¿Se pueden lograr de forma simultánea una transición democrática y justicia?

Son numerosos los venezolanos que aspiran el restablecimiento de la justicia en el país para sancionar como es debido a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Especialmente a quienes integran el gobierno de Nicolás Maduro, pues adquirieron la condición de realizar violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

Desde el activismo de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos, existe la expectativa de que el castigo, a quienes ordenaron y ejecutaron los abusos contra la población, debe ocurrir en simultaneo con la anhelada transición democrática.

Si bien ambas dimensiones son esenciales, en términos prácticos parece inviable que ocurran a la par. Al menos eso es lo que percibí tras revisar una docena de casos de transiciones democráticas exitosas del documentado libro, ya varias comentadas en este espacio, de los expertos Sergio Bitar y Abraham Lowenthal.

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No es una discusión retórica. Más bien ha estado en el centro de las decisiones de la dirigencia prodemocracia en países muy disimiles de Asia, África, Europa del Este y América Latina, tras padecer largas noches de vida en dictadura.

En los casos en los cuales las transiciones fueron negociadas, de forma explicita la dirigencia prodemocracia metió en el congelador el tema del restablecimiento de la justicia y el castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción.

Acá solo resumo de forma llana lo que leí en la experiencia de diversos países. Sin embargo, vale decir que la negociación sólo fue posible cuando a quienes ocupaban el poder se les dio garantías de que no serían objeto de una sanción judicial.

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Los dictadores ya habían entendido que su permanencia era inviable. Por tanto, se avinieron a negociar con sectores de la oposición democrática. Es importante señalar que, en general, los sectores opositores estuvieron fragmentados en torno al tema de sentarse o no a negociar con la dictadura.

Es decir, el punto de partida fue un escenario en el cual o bien entregarían el poder; o bien lo iban a compartir con sus opositores. Para aquellas clases de gobernantes, que seguían ejerciendo el poder de facto, no tenía sentido entregar el mando si de forma simultanea se les iba a encarcelar.

Las diferentes dirigencias prodemocracia de forma táctica, como se suele decir en el lenguaje de la estrategia, entendieron que si su discurso era, por ejemplo, que “van a terminar en el Tribunal de La Haya”, aquello terminaría atornillando a dictadores y sus séquitos.

No es que no fuesen relevantes los derechos humanos para esos dirigentes prodemocracia, lo eran sin duda, pero lo primordial para que aquello sucediera (la sanción de los responsables y ejecutores de los abusos) pasaba en primer término por volver a vivir en democracia.

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Es decir, si no se regresa a la democracia, prioridad de una transición democrática, no se alcanzarán las sanciones pertinentes para los responsables de las violaciones a los derechos humanos, que es una prioridad central de la justicia.

No hay, sin duda, una receta única para alcanzar una transición democrática exitosa. Esa es otra conclusión que queda tras leer una docena de casos en distintos continentes. No obstante, plantear el castigo de los involucrados en los abusos (que por lo general incluye hasta la más alta jerarquía de la jefatura de Estado) como condición del regreso a la democracia, no allana el camino para que los dictadores y sus colaboradores más cercanos se apresten a negociar el poder.

No es un tema de fácil aceptación. Pero en términos muy realistas, nadie entregaría su espacio de poder, por muy frágil o deteriorado que se encuentre, si sabe que irá de la mano de su encarcelamiento o procesamiento judicial.

De las experiencias de transición se extraen ejemplos de cómo una vez que se empezaron a echar las bases para restituir la democracia, un asunto central fue la refundación del poder judicial (que en sí es otro gran tema de cualquier transición) para devolverle su independencia y autonomía. Y a partir de allí, y en numerosos casos con el acompañamiento de instancias internacionales, finalmente se empezaron a dar pasos para sancionar a los violadores de derechos humanos.