¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional en sus primeros 6 meses?

Este 5 de julio se cumplió el primer semestre de la instalación de la nueva Asamblea Nacional y si en algo se ha destacado la gestión es que, como Poder que representa al soberano, ha abierto sus puertas al ciudadano.

Han sido numerosas las comparecencias en el hemiciclo de personas afectadas por la crisis nacional, así como cientos los derechos de palabras otorgados en las comisiones y subcomisiones.

El 27 de enero durante la plenaria, no solo los parlamentarios discutían la problemática del acceso a las medicinas y la crisis del sistema de salud en el país sino que Richard Medina, padre de Ricardo Andrés Medina, un niño que falleció de un cáncer de pulmón el 14 de diciembre de 2015 desde la tribuna de oradores lanzó una frase lapidaria:

“Si la muerte de Ricardo Andrés ayuda a que se consolide la unión, mi hijo será el prócer más pequeño de toda Venezuela”. 

Era una participación sin precedentes. En la gestión anterior, de mayoría oficialista, los derechos de palabra se limitaban a las comisiones y subcomisiones, aunque estas no se realizaban con religiosidad. El bloque oficialista ha argumentado que la oposición se aprovecha de la gente para politizar la crisis.

Medina no ha sido el único que sin inmunidad parlamentaria ha expresado sus problemas en el hemiciclo del Palacio Federal.

El 7 de junio los médicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), del estado Mérida que sostuvieron una huelga de hambre por una semana debido a la crisis sanitaria, tuvieron un derecho de palabra durante la sesión ordinaria.

El doctor Cristian Pino denunció que “los pacientes aportan hasta el 80% de los insumos en el centro de salud” y que “enfermarse en Venezuela es sinónimo de muerte”.

También Marianne Ortega, víctima de la represión por parte de la Guardia Nacional durante una protesta por comida a principios de junio en Cariaco (estado Sucre) fue oradora en el Parlamento.

Ortega asistió a la Asamblea el 14 de ese mes para «constatar» la brutal respuesta por parte de los funcionarios de seguridad del Estado que dejó como resultado la muerte de Luis Josmel Fuentes de 21 años de edad.

Llorando y desde la tribuna de oradores mostró una bala. Mirando al bloque oficialista expresó: «Mi casa queda cerca de donde estaba la protesta. La gente se resguardaba allí. He sido golpeada por guardias porque no me dejaban grabar ¿Qué pretendían, que no dejara entrar a gente que afuera sería asesinada?».

El último derecho de palabra concedido por la Asamblea en este primer semestre fue el pasado 30 de junio cuando el diputado Tomás Guanipa propuso una moción de urgencia en la plenaria para que un grupo de trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) denunciara que 200 funcionarios del organismo fueron despedidos por firmar por el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

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Ya a las afueras del hemiciclo, otra persona que ha contribuido a abrir las puertas del Legislativo es Diana D’Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien se encarga de que semanalmente se realicen visitas guiadas por el histórico recinto. Espera que “estudiantes de Venezuela, sin excepción, así como fundaciones, conozcan el museo (el Palacio Federal) que es la casa de todos”.

También en las comisiones y subcomisiones los parlamentarios han recibido a cientos de ciudadanos que llegan los miércoles con sus carpetas y problemas bajo el brazo a la sede administrativa de la Asamblea ubicada en el edificio José María Vargas, mejor conocido como “Pajaritos”, para intentar buscar soluciones junto a los asambleístas.

La Comisión de Administración y Servicios, presidida por el diputado Stalin González, ha recibido en estos primeros seis meses 508 casos entre denuncias y otras solicitudes.

González expresó que hay casos que son peticiones pero la mayoría son denuncias. Algunas porque no llega el servicio de agua a una entidad o hay botes y fugas que no se reparan, pero casi siempre son “denuncias de personas a quienes les asignaron o les dieron viviendas (de programas sociales) y luego los desalojaron”.

La Comisión de Desarrollo Social Integral, presidida por Miguel Pizarro, lleva 118 derechos de palabra y 241 casos trabajados en subcomisiones.

“En la Comisión recibimos día a día las denuncias de los empleados públicos quienes ven como sus empresas colapsan por culpa del gobierno, que además viola sus derechos sindicales. Los trabajadores de Imparques (Instituto Nacional de Parques) y de Dianca (Diques y Astilleros Nacionales, Compañía Anónima), principal astillero del país, trabajan en condiciones terribles; los trabajadores de la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) son botados de sus puestos porque las líneas de producción están detenidas; los sindicatos de Corpoelec sufren persecución y denuncian que la Planta Centro se encuentra parada”, expresó Pizarro.

Miguel Pizarro

El 29 de junio fue recibido en esa comisión parte del personal médico del Hospital de Niños J.M. de los Ríos para denunciar la crisis sanitaria en el centro de salud y las deficiencias en el área de comida para los pacientes. Ese mismo día se presentaron representantes de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) con quienes se habló de las condiciones del trabajo y del salario.

Por su parte, la Comisión de Medios también ha atendido a más de 30 casos, entre los que destacan denuncias de los medios impresos que han cerrado por falta de papel, como es el caso del Correo del Caroní, la no renovación de concesiones a canales como Globovisión y Venevisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como el derecho de palabra a un grupo de periodistas que fue agredido y robado por colectivos armados cuando cubrían una protesta en la Avenida Fuerzas Armadas.

Lucha de instituciones

Además de ser el poder que representa al pueblo, la Asamblea tiene como función legislar. En cuanto a la segunda, lo seis primero meses han sido una carrera de largo aliento para el Parlamento que insiste en continuar ejerciendo su función legisladora a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha frenado las siete leyes sancionadas hasta ahora.

La nueva Asamblea no se detiene. Ha cuadruplicado en sus primeros seis meses lo que hizo la gestión anterior durante su último año, aunque todo el trabajo continúa estancado en su último y principal obstáculo: el Poder Judicial. A diferencia de este primer semestre de 2016, en todo 2015 el oficialismo aprobó dos normas: la “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan para la Garantía Reforzada de los Derechos de Soberanía y Protección del Pueblo Venezolano y el Orden Constitucional de la República” (sancionada el 15 de marzo de 2015) y la Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y Administración de Emergencias de Carácter Civil (sancionada el 8 de junio del mismo año pero nunca promulgada).

Siete Leyes sancionadas pero sin efecto

  1. Ley de Reforma del Decreto N.° 2.179 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela (sancionada el 3 de marzo).
  2. La segunda fue la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional (sancionada el 29 de marzo).
  3. Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados (sancionada el 30 marzo).
  4. Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (sancionada el 13 de abril).
  5. Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud (sancionada el 3 mayo).
  6. Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (sancionada el 7 de abril).
  7. Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, primera norma sancionada en segunda discusión por unanimidad el 14 de junio. Debido a que el bloque oficialista también votó a su favor, debería tener el visto bueno del mandatario y se convertiría en la primera norma que supera el obstáculo del Poder Judicial.

Sentencias que impiden al Parlamento funcionar como poder autónomo

El Judicial se ha convertido en la principal piedra de tranca de la Asamblea. El 12 de diciembre (en la Sentencia 260), la Sala Electoral suspendió las proclamaciones de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas.

A pesar de que durante la primera sesión ordinaria realizada el 6 de enero, la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) juramentó a sus dos diputados de Amazonas, Nirma Guarulla y Julio Ygarza, y a su representante indígena de la Región Sur, Romel Guzamana, el 11 de enero la Sala Constitucional ordenó la desincorporación de los tres legisladores. Esta medida le quitaba la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea.

El 14 de enero, La Sala Constitucional ratificó las decisiones de la Sala Electoral sobre los diputados de Amazonas. La elección quedaba anulada. Esta sería la tercera acción de 17 que el TSJ tomaría en contra del Poder Legislativo.

Seis días más tarde, la Sala Constitucional declaró como constitucional el Decreto Número 2.184 de Emergencia Económica presentado por el presidente Nicolás Maduro a pesar de no haber sido aprobado por la Asamblea. Entre las razones que alegó la oposición para rechazarlo destacó la sostenida por el presidente de la Comisión de Finanzas, José Guerra, quien cuestionó su artículo 4 al afirmar que sería un instrumento del Ejecutivo para “implementar un corralito en bolívares”.

El 11 de febrero La Sala Constitucional ratificó el decreto y puso “en vigencia” la Emergencia Económica.

Otro de los golpes bajos del TSJ a la Asamblea fue el 1 de marzo de 2016, cuando aquel limitó las facultades contraloras de esta. Sería la novena decisión que en menos de tres meses dictaba el Tribunal contra el Legislativo.

La sentencia desaplica los artículos contenidos en la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos ante el Poder Legislativo, así como del Reglamento Interior y de Debates de la AN, para “evitar entorpecer el normal funcionamiento de los Poderes Públicos” y controlar la asistencia de ministros al Hemiciclo.

El 17 de marzo la Sala Constitucional prorrogó el Decreto de Emergencia Económica luego de que se cumpliera el lapso establecido por la Constitución debido a que Maduro determinó que la medida especial necesitaba más tiempo. La prórroga, que fue rechazada por la AN, fue aprobada en la sentencia 184.

Días más tarde, el 29 del mismo mes, la Sala Constitucional decidió que la Asamblea no podría revocar las designaciones de los “magistrados exprés” ocurridas en 2015. El abogado Robert Luis Rodríguez Noriega interpuso una demanda contra estos nombramientos pero el TSJ la declaró como inadmisible. De modo que los jueces se han mantenido frenando cualquier texto que ha sido sancionado durante las plenarias.

El 31 de marzo el TSJ volvió a lanzar un dardo a la bancada opositora. Declaró inconstitucional la reforma parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que fue el primer proyecto aprobado por el nuevo parlamento. La Ley buscaba la independencia del BCV pero el TSJ alegó que atentaba contra la autonomía de la entidad y contra la estabilidad económica.

También la oposición pretendía eliminar los cambios introducidos por Nicolás Maduro en diciembre de 2015 y volver a la legislación anterior, pero aunque el chavismo se rigió durante un tiempo por ella, en esta ocasión, la rechazaron.

La sentencia agrega además que el Parlamento con esa norma pretendía burlar las atribuciones del Ejecutivo Nacional en el contexto de una emergencia económica “válidamente decretada”.

El 11 de abril el Tribunal dejó sin efecto una de las principales promesas que hizo la Unidad durante su campaña para las elecciones del 6 de diciembre. Las puertas de las celdas de los presos políticos permanecen cerradas debido a la sentencia 264 que rechazó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y que había sido sancionada el 29 de marzo por el Parlamento. También, el 21 de abril la Sala Constitucional suspendió cinco artículos del Reglamento de Interior y Debates.

Cuatro días más tarde la Sala determinó que cualquier enmienda que pretendía ser efectuada a la Carta Magna no podría tener efectos retroactivos ni aplicación inmediata. Esto fue en respuesta al recurso de interpretación presentado el 15 de marzo de 2016 con respecto a la constitucionalidad del artículo 340 de la Constitución.

Esto significó que cualquier enmienda constitucional sobre el período presidencial no sería aplicable al actual mandatario lo que impediría uno de los mecanismos de “cambio de gobierno” propuestos por la Unidad a comienzos del año.

Una ley que fue declarada constitucional pero inviable por razones económicas fue la Ley de Bono para alimentación y medicinas de pensionados y jubilados. La sentencia 327 del 28 de abril la dejaba anulada.

El 5 de mayo la Sala declaró inconstitucional la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Al día siguiente le tocó  a la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público. Este texto legal había sido sancionado en la plenaria del 13 de abril.

La medida número 16 contra la Asamblea fue la que declaró la constitucionalidad del Decreto Número 2.323 dictado por el Presidente que estableció un nuevo estado de excepción y emergencia económica y que otorgaba poderes especiales al presidente por 60 días más, que había sido negado días antes por el Parlamento.

A todo esto se le suma una sentencia emitida el 23 de mayo por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que es de menor rango pero nacional que prohibió las manifestaciones “no autorizadas” al CNE y ordenó a la guardia Nacional y a la Policía Nacional reprimir “manifestaciones violentas”.

La sede del Poder Electoral se había convertido para la oposición en un destino para las marchas que pretendían activar el proceso revocatorio contra Maduro.

Pocos días más tarde el 9 de junio, diputados de la oposición y periodistas resultaron heridos y lesionados por cuerpos de seguridad y un grupo identificado con el chavismo, que intentó infructuosamente impedir el ingreso a la sede del Poder Electoral para exigir un referendo revocatorio a  Nicolás Maduro. Julio Borges, jefe de la fracción opositora de la Asamblea Nacional, fue uno de los más golpeados.

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