Venezuela

Sebin, FAES y PNB cometieron crímenes de lesa humanidad, dice Corte Penal Internacional

Por primera vez la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señala directamente a las fuerzas policiales de Venezuela que investiga por presuntas violaciones a los derechos humanos. Durante el primer semestre de 2021 determinará si abrirá un caso contra el gobierno de Maduro. Al conocer el documento, Human Rights Watch exigió justicia para las víctimas de agentes de las fuerzas de seguridad

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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) nombró al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana como dos de las fuerzas de seguridad cuyos miembros han cometido, presuntamente, crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El tribunal hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores (…) o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la Fiscalía.

Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana.

Al conocerse el informe, la organización Human Rights Watch (HRW) dijo que es «imperativo» que «haya justicia» en Venezuela.

Primera vez que es tan directo

Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden en Venezuela están bajo sus pesquisas.

Así mismo, la jurista notificó un informe entregado por las autoridades venezolanas en el que se da cuenta de “procesos nacionales llevados a cabo en la jurisdicción ordinaria y militar, y por el Tribunal Supremo de Justicia, así como copias de documentos judiciales detallando procedimientos internos”.

Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de ultima instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.

HRW, escandalizada

Según la organización internacional por los derechos humanos, el nuevo informe «contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el Gobierno de Nicolás Maduro».

En un comunicado, HRW subraya que el informe está centrado en «alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficiente detallada y confiable».

En este sentido, el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, afirmó que «en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales».

«Dado que el poder Judicial de Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, la Fiscalía (de la CPI) debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la Fiscalía», apostilla la ONG.

Una mirada a Colombia

Otro país latinoamericano al que la Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar es Colombia, debido a delitos cometidos presuntamente por miembros del Ejército, el grupo armado FARC y grupos paramilitares.

La Fiscalía valoró positivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco de conflicto armado colombiano.

“Las autoridades colombianas parecen haber avanzado en la investigación (…) de los posibles casos identificados”, dijo Bensouda en el informe, aunque no estableció ninguna fecha límite para decidir si concluye el examen preliminar de Colombia.

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