World Jurist Association, una asociación mundial de juristas, emitió un documento respaldado por más de mil firmas donde exponen criterios del derecho internacional para concluir que las legislativas del 6 de diciembre, organizadas por Maduro, son ilegítimas. Respaldan la continuidad de la actual Asamblea Nacional (Congreso) presidida por Juan Guaidó, hasta tanto haya elecciones libres en Venezuela.
Las elecciones legislativas que lleva a cabo este domingo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela carecen de validez legal, afirmó este viernes una declaración de la Asociación Mundial de Juristas, en la que analiza el caso y respalda que la actual Asamblea (Congreso) siga su mandato junto con su presidente, Juan Guaidó, hasta tanto haya elecciones libres.
La votación no reflejará la «inequívoca y clara expresión voluntaria de la mayoría de los venezolanos», por lo que «se trata simplemente de una ficción carente de consecuencias jurídicas válidas», señaló Juan Carlos Gutiérrez, representante de la World Jurist Association, en el acto de presentación del documento en Madrid, citado por la agencia AFP.
El texto, firmado por más de mil juristas de 40 países según la asociación, señala que «ante la ausencia (…) de las garantías políticas y jurídicas (…) estimamos que tales elecciones son inválidas y rechazamos, por ello, su celebración».
«La legítima transferencia de poder no debería ocurrir, ya que el proceso electoral que se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2020, bajo el derecho internacional, no reúne las condiciones de una elección libre y justa», concluyen.
La Asociación Mundial de Juristas (AMJ), fundada en 1963 es un foro «libre y abierto» en el que jueces, abogados, profesores de derecho y otros profesionales de todo el mundo trabajan en cooperación para fortalecer y ampliar el estado de derecho y sus instituciones en todas las naciones del mundo, define la propia organización no gubernamental.
«Por un mundo regido por el derecho, no por la fuerza», es su consigna.
La Asociación es reconocida como entidad consultiva especial por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Trabaja estrechamente con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales «para fomentar un diálogo cooperativo sobre la paz mundial».
El documento recoge una serie de condiciones electorales que NO están presentes en las elecciones de este domingo, donde casi la totalidad de los candidatos en pugna son del oficialismo, simpatizantes, o aliados circunstanciales por razones de interés político y de negocios, según reiteradas denuncias desde varios frentes.
Estas son algunas condiciones necesarias para que un proceso de sufragio pueda considerarse válido:
a. El reconocimiento y la protección de los candidatos en su seguridad personal y patrimonial.
b. El derecho de toda persona y de todo partido político a la protección de la ley y de sus derechos políticos y electorales.
c. La aprobación de normas claras para la determinación de los requisitos para el ejercicio de dicho derecho de sufragio activo, cuidando que su aplicación se efectúe sin discriminación de ningún tipo.
d. El establecimiento de un procedimiento electoral eficaz e imparcial.
e. La garantía de acceso a la formación y el libre funcionamiento de los partidos políticos, reglamentando su financiación, asegurando la separación de los partidos del propio Estado y
estableciendo condiciones equitativas de competencia en las elecciones legislativas.
a. El establecimiento de una Administración neutra e imparcial encargada del proceso electoral.
b. La garantía de la inscripción de los electores, de la actualización de las listas electorales y del procedimiento de sufragio, con la asistencia, en su caso, de observadores nacionales e internacionales.
c. La garantía de que los partidos políticos, los candidatos y los medios informativos adopten y respeten un código de conducta que rija la campaña electoral y el escrutinio de votos.
3) El respeto y garantía de los Derechos Humanos de quienes se encuentren en el territorio del Estado y sometidos a su jurisdicción es una condición imprescindible en todo proceso electoral democrático.
a. El respeto a la libertad de asociación, movimiento, reunión y expresión en el contexto de las manifestaciones y reuniones políticas.
b. La garantía de que los partidos y candidatos tengan libertad para comunicar sus opiniones los electores, y que gocen de oportunidades razonables de acceso a los medios informativos oficiales y de servicio público.
c. La adopción de las medidas necesarias para garantizar una cobertura imparcial de la campaña en los medios informativos oficiales y de servicio público.
«A partir de los datos constatados y ante la ausencia, en las próximas elecciones venezolanas, de las garantías políticas y jurídicas ya expuestas, necesarias para que unas elecciones puedan considerarse libres y democráticas, estimamos que tales elecciones son inválidas y rechazamos, por ello, su celebración. Por lo tanto, la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para garantiza la protección de los Derechos Humanos en el país», concluye el documento de esta entidad privada.
«La preservación del mandato de la Asamblea Nacional de Venezuela es una importante herramienta para avanzar en las políticas orientadas a procurar la solución negociada de la crisis venezolana a través de elecciones», dice la declaración.
La World Jurist Association pide que «la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela» se preserve más allá del 5 de enero cuando vence su período, para «garantizar la protección de los derechos humanos en el país».
La Asamblea (Congreso) fue ganada abrumadoramente por la oposición en 2015. Pero ese triunfo fue desconocido por el chavismo, que terminó despojando al parlamento de sus poderes legislativos y de control sobre el ejecutivo.
A través de una serie de jugadas el régimen de Maduro terminó transfiriendo el poder del legislativo al también chavista Tribunal Supremo de Justicia, y a una Asamblea Constituyente electa al margen de la constitución y cuyos más de 500 diputados también son chavistas.
«A través del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —reorganizado y controlado por Nicolás Maduro desde 2016— se eliminaron las condiciones de competitividad electoral existentes
en Venezuela», señala al respecto al documento de los juristas.
«En especial, el Tribunal Supremo de Justicia, en violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral y les
permitió modificar a su arbitrio las Leyes electorales. De igual forma, este tribunal designó a los directivos de los principales partidos políticos de oposición, contraviniendo los procesos internos de dichos partidos», recuenta el informe.
En la práctica, Maduro gobierno por decretos y «leyes constitucionales» a través de la constituyente que tampoco es reconocida por la comunidad internacional.
Fue ese organismo el que convocó las elecciones del domingo. Además los partidos políticos opositores fueron expropiados a sus dirigentes legítimos y entregados a políticos asalariados afectos al chavismo, muchos dirigentes y diputados están bajo0 persecución judicial y el régimen alteró las condiciones electorales sin cumplir con los procesos legales.
«Cuando no se celebran elecciones para la renovación de los cargos de elección popular y dichos mandatos vencen, se genera un vacío de poder que afecta el funcionamiento de las
instituciones constitucionales. Frente a tal situación, y como solución excepcional desde la perspectiva del Derecho Constitucional, los funcionarios en cargos de elección popular deben
preservar su mandato hasta que sean sustituidos por funcionarios electos en elecciones libres y justas», señala el documento de la Asociación Mundial de Juristas.
«Tales principios deberían aplicarse en Venezuela a partir del 5 de enero de 2021, con lo cual, la legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015 debe mantener la titularidad de iure de la función legislativa más allá del 5 de enero de 2021, hasta tanto se celebren elecciones libres y justas», agrega. Observa que esa solución se enmarca en el artículo 333 de la Constitución de Venezuela, que permite adoptar decisiones extraordinarias en caso de ruptura del orden constitucional.
Desde Caracas, Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por medio centenar de países, agradeció este «respaldo contundente a la legalidad, el respeto a la Constitución y al imperio de la justicia».
«Hoy los venezolanos estamos pidiendo elecciones libres, y el próximo domingo va a haber un fraude electoral», indicó en el acto Leopoldo López, líder opositor venezolano desde su exilio en Madrid.
Sortear las sanciones estadounidenses, que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019, constituye el foco del discurso oficialista durante esta campaña. Otra promesa popular en la base es la de castigar a "terroristas" y "traidores", entre a quienes incluyen al líder opositor Juan Guaidó
Un camino largo, con múltiples salidas y que puede durar años en transitarlo, supone el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar la represión ocurrida en Venezuela el años pasado.
