Represión y ejecuciones, la gestión de Maduro a cinco años en el poder

“En el mundo hay gente que me ve como el Stalin del Caribe, y me parezco. Miren el perfil, yo a veces me veo en el espejo y me parezco a Stalin», dijo Maduro en septiembre 2017, desatando risas entre los asistentes a un programa dominical de TV que conduce, cada vez que le apetece.
No era la primera vez que el heredero político de Hugo Chávez se comparaba con algún sátrapa de la historia. En julio de ese mismo año, Maduro se comparó con el exdictador iraquí Sadamm Hussein. Dos años antes, volvió a recordar su parecido físico con el líder que ordenó la Purga en la extinta Unión Soviética.
Su entorno celebró entre risas estas comparaciones hechas durante actos oficiales transmitidos en directo por la televisión estatal. Sin embargo, hay organizaciones y activistas de derechos humanos  que equiparan a Maduro con dictadores; alérgicos a temas como la tolerancia política, el respeto a los derechos civiles y la libertad de opinión.
En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación preliminar al gobierno venezolano por la actuación de sus fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 130 muertos entre los meses de abril y julio de 2017.
El anuncio de la CPI, el único tribunal que ha sido capaz de procesar a líderes mundiales que han cometido crímenes atroces, supone un largo camino judicial de muchos vericuetos legales que no podrían terminar en nada, según justistas.

Pero el simple anuncio ratifica lo denunciado por particulares y algunas organizaciones dedicadas a la defensa de DDHH: la represión de Estado es aplicada en Venezuela por distintas vías.
Desde sus inicios en el poder, el mandatario ha transitado por un camino lleno de espinas, plagado de protestas populares aceleradas por una crisis económica y una evidente debilidad institucional. La respuesta de Maduro a estas tensiones es actuar de manera contundente contra todo aquél que muestre disidencia.
El coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de la ONG Provea, Inti Rodríguez, aseguró que la población está en presencia de la escalada de represión más grande en la “historia política venezolana”.
“Estamos en la presencia del pico más alto de detenciones arbitrarias en Venezuela. La represión se quintuplica en el gobierno de Maduro en comparación a los años anteriores. Las violaciones a los derechos judiciales, rompe récord debido a la implementación de operativos contra el crimen como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las ejecuciones extrajudiciales por grupos policiales”, dijo el defensor de derechos humanos en un contacto con El Estímulo.
De acuerdo a cifras de Provea, entre 1991 y 2012 se registraron al menos 82 muertos en manifestaciones, en comparación a las 210 fallecidos que registra durante la gestión del gobierno de Maduro. “Y hay que contar que los años antes del gobierno de Maduro hubo sucesos como los intentos de golpe del 4 febrero y 27 de noviembre de 1992 y los sucesos del abril de 2002”, resaltó Rodríguez.

Detenciones a granel

El método de detenciones arbitrarias por parte del Gobierno se ha mantenido, y en algunos casos evolucionando, durante el último lustro. De acuerdo al abogado Gonzalo Himob, representante de la ONG Foro Penal, dedicada a defender los presos políticos en Venezuela,el balance de de Maduro en esta materia “está en rojo”.
“La represión es el método por excelencia desde que Maduro se montó en el poder. Hasta la fecha, se han registrado 12 mil casos casos de detenciones, 7 mil de ellas con medidas cautelares y 227 presos políticos. Hubo un momento en 2017 donde el número de detenidos por razones políticas en protestas llegó a 667”, dijo el jurista a El Estímulo.
De acuerdo al Foro Penal, 410 niños, fueron detenidos durante las protestas de 2017. Actualmente, esta ONG cuenta seis menores de edad en los calabozos de la policía política Sebin en Caracas, a pesar de que cuentan con órdenes de tribunales para liberarlos.
Himiob resaltó que los número de presos políticos en el gobierno de Maduro superan en amplio margen al de su padre político Hugo Chávez, donde hubo 13 presos políticos, según sus cálculos.

Entre los encarcelados por razones políticas del actual gobierno figura el mediático dirigente opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; y dos militares muy cercanos a Hugo Chávez: el exjefe de inteligencia, Miguel Rodríguez Torres y el exministro de la Defensa, Raúl Baduel.
“Mientras todo representa un costo político para el Gobierno, los presos de esta naturaleza seguirán existiendo. Y ese mismo costo por presión nacional e internacional puede ser lo único por lo cual puedas quedar en libertad”, declaró.
En algunos de estos casos, se evidencia el uso del sistema judicial por la política. La fiscal destituida por la Constituyente chavista, Luisa Ortega Díaz, denunció que altas jerarcas del chavismo la llamaban para presionar por el encarcelamiento de López y otros presos políticos.
Otra irregularidad ha sido la utilización de tribunales militares para procesar a civiles. La ONG Human Rigths Watch denunció en 2017 que solo en ese año 275 civiles fueron procesados por tribunales verdeolivas, despachos que dependen directamente de Maduro, en casos con graves violaciones procesales y de los derechos humanos, incluidas torturas.
El representante de Foro Penal también aseguró que la represión ha facilitado múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. “Se han aumentado los métodos de tortura que aplican la justicia militar contra civiles. Todo viola lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Pero los mismos militares no están exentos del mal uso de la justicia. Activistas de derechos humanos contaban 60 oficiales de distintos rangos presos por mostrar su descontento hacia el Gobierno.

Militar en vez de policial

Los métodos de represión durante los cinco años del gobierno de Maduro han sido por su exceso en el uso de la fuerza pública y del exceso de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo al criminólogo Luis Izquiel, estas medidas se deben a que el mandatario nacional se ha rodeado, en términos de seguridad, con militares en vez de policías.
“La filosofía de los militares es la de exterminar al enemigo que atenta contra la Nación. Es por eso que en las manifestaciones se ven tantas violaciones a los derechos humanos. Los militares ven a los civiles como enemigos potenciales, para eso fueron entrenados”, aseguró el especialista en un contacto con El Estímulo.
Desde que Maduro es presidente de la República, todos los movimientos en el Ministerio de Interior y Justicia han sido militares (Miguel Rodríguez Torres, Carmen Meléndez, Gustavo González López y Néstor Reverol, en dos oportunidades).
“Tanta es la presencia militar que el mismo director de la Policía Nacional Bolivariana, es un militar (Alfredo Pérez Ampueda)”, comentó Izquiel sobre este general de la Guardia Nacional sancionado por Estados Unidos por represión.

Política de muerte

Desde el gobierno de Hugo Chávez se realizaron varios métodos de seguridad del Estado para controlar la delincuencia en el país. A través de estos planes, Nicolás Maduro continuó con estos procedimientos que, en vez de bajar los índices de seguridad, han aumentado las  denuncias contra los derechos humanos.
De acuerdo a Izquiel, el número de ejecuciones extrajudiciales en el país se ha multiplicado considerablemente por parte de funcionarios. “Todos estos operativos que cuentan con la presencia de militares van a presentar irregularidades. El Plan Patria Segura, las OLP, por poner algunos ejemplos, son casos de que no existen verdaderos planes de seguridad sino movidas improvisadas para atacar al enemigo”, destacó el criminólogo.
De acuerdo a cifras de Luisa Ortega Díaz ante la Asamblea Nacional en 2016, el Ministerio Público tenía el registro de más de 11 mil ejecuciones extrajudiciales en el país durante el gobierno de Maduro. Marino Alvarado, activista de derechos humanos, denuncia que algunos de estos muertos se cuentan entre cinco masacres ocurridas entre 2015 y 2018 con la participación de policías y militares.
Algunas de estas ejecuciones y asesinatos están implicados los colectivos, el nombre que se le da a los grupos parapoliciales afines al chavismo, que arremetieron contra varias de las manifestaciones ocurridas en 2014 y 2017.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU concluye que 27 manifestantes perdieron la vida por la acción de estos grupos irregulares, que se desplegaron armados y en motos con el aval de las gobernaciones y jefes de la Guardia Nacional Bolivariana, según las denuncias de testigos que sufrieron en 2017 sus agresiones en zonas de los estados Lara, Mérida y Táchira .

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