El Gobierno aseguró que con el llamado «Golpe Azul» se pretendía atacar a los edificios gubernamentales con un avión artillado Tucano, y generar zozobra entre la población. Pero también en la Operación Jericó –según el Gobierno- se pretendía volar la sede de Telesur y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Azul por el color de la Aviación
Los cuerpos de Inteligencia bautizaron a la supuesta conspiración como Golpe Azul por el color que identifica a la Aviación Militar Venezolana. La mayoría de los señalados por el Gobierno eran oficiales de la Fuerza Aérea, según dijo el 12 de febrero 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Quiénes son
La segunda tanda de los involucrados fue sentenciada este 12 de enero 2017 en la madrugada. Fueron condenados a penas entre cinco a diez años a tres civiles: el taxista Pedro Rafael Maury Bolívar (cinco años preso, por instigación a la rebelión, en la cárcel de Ramo Verde), el carpintero Jesús Henrique Salazar Mendoza (además de instigación a la rebelión le aplicaron uso indebido de condecoraciones, de cinco años y seis meses en La Pica de Monagas) y el TSU en Ciencias Fiscales Luis Rafael Colmenares Pacheco (por instigación a la rebelión, pasará cinco años en La Pica).
También a los militares:
El primer teniente Henry Javier Salazar Moncada, fue condenado por instigación a la rebelión, a 10 años, ocho meses y 21 días de cárcel en el Centro Penitenciario de Occidente, cárcel de Santa Ana, Táchira.
Además de instigación a la rebelión al primer teniente Carlos José Esqueda Martínez le aplicaron agravantes contra el decoro militar; su pena es de ocho años, ocho meses y 21 días en el CPO.
Sentenciaron al teniente Petter Alexander Moreno Guevara y al primer teniente Ricardo José Antich Zapata por instigación a la rebelión y agravantes contra el decoro militar; pasarán nueve años, ocho meses y 21 días en la cárcel de La Pica, Monagas.
Y el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón fue condenado por instigación a la rebelión, uso indebido de condecoraciones y títulos militares; la pena es de 9 años en Ramo Verde.
Según la versión del Gobierno, el “Golpe Azul”, pretendía que los golpistas se mostraran públicamente, con sus uniformes, llamando a la calma a la población y leyendo un comunicado exigiendo disolver los poderes públicos, convocar a elecciones y la afiliación a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin pruebas
Todos los imputados y luego sentenciados por el Golpe Azul se quejan de que el Ministerio Público no mostró pruebas. “Nos condenaron por un supuesto golpe de Estado que iban a dar un General sin tropa, un puñado de pilotos sin aviones, unos militares retirados y una capitana odontóloga asimilada”, según una de las fuentes.
Aquel 5 de mayo
La noche del 5 de mayo del año 2015 en la sede de la Corte Marcial de Caracas en Fuerte Tiuna, se dio lectura al veredicto contra el primer grupo de los imputados por este caso del «Golpe Azul».
Tres de los militares inicialmente imputados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y a cambio de delatar a los demás; entre los beneficios que obtuvieron estuvo la libertad, conservar su carrera militar y la salida del país para la embajada de Venezuela en Bolivia.
Los delatores confesaron haber asistido a una reunión donde se habría hablado de un golpe contra el presidente Maduro; tales declaraciones las tomó la Fiscalía Militar como prueba determinante de las actividades conspirativas.
La decisión contra los oficiales sentenciados, permitió que los murmullos y las manifestaciones de descontento, al interior de la Fuerza Armada, disminuyeran ante el temor de ser señalados por algún hecho contra el Gobierno Nacional, que incluye la opinión.
Cárceles comunes
Aunque la mayoría de los imputados eran oficiales activos, no fueron enviados a Ramo Verde, la cárcel militar por excelencia, sino a cárceles comunes con anexos militares, tales como el CPO en Táchira, La Pica en Monagas y la cárcel de mujeres (Inof) en Caracas. A las cárceles y anexos militares se presentaron recientemente un grupo de oficiales de la DGCIM para una minuciosa requisa a determinados oficiales presos.
El oficial de mayor rango que aparece en el Golpe Azul es el general Oswaldo Hernández Sánchez, sentenciado a 8 años y 7 meses, en la cárcel de Santa Ana, por «instigación a la rebelión y el delito contra el decoro militar». Igual pena para el mayor César Orta Santamaria y para el resto de los oficiales: el Mayor Víctor Ascanio Castillo, capitán Andrés Thomson Martínez, y capitán Neri Córdoba Moreno.
Por el delito de instigación a la rebelión el teniente coronel (r) Ruperto Sánchez Casares recibió 7 años y 3 meses, igual que el coronel (r) Delgado Vásquez.
Dos casos dignos de destacar el del capitán (r) Juan Carlos Nieto Quintero, sentenciado a 5 años, 4 meses y 15 días. Y el de la capitana Laired Slazar de Zerpa (8 años 7 meses) por instigación a la rebelión y el delito contra el decoro militar.
Secuestrado y torturado
Nieto Quintero pagó cara su irreverencia cuando ante su componente, la Guardia Nacional Bolivariana, criticó la politización de la Fuerza Armada. Fue dado de baja. Él fue extrañamente secuestrado, frente a su esposa embarazada y su pequeña hija; fue torturado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), a uno de ellos incluso lo identificó claramente durante la tortura.
Los policías que lo secuestraron lo entregaron, en horas de la madrugada, en una acción, aún más extraña, con el rostro tapado y un globo en la mano, a un grupo de la Guardia del Pueblo. Su familia lo encontró brutalmente golpeado y torturado. Horas después se presentó una comisión oficial de la DIM, quien mostrando una orden judicial, lo detuvo formalmente. Nunca hubo acciones ni investigación contra los funcionarios de inteligencia que lo secuestraron y torturaron.
A Juan Carlos Nieto Quintero no lo involucraron en el Golpe Azul, porque nadie dijo que él estuviera en el lugar donde supuestamente se filmaría el video con el pronunciamiento contra el gobierno. Dijeron que había otro golpe en marcha o paralelo, llamada Operación Jericó, cuya evidencia era una reunión, efectuada en Maracay, donde estaban algunos de los sentenciados pero tampoco estaba el capitán Nieto Quintero, ya que para la fecha estaba fuera del país.
Tan enredado es el caso que la Fiscalía Militar mencionó que el capitán de la Guardia Nacional traía instrucciones desde Estados Unidos, donde está asilado su hermano el también capitán (GN) Javier Nieto Quintero. No enseñaron pruebas de las instrucciones, pero se valieron de mostrar mensajes del teléfono de la madre de los Nieto y de la amistad de Juan Carlos con el capitán Caguaripano, quien se le escapó al Gobierno, luego que habrían detectado su interés de manifestarse contra el gobierno de Maduro.
El otro caso que merece mención especial es el de la capitana Laired Salazar de Zerpa, una joven y bella mujer, recluida en el Instituto Femenino cárcel de Mujeres (INOF) en las peores condiciones. De nada sirvió la fuerte presión, a nivel de opinión pública, para que a la única mujer sentenciada por el Golpe Azul, quien además es odontóloga, se le dieran mejores condiciones de reclusión. El ensañamiento contra ella tiene una explicación: trataron de golpear moralmente al resto de los oficiales, quienes manifestaron indignación por el trato cruel contra la capitana.
Ninguno de los dos golpes, ni el Azul ni el Jericó, fue claramente demostrado. Hay indicios que demuestran que un grupo de militares preparaba una insurrección militar, pero no hay certeza que los imputados sean los responsables ni que los responsables hayan sido imputados. Lo que sí es cierto es que durante los días en que fueron detenidos los hoy sentenciados, varios militares huyeron del país.
