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Venezuela cierra el 2018 como el país más violento de América Latina

La ONU considera que una región tiene una "epidemia de homicidios" cuando la tasa supera las 10 muertes por cada cien mil habitantes. En Venezuela la tasa se ubicó en 81,4 por cada cien mil habitantes. En 20 municipios la tasa supera las 200 muertes por cada cien mil habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia muestra preocupación por el aumento de muertes por "resistencia a la autoridad" y aquellas que las autoridades califican de "averiguación por muerte" que se constituyen en una lista negra de acuerdo a la ONG.

Venezuela cierra el 2018 como el país más violento de América Latina

Venezuela no solo se convierte en el país más violento de América Latina sino también del mundo, según informó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe anual, al cerrar el 2018 con 23.047 homicidios, es decir, 81,4 por cada cien mil habitantes.

La cifra sin embargo es inferior a la registrada en 2017 cuando se reportaron 26.616 muertes violentas (89 por cada cien mil homicidios). Una disminución que Roberto Briceño León, director del OVV, atribuye a varios factores.

Lo primero es la acción de “exterminio judicial”, que conforma el 32,6 % de las muertes violentas. “Hay menos homicidio porque hay menos homicidas”, comenta Briceño al referirse a operaciones policiales como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) cuya legalidad ha sido cuestionada por los expertos desde su implementación en 2015.

El cambio modalidad del delito ante la escasez de efectivo y el empobrecimiento generalizado. Explica Briceño León que los delincuentes buscan la “relación costo- beneficio” por lo que no les es rentable ya robar bancos o carros, por ejemplo.

El tercer factor se relaciona con la emigración. Desde el OVV sostienen que es muy posible que los delincuentes, buscando esa relación costo-beneficios, migren o decidan cometer actos delictivos en Colombia y luego, regresar al país.

El cuarto y último factor se refiere a una actuación reiterada del gobierno de ocultar las cifras oficiales.

“Cada vez es más difícil el conteo. Hay una política para retrasar los datos, se impide la presentación de denuncias. Es una fase distinta de censura”, dice Roberto Briceño León.

Una política de ocultamiento que también alcanzó la data de suicidios, la cual no fue incluida en este informe y que esperan presentar en unos meses.

En todos los estados hay una “epidemia de violencia”. Las acciones calificadas de “extrajudiciales” de la policía, marcan un incremento en la letalidad de las acciones reflejadas en una disminución en las víctimas a mano de delincuentes y un aumento de las víctimas a manos de las fuerzas policiales y militares bajo el nombre de resistencia a la autoridad pero que para los investigadores no son más que eso,  “ejecuciones extrajudiciales”.

El informe, elaborado por ocho Universidades, también revela el aumento de unas cifras “negras” bajo la denominación de “muerte en averiguación”, las cuales, según Briceño, son muy superiores a las presentadas en el informe, sobre todo en las parroquias de Caracas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que una región tiene una «epidemia de homicidios» cuando la tasa supera las 10 muertes por cada cien mil habitantes. Pues en 226 de los 335 municipios del país hay una “epidemia de homicidios”. En 20 de esos municipios la tasa supera las 200 muertes por cada cien mil habitantes.

El primer y segundo lugar de los municipios más violentos son El Callao, con 619,8 homicidios por cada cien mil habitantes y Roscio (Guasipati), con 458. Ambos en el estado Bolívar. Ambos municipios con una actividad minera preponderante.

El tercer municipio es Santos Michelena, en el estado Aragua, con 444,9 homicidios por cada cien mil habitantes.

En Aragua hay municipios como Urdaneta donde las muertes por “resistencia a la autoridad” son cinco veces mayores que por la acción de la delincuencia.

Trujillo aparece en el mapa, luego de ser uno de los estados con menor índice de homicidios históricamente, ocupando los puestos cinco, seis, siete y ocho de los municipios más violentos.

Miranda tiene 15 municipios en la lista. El informe señala que la violencia se trasladó hacia la zona costera de la entidad.

En cuanto a los estados, Aragua duplica la tasa del país con 168 homicidios por cada cien mil habitantes. Le siguen Miranda, con 124; Bolívar, con 107; Distrito Capital, con 100 y Sucre, con 97 homicidios por cada cien mil habitantes. Mientras que Mérida es la entidad con menor tasa de homicidios: 24 por cada cien mil habitantes.

El informe señala que ha habido un desplazamiento de la violencia hacia el interior del país y que en los estados fronterizos como Táchira (39 por cada cien mil habitantes), la tasa de homicidios bajó. Esto lo atribuyen a dos factores: una acción agresiva por parte del Estado y una “situación particular protagonizada por los grupos irregulares que han impuesto una especie de “paz criminal”.

La caracterización de las víctimas se mantiene. Hombres entre 15 y 30 años siguen siendo las víctimas por excelencia.

Sin embargo, las modalidades o móviles sí han cambiado. El hambre aparece como un factor importante. El robo a viviendas, en el caso de las ciudades y de ganado, en el caso de estados llaneros, ha aumentado.

En el caso de Caracas, sigue caracterizándose por tener dos extremos muy violentos, los municipios Libertador y Sucre y en el medio, los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo con menos muertes.

El país más violento de América Latina supera así a países como Honduras y El Salvador, históricamente con alto índice de violencia. En el país más violento de América Latina, las muertes por “resistencia a la autoridad” pasaron de 5.535 en 2017 a 7.523 en 2018 al tiempo que las muertes “en averiguación”  aumentaron de 5.035 a 5.102 en un año. Solo la de homicidios producto de la delincuencia disminuyó. En 2017 la cifra fue de 16.046 y este año se ubicó en 10.422 homicidios.

Una de las conclusiones del informe indica que la emigración masiva a dejado vulnerables a adultos mayores y a niños. En el caso de los menores también se han convertido en un blanco fácil a ser captados por bandas criminales.

Otra conclusión es que el Estado implementa la “peor forma de acción represiva” con las actuaciones extrajudiciales lo que no necesariamente se traduce en una disminución de la violencia o un incremento en la seguridad ciudadana. Al contrario, esa política de Estado mantiene la “epidemia” que aqueja al país y golpea-aun más- la institucionalidad.