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Provea: 23 personas asesinadas por tortura y terrorismo de Estado

“La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas”, reza el informe anual del Programa Venezolano de Educación (Provea).

Provea: 23 personas asesinadas por tortura y terrorismo de Estado

“La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas”, reza el informe anual del Programa Venezolano de Educación (Provea).

Según la ONG la mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.

La organización se basó para la investigación en monitoreo de prensa y recopilación de denuncias entre los meses de enero y diciembre de 2019. La investigación reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos y 23 personas fallecieron.

En el texto se denuncia el aumento de torturas representa un aumento de 526,60% respecto a las 109 víctimas registradas en 2018.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Ciminalísticas (Cicpc) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) encabezan la lista de organismos del Estado que incurren en estas prácticas violatorias de los derechos humanos.

En el mismo reporte de la organización se señala: “La tortura, como castigo ‘ejemplarizante’, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”.

Una práctica generalizada

“En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos”, indica el informe.

Provea señaló que en el contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional democrática y restauradora de derechos, sino que se afianza en una lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población.

El registro es el más alto en los 31 años de monitoreo del derecho a integridad personal en Venezuela. La cifra más elevada previo a estos 574 casos eran las 185 víctimas registradas en 2014.

Las víctimas

Según Provea la mayoría de los torturados fueron hombres, jóvenes y pobres. En 98,6% (566) de los casos las víctimas eran de género masculino, mientras que en 0,87% (5) fueron de género femenino.  En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género.

La ONG señaló que las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 años de edad y los 60 años de edad. “La mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras”.

La organización documentó que 426 casos de torturas a personas encarceladas, procesadas y condenadas por delitos comunes; 124 casos fueron a militares detenidos en actos “conspirativos” contra Nicolás Maduro; 22 personas fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 víctimas se produjeron en otras circunstancias.

Asimismo, 23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%.

Según el reporte 21 de las muertes registradas, se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías regionales y municipales.

Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Los perpetradores

El Cicpc encabeza la lista de torturadores en Venezuela.

“En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. En 2015 el Cicpc retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo y del descenso de la conflictividad social en el país”, indic.

“Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. En 2017 y 2018, la PNB y la Dgcim, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado”, reza el informe.

El Cicpc cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.

La Dgcim se ubicó en segundo lugar acumulando 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018.

La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.

Otros torturadores

Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos de tortura que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira.

La Guardia Nacional Bolivariana se señala de torturar a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.

Los estados con más víctimas

Por otra parte, en el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas de tortura con 201 personas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Valencia.

Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del Dgcim en Boleíta Norte, en Caracas.

Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del Cicpc en El Tigre.

Subregistros

La opacidad del gobierno, además de las dificultades para el monitoreo, la disminución de prensa independiente y el temor de las víctimas y sus familias para denunciar abusos y tortura indica la posibilidad de un subregistro, por lo que podrían ser muchos más los casos de torturas.

De igual forma la ONG manifestó que ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional.

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2018: el año de la tortura oficial en Venezuela

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