La fiscal general Luisa Ortega Díaz señaló este miércoles que se deben hacer "correcciones" en el contenido de la resolución publicada por el Ministerio de la Defensa que permite a las Fuerzas Armadas el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.
«Yo creo que a esa resolución hay que hacerle correcciones, además rectificar es de sabios, yo no veo problema en que se le hagan algunas correcciones, esa es la opción de la fiscal», dijo Ortega Díaz durante una entrevista en el canal Globovisión.
La resolución 8610 aprobada en gaceta oficial el pasado 29 de enero regula la actuación de la FAN en el control de manifestaciones y protestas y la autoriza, cuando la situación lo requiera, a emplear el «método del uso de la fuerza potencialmente mortal» durante las manifestaciones.
El texto ha sido criticado por partidos políticos, activistas de derechos humanos y estudiantes que, desde su publicación, han solicitado su nulidad ante el Tribunal Supremo venezolano, al considerar que es inconstitucional el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.
La fiscal, que señaló que el funcionario policial o militar «debe de permanecer estoico» y preparado frente a los insultos, resaltó también la importancia de que los cuerpos de seguridad actúen sin armas de fuego en el control de manifestaciones en respeto a los derechos fundamentales.
«La política del Estado venezolano es una política de respeto a los derechos humanos, aquí en nuestra constitución está proscrita la violación a los derechos humanos», añadió.
Las criticas contra la norma se incrementaron luego de la muerte durante una protesta de un adolescente de 14 años por un disparo hecho supuestamente por un policía que fue detenido el mismo día e imputado.
La Fiscalía volvió a golpear al equipo de trabajo de María Corina Machado. Este miércoles fueron detenidos Henry Alviárez y Dignora Hernández, y se anunció otro lote de órdenes de captura que incluye a su jefa de campaña
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
El Fiscal informó por redes sociales que Rocío San Miguel habría sido imputada por los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración. Fue presentada en tribunales sin contar con sus abogados defensores
