Preguntas y respuestas sobre la demanda a Maduro en La Haya

El reloj comenzó a ir más rápido para Maduro el 8 de febrero cuando una abogada gambiana de 57 años de edad y con una trayectoria judicial conocida por buscar a criminales de guerra en el mundo puso en la mira internacional a la represión en Venezuela durante las protestas antigubernamentales del 2017. Fatou Bensouda es su nombre y es la actual fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), ese día anunció el inicio de una investigación preliminar a Venezuela. Esto es un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal, por la ola de protestas que dejó más de 130 muertos entre abril y julio pasado. Lo hizo atendiendo a denuncias contra militares, policías, grupos parapoliciales (colectivos) y altos funcionarios del chavismo involucrados en violaciones de derechos humanos.

“El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo.

Cuatro meses después, el 31 de mayo de este año el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro hizo lo propio y solicitó a la CPI, como individual y no representante de la organización regional, la apertura de una investigación formal contra el gobierno de Maduro e instó a países firmantes del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte, que introdujeran una demanda al mandatario venezolano y su gobierno frente al ente penal. De nuevo, el tiempo le jugó en contra a Maduro.

Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Canadá, Costa Rica y Perú optaron por demandar a Venezuela tomando como base un informe de la OEA en donde se recogen supuestos episodios de represión contra la oposición venezolana desde la elección de Maduro como presidente en 2013. Una demanda conjunta de países firmantes del Estatuto de Roma es algo inédito en los 17 años de historia de la corte y activaría su artículo 14 en donde se permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países.

Néstor Popolizio, canciller peruano, precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima que lidera Perú sino de países del Cono Sur firmantes del Estatuto de Roma y aseguró que esta demanda aceleraría los tiempos de investigación porque a razón de ella, la CPI se saltaría el proceso de una investigación preliminar a Venezuela para entrar de lleno en una formal que podría terminar en un posterior juicio y condena a Nicolás Maduro.

Una jugada que podría tomar el mandatario para intentar sumar tiempo sería anunciar la salida de Venezuela del Estatuto de Roma, pero el resultado no sería inmediato ni prescribiría las investigaciones. El Estímulo contactó al analista internacional Daniel Merchán para que precisara las consecuencias de esta demanda.

– ¿Se puede esperar que Venezuela pida la salida Estatuto de Roma?

No sería extraño que lo hiciera dada la conducta de la Cancillería. Pero la denuncia o salida del estatuto no tienen efecto inmediato y por tanto, no prescribe la investigación. Hasta ahora, no había precedente de investigaciones por cometer crímenes de lesa humanidad a un presidente en funciones pero sí de ex mandatarios como fue el caso del expresidente de Liberia, Charles Taylor.

– Hay dos eventos sin precedentes que acompañan esta demanda: la hicieron países firmantes del Estatuto de Roma y además es hacia un presidente que sigue en funciones, ¿qué pudiese significar esto para Maduro?

Es una situación comprometedora tanto para él y para el equipo que gobierna porque si efectivamente se demuestra culpabilidad en crímenes de lesa humanidad iniciaría un juicio en donde Maduro tendría que tener un equipo de defensa que alegue y muestre su inocencia en los casos de los que se le acusa. Si ese equipo falla en demostrar esa inocencia, se daría una sentencia y orden de captura internacional a otros estados y cuando deje de tener su investidura de presidente y su inmunidad, podría ser capturado.

Mientras siga en el poder, quedaría de parte de cada país llevar adelante la captura o no pero por ejemplo, los países del Grupo de Lima probablemente la acatarían. Por otro lado, Maduro se restringiría de viajar tanto como lo hace o solo iría a países aliados y eso como consecuencia, nos aislaría más como país a nivel internacional porque sería vincular a la cabeza del estado con crímenes de lesa humanidad.

– ¿Venezuela podría hacer una contrademanda contra los países demandantes?

Sí, pero para eso necesitaría tener pruebas y testimonios. No solamente puede acusar a los países sino que tiene que demostrar que esas acusaciones son ciertas y por el momento, ninguno de esos países tiene elementos suficientes como para dar inicio a una investigación en su contra. Todos los ojos están puestos es en Venezuela.

– ¿Cuánto tiempo tardará el proceso?

Bueno, no es un proceso corto. Si la demanda iniciara hoy mismo y se empieza directamente la investigación formal, los resultados no se tendrían este mismo año porque lo que pasaría es un juicio en donde Maduro necesitaría un equipo de defensa que fuese al tribunal y se tendrían que escuchar los alegatos. Los resultados se tendrían para el 2019.