En el escrito se especifica que órganos multilaterales como la ONU y la OEA, junto a Organizaciones No Gubernamentales del país puedan velar por una investigación «objetiva e imparcial» en el caso de Albán.
Con esto, la casa de estudios establece que lo ocurrido con el edil «se suma a la lista de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de personas detenidas, particularmente a las garantías del derecho a la defensa, a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza, a ser informado de los motivos de su detención y a no ser sometido a torturas, tratos crueles o infamantes».
También se solicita que los responsables de la muerte del político, ya sea por acción u omisión, sean procesados, juzgados y sancionados, así como demandaron que cesen las «detenciones arbitrarias, desaparición e incomunicación de ciudadanos», al igual que la persecución política a quienes piensan distinto.
Fernando Albán fue detenido el pasado 5 de octubre sin ninguna orden judicial por agentes de seguridad del Estado, por su presunta participación en el «atentado» contra el presidente de la República Nicolás Maduro.
Según información divulgada por el Ministerio Público, Albán habría fallecido luego de lanzarse desde el piso 10 de la sede del organismo de inteligencia, en donde permanecía recluido. Sin embargo, voceros de distintas organizaciones han manifestado sus dudas sobre la veracidad de la versión oficial.
Comunicado CU UCAB Fernando Albán 09octubre by El Estímulo on Scribd