Hasta el momento, la ONG registra cuatro víctimas mortales de las cuales solo se tiene identidad de tres: el Sargento de la Guardia Nacional, Antonio Perera, el indígena de la comunidad de Manakru, Edison Ramón Soto y Jeremy Muñoz, del cual no se informaron más detalles.
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo en su cuenta de Twitter que el ataque en Ikabarú tuvo un saldo de 8 asesinados.
Desde la comunidad de Ikabarú, estado Bolívar confirman asesinato por grupos armados del Sgto mayor GNB Antonio Perera y del indígena de la comunidad de Manakru Edison Ramón Soto. Expresamos nuestras condolencias y exigimos investigación y Justicia #23novpic.twitter.com/VsbohPZhBD
Confirman que Jeremy Muñoz sería la tercera víctima del ataque armado perpetrado el día de ayer en la comunidad de Ikabaru. Nuestras profundas condolencias y petición de Justicia #23Novpic.twitter.com/o3jbeTNJNh
De acuerdo con un informe preliminar ofrecido por Provea, un grupo armado «supuestamente perteneciente al sindicato del Ciego» atacó a la comunidad de Ikabarú, ubicada en la Gran Sabana.
La organización de derechos humanos resaltó el conocimiento por parte de la Guardia Nacional de lo que ocurrió y sin embargo no hicieron presencia para labores de vigilancia y protección en la zona.
«Es importante resaltar como existe tolerancia de estas acciones violentas por parte de los organismos de seguridad del Estado, ya que según testimonios una semana antes de los hechos la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados»
No es la primera vez
La incursión de la banda armada se produjo con el fin de «tomar el control de la zona», en donde se produce la actividad minera.
Esto es una práctica frecuente en los espacios con mineras donde grupos delictivos denominados «sindicatos» se apoderan a través del uso de la violencia e implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal, informó Provea.
Desde 2017, Provea ha acompañado las denuncias del pueblo indígena Pemón en lo que ha sido la incursión de grupos armados, la militarización de sus territorios: «ocasionando la pérdida de sus formas organizativas y de convivencia pacífica ancestral, y cuyo ejercicio antropocultural de la minería indígena artesanal nunca había causado estragos a sus tierras ni muertes».
El 26 de septiembre de 2018, fue asesinado el comandante de la GTP, indígena pemón José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas -a su cargo- de la delincuencia en el municipio Gran Sabana.
Después, el 8 de diciembre de ese año, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizó una incursión armada en el municipio Canaima. En esa operación murió el pemón Charlie Peñaloza Rivas de 21 años. El hecho dejó dos heridos: Carlos Peñaloza Rivas y César Sandoval.
Pemones lograron apresar a tres funcionarios y los retuvieron para días posteriormente los entregaron a las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.
Solicitan investigación
Provea exigió acciones inmediatas para la protección de los pueblos indígenas de la dominación de los grupos armados irregulares.
«Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición», instó Provea en su reporte.
«Alertamos esta forma de colonización y exterminio de culturas ancestrales, de los territorios y sus formas tradicionales de relacionamiento, los asesinatos por acción e inacción estatal y el incumplimiento por parte del Estado venezolano en sus obligaciones en materia de garantía, promoción y protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en Venezuela», sentenció.
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