La noticia de que una ola de violencia y agitación había sacudido al país el día anterior, como expresión popular del rechazo a las medidas económicas anunciadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, fue destacada con grandes titulares en la prensa nacional el martes 28 de febrero de 1989.
Las manifestaciones comenzaron a las 6:00 de la mañana, en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas- Guarenas- Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que habían impuesto los choferes, por encima de lo aprobado por el Gobierno, y decidieron tomar la Avenida Lecuna para protestar el alza arbitraria del pasaje.
El Ejecutivo había acordado que para trasladarse desde Caracas a Guarenas y viceversa, había que cancelar 10 bolívares. Mientras que hasta Guatire, el monto sería de 12 bolívares. Los conductores resolvieron cobrar 16 y 18 bolívares respectivamente, sin aguardar la publicación en la Gaceta Oficial; argumentando que la gasolina había aumentado desde el domingo 26 de febrero y que ellos no podían esperar más.
Con la misma rapidez que se propaga un incendio, la manifestación se extendió de la Avenida Lecuna a la Avenida Bolívar, para luego expandirse hasta Parque Central. A las 2:00 pm tomó la autopista Francisco Fajardo, donde hubo quema de cauchos y fueron atravesados una gandola y un camión; se replicó de manera simultánea en la Avenida Libertador y en la Rómulo Gallegos, para después desencadenar en saqueos que la prensa registró en La Urbina, la Avenida Sucre de Catia, El Silencio, La Hoyada y Nuevo Circo. Los disparos se escucharon a última hora de la tarde. La Policía Metropolitana habría recibido instrucciones de reprimir la manifestación por la fuerza, cuando en buena parte de Caracas (avenidas Bolívar, Fuerzas Armadas, Lecuna y Sucre, así como también en la Plaza O´Leary, La Hoyada, Catia, 23 de Enero, Petare y Chacaíto) ardían las llamas debido a la quema de autobuses.
Los hechos violentos que incluyeron saqueos a supermercados y transporte de alimentos se repitieron con similar magnitud en Guarenas y Los Teques. Así como también en Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Cumaná, Barquisimeto, Valencia y Barinas. Posteriormente la Guardia Nacional salió a la calle para intentar controlar los disturbios, y las garantías constitucionales fueron suspendidas hasta el 5 de marzo.
27 años después de los hechos conocidos como El Caracazo no hay cifras oficiales de los asesinatos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado como represión a las protestas. Tampoco existe un solo responsable que haya sido juzgado por estos hechos.
La crisis económica es superior pero hay miedo
Según la consulta de Percepción y Opiniones sobre la Coyuntura Social, realizada por la encuestadora Datos entre enero y febrero de este año, 90% de los venezolanos compra la mitad o menos de lo que requiere para vivir porque no le alcanza el dinero para sufragar sus necesidades.
El estudio revela que de manera inédita la prioridad del consumidor ya no es lucir bien sino comer. Y que la inseguridad, que es un tema que agobia al país, dejó de ser el principal problema para quedar rezagado tras el alto costo de la vida y el desabastecimiento.
Los especialistas en materia económica no auguran un panorama mejor: caída de las importaciones, déficit fiscal de 24%, deuda externa que puede llegar a los 12 millardos de dólares y compromisos con China que se calculan en 6 millardos de dólares.
¿En este contexto de desabastecimiento de alimentos y medicinas, y del alza constante de los precios, puede temerse la repetición de sucesos similares a los registrados el 27 y 28 de febrero de 1989?
Mariana Bacalao, profesora universitaria e investigadora de Opinión Pública, cree que la crisis que vive hoy Venezuela es mucho más grave que la de hace 27 años, pues abarca todos los núcleos que conforman a la sociedad. Sin embargo, esto no es suficiente motivo para que se registre una explosión social similar a la ocurrida en aquellos días.
“La gente no está loca. Saben que no viven en un contexto democrático y que salir a manifestar puede costarles la vida. Sucesos como el del joven Kluivert Roa (a quien le dispararon el 24 de febrero de 2015 a quemarropa a la altura del cráneo, durante una manifestación estudiantil en San Cristóbal) tienen su efecto”, explica Bacalao.
Además de la represión sin precedentes, que se estaría registrando en el país cuando a diario funcionarios militares aplacan de forma inmediata las pequeñas y genuinas protestas que surgen en supermercados u hospitales; a juicio de la experta el gobierno estaría imponiendo en los ciudadanos una autopercepción de resignación.
“Tienen una obsesión de impedir que la información se divulgue en los medios de comunicación porque lo único que buscan es ganar tiempo para permanecer en el poder. No entienden que su momento ya pasó y que esas maniobras cobran vidas humanas a diario. De allí que busquen posicionar la idea de que la gente está entregada, porque esa sería, en teoría, la clave para permanecer en el poder”, añade.
El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, concuerda con Bacalao en que la crisis actual es, en lo económico, superior a la de 1989. Pero advierte que a pesar de la pérdida de popularidad del jefe de Estado, Nicolás Maduro, el gobierno aún controla todas las instituciones, tiene un sólido respaldo del sector militar y ha logrado mantener a un grupo importante de la población, 41%, conectada con el legado de Hugo Chávez.
A juicio de Luis Vicente León todos los días ocurren en el país manifestaciones del descontento social que se vive en la actualidad, solo que este hecho estaría matizado por tres factores: la metabolización de la protesta (al no ser explosivas te vas acostumbrando a ellas y las naturalizas), el miedo a la represión (todos tienen el recuerdo reciente de los detenidos durante las protestas del año 2014) y el bachaqueo, como camino alterno a la supervivencia.
“Tú puedes estar arrechísimo haciendo tu cola, como la comiquita de Hulk, pero luego recibes una “cajita feliz” y de eso haces un negocio. Más del 61% de la población más pobre, el estrato E, ha manifestado revender, bachaquear. Es decir, hay gente que vive de eso. Hay una economía subterránea que ayuda a estabilizar el sistema social. El problema puede agravarse cuando la situación económica empeore y no haya cómo mantener la “cajita feliz”. En ese momento se pueden sentir abandonados, en crisis, y eso los puede hacer más sensible a la expresión social”, dice León.
El analista es determinante a la hora de explicar que los eventos sociales son muy difíciles de proyectar y tienen un altísimo e irreparable costo para el país y sus ciudadanos: “Soy explícitamente escéptico de las ventajas de cualquier evento radical de cambio, incluso proviniendo de explosiones sociales. De ocurrir, serían anárquicas y nadie las podría capitalizar. Las experiencias indican que la mayoría son inestables, negativas y dejan a los países sumidos en la guerra y el empobrecimiento”.
El único consenso en Venezuela es la impunidad
Liliana Ortega no alza la voz ni pierde su serenidad ni siquiera cuando habla de un tema que la ocupa desde hace 27 años como El Caracazo. Abogada y defensora de las víctimas de los sucesos registrados el 27 y 28 de febrero de 1989 explica con palabras sencillas qué significa el dolor, y cómo se expresa la impunidad en un país acostumbrado a morir de a poco y sin explicaciones. Sin castigo.
“Aura Liscano no ha tenido el derecho de enterrar a su hermano José Miguel. Petra Bello tampoco ha podido hacer lo mismo con su hijo Juan Acacio Mena. Así como Rubí Valbuena, quien sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hijo Roberto Segundo. ¿Cómo una sociedad puede olvidar a estas personas que aún esperan la verdad?”, se pregunta Ortega para quien es inadmisible que los líderes políticos, en general, no hayan aprendido la lección de esos sucesos y nombren con ligereza lo ocurrido sin mirar el peligro de que hechos similares vuelvan a repetirse en Venezuela.
“Pareciera que el único que aprendió es el pueblo, que intenta contenerse y es su propio muro. Quienes hacen apología del Caracazo o lo impulsan, para tener beneficio político, lo que hacen es invisibilizar a las víctimas. Esta no es una fecha para celebrar una gesta social ni nada parecido. Eso fue un luto real: hubo miles de hogares con personas asesinadas, se ametrallaron viviendas y 90% de las víctimas murieron dentro de sus casas, bajo la suspensión de garantías entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 1989. En sus hogares, donde creían estar protegidos”, indica Ortega.
No solo es muy triste que se manipule el número de víctimas con interés político (altos voceros del Estado dicen que hubo hasta 5.000 muertos pero jamás se hizo una investigación seria que publicara sus nombres). Ortega insiste que se trató de una masacre, aunque en términos numéricos no pase de 400 personas: “No hay que multiplicar la cifra de asesinados para llamar la atención sobre los hechos”. También es dramático que se hable de “malandraje” para, a su entender, obviar una vez más la interpretación adecuada y seria de los hechos.
El Estado venezolano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los sucesos del Caracazo, pero no ha habido tribunal alguno que en el país señale responsabilidades penales. No hay culpables y nadie ha sido juzgado por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las torturas que se cometieron, según Ortega.
Para la doctora Ortega las causas que provocaron El Caracazo siguen vigentes e incluso se habrían agravado, por lo cual no se cansa de repetir que es urgente mirarse en ese pasado (ese espejo referencial que termina siendo el hoy), para no repetirlo jamás.
“Tenemos una de las tasas de homicidios más altas del mundo, organismos como Amnistía Internacional han señalado que habría más de seis millones de armas ilegales en el país, hay normativas que son regresivas en cuanto al control de las manifestaciones públicas porque de manera expresa permiten el uso de armas de fuego, persiste la pérdida de credibilidad en el liderazgo político, hay corrupción, impunidad, exclusión, escasez. La frustración sigue vigente, pero el país necesita de acuerdos mínimos. El diálogo debe imponerse. El país lo requiere”, clama.
Ortega concluye con su experiencia personal. Dice haber aprendido de los familiares de las víctimas el tema de la constancia y la defensa de los valores. Y se admira al ver cómo de experiencias trágicas pueden surgir aprendizajes. Hoy, 27 años después, las madres que perdieron a seres queridos durante las protestas dictan charlas y talleres a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: “De la pérdida de seres humanos puede florecer la solidaridad”.
