Al cabo de una hora, el alcalde anunció que se encontraba en libertad pero que debía presentarse ante los tribunales del estado Vargas el día 3 de julio.
La retención se llevó a cabo por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que poseían una presunta orden para realizar esta acción.
En marzo 2017, el ex alcalde de San Diego recibió una sentencia de parte de la Contraloría General de la República que lo inhabilita para ejercer cargos políticos por los próximos 15 años.