Las sanciones, o designaciones, se adoptan «de conformidad con el Decreto 13692 y sus modificaciones, a Jorge Alberto Arreaza Montserrat, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y a Carol Bealexis Padilla de Arretureta, ambos funcionarios o ex funcionarios del Gobierno de Venezuela», según el comunicado oficial.
«Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen ilegítimo de Maduro priva al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia», dijo el secretario de Hacienda Steven T. Mnuchin.
«El Tesoro seguirá atacando a los corruptos de Maduro, incluidos los que tienen la tarea de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esta administración está al lado del pueblo venezolano, y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela».
Hoy, la OFAC ha designado a las siguientes personas:
Jorge Alberto Arreaza Montserrat fue nombrado ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela en agosto de 2017. Arreaza también ocupó los siguientes cargos oficiales antes de su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela: de 2010 a 2011, Arreaza fue Viceministro de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias; de 2011 a 2013, Arreaza fue Ministro para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; entre 2013 y 2016, Arreaza fue Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela; en 2017, Arreaza fue nombrado Ministro el Desarrollo de la Minería Ecológica, recuerda la fuente.
Carol Bealexis Padilla de Arretureta es la jueza encargada del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control. En diciembre de 2017, fue nombrada juez suplente de la Corte de Apelaciones del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Ha estado involucrada en casos emblemáticos como la orden de captura de Julio Borges, la detención del concejal Fernando Albán, la orden de allanamiento de allanamiento del jefe del Despacho del presidente interino y el encarcelamiento del diputado Juan Requesens.
«Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos individuos, y cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de los individuos designados, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
«Las sanciones de los Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes; las sanciones tienen la intención de producir un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha dejado claro que la eliminación de las sanciones está disponible para las personas designadas bajo el E.O. 13692 o el E.O. 13850, ambos enmendados, que toman medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se niegan a participar en abusos de derechos humanos, se pronuncian en contra de los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, y combaten la corrupción en Venezuela», añade el texto.
