Reverol: podrían utilizarse lacrimógenas si hay violencia el 1S

Reverol indicó que este martes se reunió con los secretarios de seguridad ciudadana y jefes de policía de los municipios Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo y de la Policía del estado Miranda, con el fin de coordinar acciones para resguardar la paz durante la «Toma de Caracas».

«Por eso es que hemos llamado a estos jefes de los cuerpos de seguridad con la finalidad de que asuman la responsabilidad de defender el pueblo en sus jurisdicciones», dijo. Recordó además que ese deber está consagrado en el artículo 332 de la Constitución, que «establece la organización de los órganos de seguridad de mantener y restablecer el orden público».

Este es el artículo 332 al que hace referencia el ministro:

Artículo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

Un cuerpo uniformado de policía nacional.

Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.

Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.

Una organización de protección civil y administración de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

Continuando con su explicación, Néstor Reverol, resaltó que la población tiene el derecho de marchar pacíficamente «y sin armas». En su interpretación del artículo 68 de la Carta Magna, considera que esa facultad es condicionada ya que «cuando la gente se tapa el rostro y una manifestación se convierte en violenta, ese derecho se pierde y se convierte en una transgresión flagrante a las leyes».

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

En ese sentido, el ministro Néstor Reverol adelantó que, en vista de que existan posibles perturbaciones al orden público el 1ero de septiembre, los funcionarios policiales estarán preparados para dispersar aquellos focos de violencia con el uso de «armas tóxicas» (gases lacrimógenos). «Tenemos gente adiestrada, equipada para atender cualquier evento que lleve alteración del orden público», resaltó.

Para esto, se basó en el artículo 55 de la Constitución:

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia realizaron «asistencias técnicas» a varias sedes de policías municipales y estadales, con el fin de ver el mejoramiento de su desempeño. «Hoy visitamos la policía municipal de Sucre, Baruta, El Hatillo, Valencia, San Diego, Naguanagua, San Cristóbal y la policía estadal de Miranda (…) para revisar parques de armas, salas de evidencia y verificar el comportamiento de las actuaciones policiales», sentenció.

Este 1ero de septiembre se realizará la llamada «Toma de Caracas», en donde la oposición busca solicitar al Consejo Nacional Electoral una fecha concreta para llevar a cabo la siguiente fase del revocartorio, que consiste en la solicitud del 20 por ciento de voluntades.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que la Mesa de la Unidad incurrirá en hechos violentos, como los acaecidos en febrero de 2014, cuando una marcha universitaria, apoyada por la dirigencia política de la oposición, acudieron a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar la liberación de unos estudiantes que habían sido apresados días atrás en el estado Táchira.