Más de un año tiene vencido el contrato colectivo de la industria petrolera y a lo largo del 2020 el gobierno de Maduro ha desplegado una mayor arremetida contra los representantes sindicales del sector. La reciente salida del país de Iván Freites, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, es un reflejo de lo que ocurre
Terrorismo, divulgación de información confidencial e incitación al odio han sido acusaciones comunes durante una ola de arrestos de sindicalistas petroleros en los últimos meses en Venezuela, donde la producción de crudo marca mínimos en décadas.
«La idea es neutralizar por la fuerza el movimiento sindical petrolero», comentó Iván Freites, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), que el sábado anunció en redes sociales su exilio en Bogotá, Colombia.
En conversación con la AFP vía WhatsApp, el sindicalista de 57 años acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de «una política de persecución» en medio de la peor crisis de la historia moderna del país, con hiperinflación y siete años consecutivos de recesión.
«Iban a ir por mí», agregó Freites, quien abandonó Venezuela clandestinamente utilizando una identidad falsa y rompiendo los cercos fronterizos impuestos por el covid-19.
El 18 de noviembre en Puerto La Cruz, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a otro vocero de los trabajadores petroleros, Eudis Girot. Le acusan de revelar información secreta y terrorismo.
Cuatro días antes, Guillermo Zárraga, compañero de Freites en el complejo de refinación de Paraguaná, el mayor de Venezuela, en Falcón, fue detenido tras una explosión que el gobierno socialista vinculó con un «ataque terrorista». Dirigentes sindicales afirman, sin embargo, que ocurrió por fallas en las operaciones para reactivar esas instalaciones, en medio de una grave escasez de gasolina.
El 28 de enero, la Guardia Nacional arrestó a los sindicalistas Marcos Sabariego y Gil Mujica durante una asamblea de trabajadores en una de las principales refinerías del país, El Palito, en el estado Carabobo.
Y el 6 de mayo, la DGCIM detuvo a Bartolo Guerra en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, después de que discutiera con autoridades de PDV Marina, filial de la estatal PDVSA encargada del transporte marítimo de hidrocarburos, a la que pertenecía.
Guerra inició una huelga de hambre, pero decidió levantarla unos días después.
Venezuela, que hace 12 años producía 3,2 millones de barriles diarios, pone ahora unos 400.000 en el mercado, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Su oferta, que ya estaba en caída libre entre denuncias de mala gestión y multimillonaria corrupción, terminó de desplomarse con las sanciones de Estados Unidos contra el país para intentar forzar la salida de Maduro.
En ese contexto, los sueldos del personal obrero y técnico de PDVSA, otrora envidiados pero ahora diluidos por la inflación y la depreciación de la moneda local, oscilan entre 3 y 10 dólares por mes.
Empresas mixtas de capital estatal y privado pagan bonos extras que llegan a 300 dólares. Son beneficios, sin embargo, que no llegan a la totalidad de la enorme nómina de la industria petrolera venezolana, que llegó a 150.000 trabajadores durante la era chavista, número reducido a la mitad por la fuga de personal ante los bajos ingresos.
La convención colectiva, denuncia José Bodas, secretario general de la FUTPV, está vencida desde octubre de 2019.
«Vamos a seguir (…). La clase trabajadora existe mas allá de la represión y la cárcel», dice a la AFP Bodas, quien reporta despidos y jubilaciones forzadas.
Pero hay divisiones. El presidente de la FUTPV, Wills Rangel, respalda la gestión petrolera de Maduro.
Rangel fue elegido el 6 de diciembre diputado del partido de gobierno en las elecciones legislativas, boicoteadas por el grueso de la oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.
La ONG de derechos humanos PROVEA ha denunciado la «criminalización» del sindicalismo.
«Los petroleros estamos siendo los más atacados por lo que significa el petróleo (…), la base de poder de ellos está ahí y no van a permitir que se levanten los trabajadores», manifiesta Freites.
Hasta su colapso, PDVSA aportaba más del 90% de los ingresos del país.
Tras una pregunta sobre el arresto de dos gerentes petroleros, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, acusados de ser espías de la CIA, Maduro dijo a corresponsales de prensa internacional que en Venezuela «hay plenas garantías» sindicales.
«Es un tema de la justicia (…). No me voy a meter», zanjó Maduro.
Con la mira puesta en lo ocurrido durante las protestas sociales de 2014 a 2017, el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley "contra el Fascismo y el Neofascismo"
En Venezuela la arbitrariedad desde el poder usa el miedo como su arma más eficaz para intentar fomentar la desesperanza, destaca Alí Daniels, al recibir el premio a la Defensa de los Derechos Humanos por su trabajo en la ONG Acceso a la Justicia.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
