Aun eliminando los protectorados impuestos sobre gobernaciones y alcaldías, la nueva Ley de Comunas proveerá al gobierno de un instrumento que le permitirá gobernar por encima de los mandatarios regionales electos
Cuando el pasado 28 de junio Nicolás Maduro anunció que la figura del “protectorado” sería eliminada a partir de las próximas elecciones regionales de noviembre, pocos lo celebraron como un indicio de retorno a la democracia. Por el contrario, el anuncio recordó la cantidad y variedad de organismos paralelos creados desde los tiempos de Hugo Chávez hasta la actualidad para quitarle poder y recursos a los organismos cuyos representantes son, según la Constitución vigente, electos por el voto democrático. Ha sido una fórmula para gobernar, aun sin apoyo electoral.
La historia de este largo drama que desconoce la voluntad popular y la fuerza del voto secreto y universal, se podría remontar hasta aquellos primeros días cuando, a un año de haber asumido la Presidencia de la República, el primero de febrero del año 2000, Hugo Chávez cerró la Asamblea Nacional electa en 1999 que contaba con una nutrida representación de todos los sectores políticos.
La sustituyó por una Comisión Legislativa a la que se le dio el nombre de “Congresillo”, la cual dio paso a la Asamblea Constituyente que con mayoría absoluta de figuras del chavismo redactó la nueva “Constitución Bolivariana”. De allí en adelante los nuevos poderes del país solo estarían representados por figuras alineadas a la nueva ideología, con una mínima representación del sector democrático sin poder de decisión.
Esta práctica se estableció como norma en organismos de elección popular y se aplicó especialmente en alcaldías y gobernaciones en donde a cualquier representante que no fuera del partido oficialista (PSUV) y que llegase a triunfar en uno de estos procesos electorales, se le asignaba un “protectorado” u organismo paralelo.
Uno de los primeros casos que impactó y aclaró que el juego democrático había llegado a su fin fue el de Antonio Ledezma, quien aun siendo un alto funcionario electo por el voto terminó preso y desde entonces se encuentra en el exilio.
Ledezma ganó la Alcaldía Metropolitana del Distrito Federal en noviembre de 2008 con 52% de los votos; pero de inmediato las funciones más importantes de la alcaldía fueron asignadas a un nuevo organismo creado por decreto presidencial con la figura de un “jefe de Gobierno del Distrito Capital”. Un organismo paralelo al frente del cual designó a la ex ministra y dirigente del PSUV Jaqueline Faría. Este organismo reducía a su mínima expresión las atribuciones constitucionales de la Alcaldía Mayor de Caracas y hasta la dejó sin sede.
En 2013 Antonio Ledezma fue reelecto como alcalde Metropolitano pero la usurpación continuó, esta vez con la designación como “jefe del Gobierno Capital” de Ernesto Villegas, el candidato perdedor por el PSUV en esos comicios.
Otro de los casos emblemáticos que se recuerdan es la usurpación de la gobernación de Miranda en 2013 al opositor Henrique Capriles Radonski apenas entrando Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. El líder chavista y ex ministro en diversas carteras, Elías Jaua fue designado como “protector del estado Miranda” absorbiendo muchas de las funciones gubernamentales a través de Corpomiranda, un organismo creado especialmente para manejar los recursos financieros de la región.
Durante ese primer año de gestión de Maduro se crearon corporaciones similares con el propósito de reforzar el poder central sobre los gobiernos regionales.
A Corpomiranda le asignaron ese año 2014 un presupuesto de 3 mil 375 millones 917 mil 538 bolívares (72 millones de dólares aproximadamente), fue el protectorado que recibió más recursos.
También se designó al ex jugador de béisbol profesional y reguetonero, Antonio “El Potro” Álvarez Cisneros como “protector del municipio Sucre para quitarle las funciones al opositor Carlos Ocariz, quien había ganado las elecciones en ese municipio. Poderopedia registra que “El Potro” a la fecha no ha ganado ninguna elección popular, pero acumula al menos seis cargos en el gobierno de Maduro.
Un “protector” que ha generado numerosos conflictos es el ex ministro Freddy Bernal quien fue asignado a Táchira en enero de 2018, tras el triunfo de la opositora Laidy Gómez.
A este dirigente con una larga trayectoria de cargos públicos, además le han asignado nuevos organismos y cargos creados como “Coordinador de las Zonas Económicas Especiales” (CEE) de los municipios San Antonio y Ureña, estado Táchira y jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
A pesar de los recursos en “petros” asignados por Maduro para “la felicidad” de los ciudadanos que viven bajo este protectorado, Táchira es uno de los estados con más problemas de suministro eléctrico, agua y combustible. Entre las extravagancias de sus decisiones está la prohibición de la venta de café colombiano. Le sigue el cierre de la frontera con Colombia que solo beneficia a quienes manejan el ingreso ilegal por las trochas.
En Táchira, además, hasta el momento no llegan las vacunas contra la covid-19 y tres mil funcionarios de la salud trabajan expuestos al virus. El presupuesto de la gobernación legítima solo alcanza para pagar la nómina, y los comerciantes están permanentemente asediados por grupos irregulares armados, la extorsión de organismos estatales y bandas, y sus productores de alimentos padecen la escasez de gasoil que les limita para trasladar sus productos a los centros urbanos.
Ese es el cuadro en Táchira, un estado que tiene dos gobernadores.
La práctica de los protectores se extendió con Maduro y en el Zulia, tras las elecciones de 2017 en donde triunfó el opositor Juan Pablo Guanipa, fue designado un gobernador provisional dada su negativa de presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, recién creada por el Ejecutivo, a la cual el electo gobernador no reconocía como legítima.
Otros protectorados fueron designados en los estados Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta.
Otro de los hechos más relevantes de la usurpación lo constituyó el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa con mayoría opositora en 2015 hasta la elección de la reciente Asamblea Nacional, ahora integrada por mayoría oficialista.
La Asamblea fue declarada en “desacato” desde los primeros días de ser electa por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) igualmente designado ilegalmente por la anterior asamblea luego de reconocerse que el partido de gobierno había perdido su mayoría parlamentaria.
Durante todo el período de 5 años de la AN legítima, el gobierno legisló por decreto, amparado por el TSJ y más tarde por la Asamblea Constituyente, creada en agosto de 2017 con el propósito de redactar una nueva Constitución que nunca redactó; pero sí legisló y promulgó leyes ilegales durante tres años hasta que fue cerrada el 18 de diciembre de 2020.
En marzo de 2021, la Asamblea Nacional oficialista publicó el “Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales”, mediante la cual se pretende establecerlas como una nueva “entidad política” en la organización territorial de la República como: “instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo” (art. 1).
Una de las características de los protectorados y organismos paralelos es que no cuentan con el aval del voto popular. Así ha sido en toda esta historia de organismos creados por el gobierno socialista.
La nueva Ley de Comunas es el más reciente ejemplo de organismos o instituciones paralelos que pretende imponer el gobierno ante la ausencia de un electorado que respalde su gestión. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional oficialista el 11 de marzo de 2021.
Igualmente, la Ley del Parlamento Comunal fue aprobada “por unanimidad” el 13 de abril de 2021 por esta Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020.
Como lo señala el constitucionalista Allan Brewer Carías en el “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” que regula la Constitución vigente, solo puede haber instancias político-territoriales que sean gobernadas por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto, a través de las cuales se debe concretar la participación ciudadana (arts. 6, 63). En ese marco no puede crearse una entidad política que sea gobernada por “voceros” que no son electos mediante sufragio universal y directo.
Resalta Brewer Carías que para el “gobierno” de la ciudad comunal se crea una amplísima estructura burocrática que se enumera en su artículo 14 y se regula detalladamente en los artículos 15 al 41 en los que se crean diversos organismos como “Parlamento de la Ciudad Comunal; Consejo Ejecutivo de Gobierno; Consejo de Planificación; de Economía; Contraloría; Educación y otros.
“El Proyecto de Ley en esta forma se enmarca en toda la estructura antidemocrática del Estado del Poder Popular, que en este caso de las ciudades comunales busca eliminar al Municipio como entidad política descentralizada, regida por gobernantes electos mediante sufragio universal directo y secreto”.
En su lugar, imponen nuevas entidades “controladas por el Poder central, gobernadas por personas que no son electas mediante sufragio sino designadas por Asambleas de ciudadanos”. Estas Asambleas están bajo control del propio Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso de los Consejos Comunales, y de los órganos de las Comunas, indica.
Uno de los peligros que se esconden detrás de esta ley, como lo explica Brewer Carías, es que igual como estaba planteado en la reforma Constitucional que se quiso imponer en 2007 y fue rechazada en referendo popular, a las ciudades comunales se las calificaba como “células sociales del territorio”. Se las concebía como “la unidad política primaria de la organización territorial nacional” precisamente en sustitución del Municipio. Por ello, en la rechazada reforma constitucional, como ahora en este Proyecto de Ley, se busca establecer en forma expresa que los integrantes de los diversos órganos del Poder Popular no nacieran “del sufragio ni de elección alguna, sino que de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.”
Aunque las comunas no han comenzado a operar, ya en algunas zonas del país los grupos comunitarios que aspiran a manejar el llamado “Parlamento Comunal” comienza a establecer sedes y reunirse para hacer planes para la cogestión con mecanismos muy similares a los implantados en Cuba, donde la representación parte de las comunas alineadas con las políticas gubernamentales.
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