Arratia se presentó con un vestido “Animal Print”, mientras el mandatario la recibió en su despacho con pantalón azul y camisa blanca de manga larga y sin corbata. La conversación fue fluida y amena. Al terminar el encuentro el presidente de Granger ratificó la línea guyanesa: mantener el proceso de buenos oficios que “forma parte del menú de las medidas previstas por la Carta de las Naciones Unidas y es muy importante para ambos países” y añadió: «Como ustedes saben, Venezuela es un importante vecino, por los términos de Petrocaribe , la importancia económica de Petrocaribe, así como otras dimensiones estratégicas de las relaciones de Guyana – Venezuela». Hoy Guyana no quiere nada con el proceso de buenos oficios y dice estar dispuesta a ir a la Corte Internacional de Justicia para tratar de acabar con la reclamación venezolana del Esequibo.
-¿Qué ocurrió entonces desde mayo pasado?-
El 27 de junio de 2015, a 40 días del encuentro Arratia-Granger, el presidente Nicolás Maduro aprueba en Gaceta Oficial el decreto 1787 que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular y que incluía en una de sus áreas las coordenadas correspondientes no solo a la proyección marítima del territorio Esequibo, sino a la de Georgetown y parte de Surinam, donde Venezuela nunca ha tenido aspiraciones territoriales. Aunque una semana después el decreto fue sustituido por el 1859 donde se hicieron correcciones con las coordenadas y se recordó que el área del Esequibo está sometido a un proceso de reclamo territorial, el daño que la emisión del decreto 1787 ocasionó a las relaciones binacionales, sumado a las constantes declaraciones de Venezuela contra el Gobierno guyanés y la trasnacional Exxon Mobil, terminaron estimulando a la administración Granger a finalizar con décadas de negociaciones y terminar con “el mono en la espalda” que según el mandatario significaba el reclamo venezolano y avanzar al siguiente paso: acudir a la Corte Internacional de Justicia.
-¿Puede ir Guyana a la Corte?-
Guyana no puede acudir en forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia, pero es una posibilidad que está abierta. La razón es que el reclamo venezolano sobre el Esequibo está sujeto al Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece que si los gobiernos no se ponen de acuerdo en el método para la solución de la controversia “el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados”.
Los mecanismos que estipula la Carta de las Naciones Unidas son: “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.
De tal forma que si no hay acuerdo entre Guyana y Venezuela, es a Ban Ki-Moon a quien le tocaría tomar una decisión sobre el mecanismo idóneo para lograr el fin de la controversia y ciertamente, la Corte Internacional de Justicia es una de las alternativas válidas. Esa es la razón por la que tras la reciente reunión entre Granger, Maduro y Ban, se anunció que una comisión de la ONU vendrá a Venezuela, la intención es sopesar el mecanismo que pueda generar mayor consenso, o en su lugar, el que la ONU estime convenga a las dos partes. Ya la comisión estuvo en Georgetown.
-¿Le conviene a Venezuela ir a la Corte?-
“La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU”, explica la Corte en su portal WEB.
La Corte está compuesta por quince miembros, de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado. De lo primero que se encargaría la Corte no será evaluar qué parte del territorio le corresponde a cada país, sino analizaría, aparte de su competencia, si el Laudo Arbitral de París de 1899 cerró o no definitivamente el asunto de las fronteras entre Guyana y Venezuela. Venezuela tiene unos elementos de derecho para alegar la nulidad del referido Laudo.
El general retirado y abogado Oscar García Márquez, ex miembro del Consejo Nacional de Fronteras, explica en su libro “La Venezolanidad del Esequibo”, algunos de los elementos que respaldarían el alegato venezolano: Nulidad ab-origene porque la voluntad de Venezuela para este juicio se logró por coacción, excesos de poder del Tribunal, corrupción de alguno de sus miembros, falta de motivación de la sentencia, no se tomó en cuenta las reglas aplicables del derecho, son algunos de esos alegatos contra el Laudo parisino. Pero el asunto no es un mero tema jurídico.
La verdad es que casi todas las fronteras del mundo han sido producto de grandes arbitrariedades por parte de los países más poderosos, en este caso del Reino Unido en desmedro de Venezuela. Es decir, si la Corte Internacional de Justicia declara la validez del reclamo venezolano podría traer como consecuencia la reapertura de gran cantidad de solicitudes similares ante esa instancia.
De esta forma, el hecho que la Corte Internacional de Justicia revise y decida sobre la reclamación venezolana podría suponer que se borre en forma definitiva las barras sobre el mapa del Esequibo, a pesar de la largas décadas de insistencia de parte de los gobiernos de la República Civil, en cuanto a que el tema no saliera de la vía bilateral. A esto nos expuso el Gobierno de Nicolás Maduro.
