internacionales para formar el mejor equipo de defensa”.

Pero el asunto no es solo un tema jurídico. La realidad es que la mayoría de las fronteras del mundo han sido selladas producto de arbitrariedades por parte de las naciones más poderosas, por lo que la nulidad del Laudo Arbitral puede suponer la reapertura de múltiples procesos que tomen este caso como jurisprudencia, por lo que luce cuesta arriba una decisión favorable al Estado venezolano.

La otra alternativa es que Venezuela mantenga su posición de que la Corte Internacional no es competente, entonces Guyana sí mostrará sus alegatos ante el Tribunal y la sentencia estaría cantada a su favor, que contaría con el reconocimiento pleno de la comunidad internacional y aunque Venezuela mantenga en su discurso la inexistencia del fallo, la realidad es que Guyana tendría posesión del territorio, respaldado por el Laudo y por una sentencia confirmatoria de la CIJ.

Así de cerca estamos de perder el Esequibo.