La oposición venezolana protestó ayer con un cacerolazo y otras manifestaciones de calle contra la anunciada instalación de un sistema de captahuellas para la compra de productos, mientras que el dirigente opositor Leopoldo López, preso desde hace seis meses, acudió a juicio sin poder usar sus pruebas.
El cacerolazo fue convocado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para protestar contra el llamado «sistema biométrico» que se instalará en los comercios para “combatir el contrabando”. Así lo destacó la agencia Efe.
Más temprano también se registraron protestas en la calle contra el Gobierno en el este de Caracas, así como en otras ciudades del interior del país.
Asimismo, el VP instó a los miembros de la Policía Nacional (PNB) y de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) a «recordar que los delitos contra los derechos humanos no prescriben» tras difundir imágenes de los oficiales disparando bombas lacrimógenas para contener la manifestación de ayer en la zona de Santa Fe.
López, preso desde el 18 de febrero, está acusado de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos del pasado 12 de febrero en Caracas, que fueron el detonante de las protestas antigubernamentales que se registraron hasta mayo pasado.
El juicio, que comenzó el pasado 23 de julio, tuvo su segundo episodio el pasado 6 de agosto, siguió el 13 de este mismo mes y continuó ayer.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
Gremios de docentes y de otros trabajadores al servicios del Estado demandan la liberación inmediata del profesor Víctor Venegas, preso en Barinas bajo acusaciones de "actividades contra la paz de la República".
En Caracas y en varias ciudades de todo el país los maestros, profesores y personal administrativo adscritos al ministerio de Educación salieron a la calle a manifestar por la firma de su contratación colectiva. Demandan un aumento del salario a $552 mensuales.
