La incursión de dos funcionarios pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -Sebin- el pasado miércoles 9 de mayo a una escuela estadal del municipio Panamericano en la zona norte del estado Táchira, fue denunciado por la gobernadora regional Laidy Gómez, ante la gravedad y alarma que ha originado la acción dentro de la comunidad educativa regional
Gómez criticó la acción del cuerpo de seguridad antes mencionado en la Unidad Educativa San Isidro, ubicada en Coloncito, al decir que eso es «abuso de poder», por lo que elevará la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público.
Denunció este jueves 10 de mayo que los funcionarios del Sebin ingresaron armados a “supervisar” escuelas sin ninguna orden judicial alegando una inspección para verificar el cumplimiento del horario escolar.
La acción, que fue rechazada por la gobernadora de la entidad, está fuera de la ley, teniendo en cuenta que estas personas no están facultadas para ser supervisores escolares, labor que corresponde a la Dirección de Educación.
Lo ocurrido en la institución de Coloncito, -dijo Laidy Gómez- donde uno de los funcionarios se identificó como Inspector Roa, mientras que el otro portaba uniforme del Sebin, ingresó a la escuela informando que harían una inspección “porque tenían información y algunas quejas de que el personal de allí solo laboraba tres días”.
“La directora de la institución les solicitó la orden emitida por un organismo competente, además de indicarles que no debían entrar armados a la escuela, a lo que hicieron caso omiso”, señaló.
Gómez repudió el hecho y exigió a la Dirección Nacional del Servicio de Inteligencia revisar y sancionar de ser necesario, el comportamiento de su personal en la región, ya que insistió que esos efectivos no tienen facultad para supervisar a los docentes, ni mucho menos entrar armados para perturbar la paz y armonía que debe reinar en las escuelas.
“No se puede permitir al Sebin, el ingreso a las escuelas estadales sin ninguna orden de un ente competente, como es el caso de Tribunal de Protección, de la Fiscalía, del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación o del prefecto del municipio Panamericano, quien es el representante de la Gobernación en dicha jurisdicción”, precisó.
El hecho mantiene alarmado al gremio educativo regional y a las comunidades porque “si bien es cierto que estamos en un sistema bastante dudoso para calificarlo de democrático, quienes hemos sido electos a través del voto popular, y el pueblo nos puso aquí, no nos vamos a prestar para semejante aberración jurídica y de perturbación al sistema educativo de nuestros niños”, argumentó la gobernadora.]]>
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