Senadores de EEUU piden sancionar a Consejo Electoral y al Supremo de Venezuela

Influyentes senadores de Estados Unidos presentaron al Congreso un proyecto de Ley para extender las sanciones al régimen venezolano a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que señalan de socavar la democracia en Venezuela, tolerar una generalizada corrupción y hasta de posible tráfico de drogas.

Senadores de EEUU piden sancionar a Consejo Electoral y al Supremo de Venezuela

El proyecto de Ley presentado el miércoles no menciona nombres adicionales a los conocidos por sanciones previas, pero recomienda ampliar la lista de individuos al CNE y el TSJ, ambos organismos públicos controlados por el chavismo.
Los legisladores, republicanos y demócratas, presentaron un proyecto de resolución para “proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernabilidad democrática y combatir la generalizada corrupción”, según el documento difundido por el comité de Relaciones Exterior del Congreso de ese país, por medios electrónicos.
Estos son algunos de los datos del documento, donde se hace un repaso de la situación de Venezuela:
* Los legisladores Rubio, Durbin, Cornyn, Menendez, McCain, Nelson, Kaine y Van Holen presentaron ante el comité de Política Exterior el documento con la legislación, razonada con una serie de argumentos.
* El documento es denominado “Acta de 2017 de Asistencia Humanitaria a Venezuela y Defensa de la Gobernancia Democrática” (Venezuela Humanitarian Assistence and Defense of Democratic Governance Act of 2017”.
* El Congreso, señala el texto, ha hecho los siguientes hallazgos:
– “El deterioro de la gobernanza y la crisis económica en Venezuela ha llevado a una situación humanitaria sin precedentes en la cual el pueblo está sufriendo una severa carestía de medicinas esenciales y productos básicos”.
– Según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela tiene una escasez de medicamentos que ha venido escalando desde 55% en 2014; 67% en 2015 a 76% en 2016.
– Según el reporte de 2016 de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, se ha venido incrementando para muchos venezolanos, particularmente los de las clases sociales más bajas y media, la dificultad de obtener una nutrición adecuada y se han reportado síntomas de malnutrición en niños.
– Pese a la masiva escasez de productos básicos y medicinas esenciales, el presidente Nicolás Maduro ha rechazado los repetidas demandas de la Asamblea Nacional y organizaciones de la sociedad civil para llevar ayuda humanitaria al país.
– El Fondo Monetario Internacional ha estimado que en 2016 el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó 12% y la inflación alcanzó 720%, lo que ha dejado al país como el de peor crecimiento en el mundo y con la más alta inflación.
-Desde el 13 de septiembre de 2004 el FMI no ha podido cumplir con el Artículo IV de consultas sobre Venezuela, lo cual limita la información disponible por la comunidad financiera internacional acerca de la severidad de la crisis venezolana.
– La crisis política, económica y humanitaria está alimentando tensiones sociales que resultan en incidentes de alteración del orden público, saqueos, violencia entre ciudadanos y éxodo de venezolanos hacia el exterior.
– La distorsión social toma lugar en medio de un alarmante clima de violencia. Según la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, a 2015 Caracas tiene la tasa más alta de asesinatos entre las capitales en el mundo, con 120 por cada 100 mil habitantes.
– En 2016 las peticiones de asilo en Estados Unidos por parte de venezolanos superaron las de cualquier otro país, al llegar a 18.155 casos.
– Grupos locales e internacionales de Derechos Humanos reconocen la existencia de 108 presos políticos en Venezuela.
– En las protestas de abril, 29 personas perdieron la vida.
– En criterio del Congreso, el presidente Maduro debería permitir la entrega de ayuda internacional humanitaria para atender la creciente y profunda escasez de medicinas esenciales y productos básicos.
– Recomienda comprometerse con instituciones económicas multilaterales y regionales para aliviar los efectos de la crisis económica, social y humanitaria en desarrollo
– El presidente Maduro debería liberar inmediatamente a todos los prisioneros políticos y respetar los Derechos Humanos para facilitar las condiciones de una diálogo y negociación en Venezuela, afirma.
– El presidente y el Tribunal Supremo de Justicia deben tomar los pasos necesarios para devolver los poderes y autoridad a la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.
– El Consejo Nacional Electoral debe establecer un cronograma específico de elecciones municipales, regionales y nacionales, de acuerdo a la Constitución de Venezuela.
– Y Estados Unidos debería apoyar significativos esfuerzos para negociaciones políticas en las que todas las partes se comprometan a aceptar específicos lapsos para restaurar el respeto por los mecanismos constitucionales y resolver las crisis.
– También piden al secretario de Estado que, en coordinación con la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU trabaje con organizaciones no gubernamentales para proveer a Venezuela con productos y servicios médicos, como medicinas básicas catalogas por la Organización Mundial de la Salud y equipos médicos.
– Los alimentos básicos, señala, deben ser dirigidos a combatir la creciente malnutrición y mejorar la seguridad alimentaria para el pueblo de Venezuela con énfasis en los sectores más vulnerables de la población.
– Piden transparencia y credibilidad en la publicación de datos e indicadores de salud y de escasez de alimentos y medicinas.
– Señalan que en un plazo de 90 días después de la aprobación de esta legislación, el secretario de Estado debe presentar la estrategia a varios comités del Senado, y la Cámara de Representantes incluyendo el de Relaciones exteriores para llevar a cabo las peticiones.
– Los legisladores también piden que las agencias humanitarias de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, Unicef, y la FAO deben publicar informes independientes sobre la extensión y el impacto de la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela y los esfuerzos necesarios para resolverlos.
– El secretario de Estado también debería enviar en menos de 90 días después de la aprobación de la Ley, las estrategias coordinadas acerca de cómo Estados Unidos pueden apoyar a donantes internacionales, incluyendo agencias regionales, para ayudar a la población venezolana ante la crisis e identificar gobiernos que puedan sumarse a esa asistencia.
– Al invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, los legisladores afirman que el presidente Maduro y el TSJ “han emprendido sistemáticos esfuerzos para socavar, bloquear y evadir las autoridades y responsabilidades de la Asamblea Nacional y la Constitución de Venezuela.
– El secretario de Estado, a través de su misión permanente en la OEA debe apoyar al secretario general Luis Almagro para invocar la Carta Democrática; avanzar en la evaluación de la situación de Venezuela y promover iniciativas para la restauración de la democracia, señalan.
– También promulga una observación internacional y trabajar por asegurar una creíble observación internacional que contribuya a libres, justos y transparentes procesos electorales en Venezuela y defender internacionalmente el respeto por los Derechos Humanos en este país.
– Y apoyar los esfuerzos de medios independientes para transmitir, distribuir y compartir información más allá de los limitados canales hechos disponibles por el gobierno de Venezuela.
– Facilitar un abierto y no censurado acceso a Internet para el pueblo de Venezuela
– Combatir la corrupción y mejorar la transparencia y credibilidad en las instituciones que forman parte del gobierno de Venezuela.
– El deterioro de la gobernancia en Venezuela se ha exacerbado por el involucramiento de prominentes oficiales del gobierno de Venezuela, incluyendo miembros del Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad del país “en actos de corrupción y tráfico ilícito de narcóticos y actividades relacionadas de lavado de dinero”, afirman.
– Señalan que en marzo de 2015 la red contra crímenes financieros del Departamento del Tesoro determinó que aproximadamente 2.000 millones de dólares fueron trasegados desde Petróleos de Venezuela, en complicidad con el banco Banca Privada de Andorra para ser lavados.
– “El 1 de agosto de 2016 el general Néstor Reverol, actual ministro del Interior de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional fue imputado en una corte de distrito de Estados Unidos por participar en una conspiración internacional para traficar cocaína”, recuerda.
– Señala que el 18 de noviembre de 2016, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, fueron convictos en una corte de Estados Unidos de los cargos de conspiración para importar cocaína en el interior de Estados Unidos.
– Recordó que el 13 de febrero de 2017 la oficina de control de activos extranjeros señaló al vicepresidente de Venezuela Tarek Zaidan El Aissami Maddah “por estar implicado en tráfico ilícito de narcóticos”.
– Señaló al empresario venezolano Samark López Bello de ser “el principal testaferro y lavador de dinero de El Aissami”. Mencionan también a varios otros altos funcionarios chavistas, ya sancionados, como Freddy Bernal, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal.
– El proyecto también define como “gran corrupción” la que es cometida a altos niveles y que distorsionan políticas para el funcionamiento primordial del Estado y que permite a funcionarios beneficiarse a expensas de los bienes públicos.
– En 180 días después de aprobada esta Ley, el secretario de Estado junto con el Buró de Inteligencia e Investigación (FBI, po sus siglas en inglés) debe enviar al Congreso un reporte que describa el grado de participación de funcionarios superiores del gobierno de Venezuela incluyendo miembros del Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad en actos de corrupción, con énfasis específico en gran corrupción.
– Sobre las alegaciones en contra de personas señaladas de corrupción pública y de socavar la democracia, establece sanciones individuales de acuerdo a una legislación aprobada en 2014 en defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil de Venezuela.
– También expresa sus preocupaciones por los negocios de Pdvsa con la petrolera rusa Rosfnet, que según el informe podría afectar la seguridad energética de Estados Unidos. Citgo, la filial de Pdvsa controla infraestructura esencial en 19 estados de la unión, incluyendo tres grandes oleoductos, 48 terminales de embarque y tres refinerías, incluida la sexta más grande del país, con una capacidad combinada de 749.000 barriles por día.
– Si Pdvsa incurre en impagos de una préstamo contraído con Rosfnet, la firma rusa tomaría control de infraestructura energética esencial en Estados Unidos, donde ya está sancionada.
– En la víspera, la agencia Reuters había anticipado este documento, que propone además crear un fondo de 10 millones de dólares en ayuda humanitaria para el país.
Los principales promotores de la legislación son el senador Ben Cardin, el demócrata más destacado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta; y el senador republicano Marco Rubio, quien preside la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del panel y es un abierto crítico del Gobierno venezolano.
Las posibilidades de ser aprobada por el Congreso son altas, ya que entre los copatrocinadores se encuentran los senadores John Cornyn -número dos republicano en la Cámara- y Dick Durbin -número dos demócrata-, además del republicano John McCain, el influyente presidente de la Comisión de Servicios Armados, según Reuters.]]>

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