Tres militares sublevados se adjudicaron este domingo el ataque del pasado 22 de diciembre a un cuartel del sur de Venezuela, que se saldó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y 9 lanzagranadas, según la información oficial.
A través de un video difundido este día aunque fechado el sábado, los militares José Hidalgo, Franklin Caldera y Russo Cárdenas aseguraron liderar el grupo rebelde que sustrajo las armas, al tiempo que señalaron que las utilizarán «para la protección» del pueblo venezolano.
«(Nos vimos obligados a) hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna de quienes hoy tienen secuestrados los poderes públicos de la nación mediante el engaño y manipulación de sus leyes», dijo leyendo un documento el militar que se identificó como José Hidalgo.
«Fuerza Armada, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio personal del régimen (de Nicolás Maduro). Rescatemos el honor de nuestra institución y dejemos que sean ellos mismos quienes tomen las armas como dicen públicamente y vengan a enfrentarnos», prosiguió.
Por el ataque, el Gobierno de Maduro detuvo ya a 12 personas, incluidos el legislador opositor Gilber Caro. Además, señaló la complicidad de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, países que rechazaron de forma casi inmediata las acusaciones.
Este domingo, Hidalgo negó en su mensaje que los sublevados hayan recibido ayuda internacional o civil. Según anunció, «de lo contrario no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas».
Además, rechazó que el grupo fue «desarticulado» pese a la detención de una docena de rebeldes, así como la muerte de un soldado leal a Maduro durante el ataque.
«Esta fue una operación limpia, es decir, no hubo bajas de ningún funcionario activo», dijo.
Se desconoce si el video fue grabado en territorio venezolano. Asimismo, queda por confirmar si los militares forman parte del grupo de cinco desertores que iniciaron un proceso de refugio diplomático en Brasil.
El Gobierno de Maduro rechazó esta misma jornada que Brasil otorgue el estatus de refugiado a los militares detenidos el jueves.
«Venezuela denuncia ante la comunidad internacional esta insólita decisión que confirma el patrón de protección y complicidad de Gobiernos satélites de Estados Unidos para agredir la paz» del país, dijo la Cancillería en un comunicado.
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