Venezuela vive hoy una espinosa crisis política y luce recalentada como un pajonal seco. Desde dentro y fuera del país muchas voces autorizadas han advertido que hay riesgo de una guerra civil, o al menos de un conflicto en escalada.
El país corre riesgo de caer en una mayor ingobernabilidad desde que Nicolás Maduro comenzó un segundo mandato que no es reconocido por la oposición ni por buena parte de la comunidad internacional porque viene de unas elecciones convocadas por una asamblea constituyente creada por Maduro para gobernar con poderes absolutos y anular las funciones del parlamento opositor.
Las elecciones del 20 de mayo fueron ejecutadas siete meses antes de los establecido en la Constitución, y en ella tenían prohibido participar los principales partidos opositores y sus líderes históricos.
Con el argumento de que Maduro usurpa las funciones del ejecutivo debido a esas elecciones ilegítimas, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó el 23 de enero como presidente encargado de la nación y ha recibido el respaldo de Estados Unidos y varios otros países americanos, así como de la Unión Europea, Australia y Japón.
Maduro califica la crisis actual como un golpe de estado en desarrollo, y promete tomar las armas para enfrentar a sus rivales. En diarias jornadas de propaganda, visita guarniciones militares, ratifica arengas patrioteras y este sábado 9 de febrero lleva a cabo juegos de guerra en ejercicios militares en todo el país.
Las expresiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus principales colaboradores, de que “todas las opciones están sobre la mesa” dejan entrever amenazas de una posible intervención militar, contra el gobierno de Maduro.
Pero independientemente de que Venezuela pudiera convertirse en una zona de conflicto armado, y se agraven las carencias de todo tipo, lo cierto es que este arruinado país ya vive situaciones muy precarias desde mucho antes que se agudizara la actual crisis política y aumentaran las presiones internas y externas.
“La gente en el barrio está viviendo un momento de mucha, de mucha dificultad. Se esta agudizando el hambre, por la hiperinflación que cada vez es más acelerada y mucho más en el barrio, siempre es mayor en los sectores populares que en otros lugares”, dijo el sacerdote Alfredo Infante, un jesuita que trabaja en la populosa barriada de La Vega, en Caracas, con las escuelas de Fe y Alegría, de la Compañía de Jesús.
Hay sectores que llevan hasta tres meses sin agua, con los consecuentes problemas de salud pública. Lo peor es que no hay información sobre el estado real del acueducto, señala.
“Todas las escuelas del barrio se están descapitalizando de recursos humanos. Los docentes no están llegando a las escuelas por el costo del pasaje, porque están con hambre, porque tampoco tienen agua, porque el salario no les alcanza ni para comprar un cartón de huevos (tres docenas)”, señala este activista social.
Los niños también están abandonando la escuelas por problema del agua, porque tiene que caminar hasta hora y media por falta de transporte.
Venezuela sufre una hiperinflación que se proyecta en 2,688 millones por ciento en 2019, de continuar la tendencia de enero, cuando fue 191%, según encuestas del Parlamento. La economía ha perdido la mitad de su PIB en cinco años, en medio de una depresión económica inédita en América, y todos los indicadores sociales y de desarrollo humano se han desplomado a niveles semejantes a los de países con años de conflicto armado..
“El tema la cotidianidad es cada vez más cuesta arriba. Nos han quitado el piso que es necesario, la mínima rutina diaria para darle cierta certidumbre en la vida”, dice Infante.
Pero, como en las postguerras donde hay reconstrucción, al menos hay una esperanza ahora.
“Curiosamente en medio de esta situación percibo que hay una esperanza muy profunda. La gente se está movilizando, la gente de los barrios ha bajado en gran número para las manifestaciones y hay como una energía, una esperanza, porque por primer vez en la vida se percibe la posibilidad de un cambio real, político. El deseo profundo de la gente es un cambio electoral”, precisa.
Desplazados por la violencia.
Desde hace varios años, habitantes de los caseríos Barlovento, en el estado Miranda, han tenido que abandonar sus hogares por amenazas violentas de las bandas delictivas que allí tienen sus cuarteles generales y que emplean armas de alto calibre, granadas y potentes explosivos.
En la lucha contra esos grupos irregulares a menudo la propia Policía Nacional y la Guardia Nacional cometen sus propios excesos: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, según denuncias de Organizaciones No Gubernamentales.
El actual gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv, ha admitido que no solo las familias de varias zonas del estado Miranda han sido desplazadas por la hampa, también muchos agricultores, especialmente los cultivadores de cacao, han dejado sus tierras por la acción del hampa que amenaza sus vidas.
Los municipios Andrés Bello y Acedo, son las zonas más afectadas por los desplazamientos. Habitantes de las comunidades de Juan Díaz, El Potrero, El Limón y El Mago, El Morro, El Aguacatico, La Lucha y Río Chico, entre otros han denunciado la situación.
“Junto a mi familia vivía en una de las comunidades del municipio Andrés Bello, en donde se formaron las megabandas. Nos robaban continuamente y nos obligaban a pagar vacuna (extorsión), éramos un grupo de agricultores con sembradíos de cacao, vivíamos con miedo. Un día comenzaron los secuestros y asesinatos, así como el asalto de las casas, antes de perder la vida, nos fuimos del nuestro hogar”, dijo un agricultor, que pidió mantener su nombre en el anonimato.
Los vecinos señalaron que precisamente estos sectores de Miranda fueron los elegidos como “Zonas de Paz” por el gobierno de Nicolás Maduro, en la persona de José Vicente Rangel Ávalos, (actual alcalde del municipio Sucre), cuando era viceministro de Relaciones Interiores en el 2013.
Con esas zonas de tolerancia a los delincuentes el chavismo trató, sin ningún éxito, de llegar a acuerdos con las megabandas para que depusieran las armas y se incorporaran al trabajo productivo.
“Les dieron dinero para montar fábricas de bloques, para cultivar, para procesar cacao, hasta le compraron unas vacas y unos cochinos para la cría, entre otros proyectos. Al final lo que hicieron fue darle más poder a los delincuentes y ni siquiera la policía podía entrar a esas comunidades”, dijo otro de los vecinos desplazados.
Situación similar viven los habitantes de las comunidades de Guasipati y Turmero, del estado Bolívar, ubicadas cerca de las minas de oro que son controladas por megabandas y que han ocasionado que una gran cantidad de personas, familias enteras, también se desplacen huyendo de la violencia.
El asesinato de un grupo de mineros en mayo del 2018, ejecutados por una banda liderizada por un delincuente apodado “El Topo”, es solo una muestra de lo que se vive en la zona, y del miedo generalizado que ha llevado a residenciados en el estado Bolívar a otras zonas en busca de seguridad.
En Caracas, en los barrios ubicados en la Cota 905, El Valle y El Cementerio, hay casos de familias desplazadas por las bandas de delincuentes. Entre los más afectados están los agentes de la policías que habitan en estos sectores populares y deben salir para mantenerse vivos.
En el mes de marzo del 2016, un grupo de delincuentes asesinaron y descuartizaron a un joven de 17 años de edad, cuando se dirigía a visitar a su madre en el sector del Cementerio, solo por ser hijo del inspector jefe de la policía Municipal de Caracas, Douglas Rodríguez, después del hecho la familia se tuvo que mudar ante las nuevas amenazas.
Desplazamiento fuera de las fronteras
Desde hace varios años miles de venezolanos ha escapado de la situación política y económica de Venezuela, y se ha desplazado a otros países, pues consideran que ya no pueden vivir en un ambiente muy parecido a la guerra.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, para los Refugiados, señala en su página web “Las personas continúan saliendo de Venezuela debido a la violencia, la inseguridad y las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 3 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América del Sur, este es el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina.
Foto: Daniel Hernández/El Estímulo
Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Muchos llegan asustados, cansados y en extrema necesidad de asistencia”.
En la guerra reclutan a los niños
Las autoridades de la Unicef han realizado levantado alertas en torno al reclutamiento de niños desde los siete años de edad entrenados y mandados a la guerra, en Siria o en Colombia.
A menor escala, en Venezuela son las bandas delictivas las que se mantienen en constante reclutamiento de los niños, para sumarlos a sus filas aprovechándose de las necesidades que pasan los jovencitos en sus comunidades y hogares.
Según estudios de la Asociación Civil Paz Activa, los niños comienzan a ser reclutados por el hampa a partir de los 10 años de edad, cumpliendo funciones de vigilantes, traslado drogas o municiones y con el paso del tiempo robos a mano armadas, secuestros, ventas de drogas y homicidios.
Foto: Andrea Hernández/El Estímulo
Representantes de Cecodap, organización dedicada a proteger los derechos de las niñas y niños, han divulgado varios estudios en los que advierten el aumento de los niños participando en hechos delictivos, durante los últimos años.
“Aquí en la parte alta de los barrios de la zona de El Cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, de Caracas, hay muchos niños que han sido reclutados por la bandas delictivas, abandonan sus familias, sus estudios y con el paso del tiempo se han convertido en azotes de barrio. Algunos al final pierden la vida en los enfrentamientos con otras bandas o con la policía. Es una lástima que no encuentren motivación para tomar otra vida”, señaló uno de los vecinos, que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.
Falta de comida.
La falta de comida genera constantes protestas en el país y disparado las cifras de desnutrición, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en sus informes ya desde el año 2016.
“La desnutrición en Venezuela aumentó a 13% durante el gobierno de Maduro. Venezuela es el país que registró el mayor aumento en el número de subnutridos en América Latina, pasando de 2,8 millones de personas en 2015 a 4,1 millones, con una prevalencia del 13% de su población”, alertaba antes de que se agravara el colapso de la economía y la crisis política.
A pesar que Nicolás Maduro durante la entrega de su memoria y cuenta ante la asamblea Nacional Constituyente en enero del 2019, aseguró que habían logrado disminuir la pobreza extrema en el país “un pelito”, la verdad es que la pobreza arrecia en casi todos los hogares venezolanos.
A la tasa oficial del dólar, el salario mínimo en Venezuela, que perciben unos cuatro millones de trabajadores, equivale a 5,4 dólares por mes, es decir, 18 centavos de dólar. Mediciones internacionales, como los del Banco Mundial, indican que un ingreso menor a 1,90 dólares por día es un indicador de pobreza.
En las calles de Caracas y el interior del país, se multiplican las personas, las familias, los niños buscando algo de comer entre las bolsas de basura. Tal es el caso de Joaquín Pérez , (nombre ficticio) que vive en el barrio Ciudad Tablita, del sector Antímano, en Caracas.
“Tengo mi familia conformada por mi mujer y tres hijos, no tengo empleo y trato de rebuscarme diariamente cargando agua y comprando las bombonas de gas para mis vecinos. Desde hace algún tiempo mi esposa y yo buscamos entre las bolsas de basura alimentos para darle a nuestros hijos. Antes acudíamos cerca de las carnicerías y restaurantes, nos regalaban pellejos de pollo y algunas sobras, pero ya no nos dan nada. Ahora acudimos a los mercados a buscar los desperdicios que dejan los vendedores de verduras y frutas, pero cada día tenemos más competencia de personas, especialmente de niños que hacen lo mismo que nosotros”, señaló.
Foto: Cristian Hernández/El Estímulo
José Salcedo es vecino de un sector popular de Petare, municipio Sucre, del estado Miranda. Es padre de 6 hijos con edades comprendidas entre los 18 y 2 años de edad.
“Trabajo en un ente público y gano salario mínimo, soy el único que trabaja en casa. En mi hogar como en otros hogares, dependemos de los alimentos que nos entrega a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción, Clap, que solo nos alcanza para comer una semana a los 8 integrantes de mi familia”, dijo Salcedo.
Las famosas cajas Clap, es un paquete de alimentos racionados por el partido de gobierno y son la principal política social del régimen de Maduro.
Dice que las otras semanas del mes tiene que pedir ayuda a sus vecinos para poder darle de comer a sus hijos. “algunas veces me dan un kilo de arroz o pasta. Hay días que en casa desayunamos, almorzamos y cenamos arroz solo, no me alcanza el dinero para la compra de pollo, carne o pescado”.
Cómo zona bombardeada
En algunas comunidades de Caracas, como en el interior del país, hay personas que viven en zonas tan degradadas que parecen haber sufrido un bombardeo.
En la urbanización El Morro, en Petare, el barrio La Pedrera, en Antímano y Nueva Tacagua, en Catia, los habitantes viven en alto riesgo, con edificios y casas en ruinas, en vilo por los movimientos de tierra.
El Morro fue construida a través del programa social “Misión Vivienda Venezuela”, en unos terrenos no aptos para ello. Allí viven hoy 317 familias trasladadas desde otra zonas cuando en su momento perdieron sus viviendas por las lluvias. Ahora vuelven a ser damnificados por los movimientos de terreno.
Foto: El Estímulo
“Aquí los edificios se nos están cayendo con nosotros dentro, la calle principal se hundió, lo que impide el paso vehicular. La cañerías se fracturaron y las aguas negras invaden los destartalados apartamentos. Hay niños sufriendo de sarna y al no tener servicio de agua la situación se agrava cada día. Con los sismos que se han presentado, las grietas se han multiplicado en toda la zona, esto parece un campo atacados por misiles”, dijo una de las vecinas.
Igual situación viven los vecinos del barrio La Pedrera de Antímano, en Caracas, que fue visitado por el propio expresidente Hugo Chávez, para ordenar su desalojo por el alto riesgo. “Aquí vivimos en casas entre ruinas, sin ningún servicio público, hay familias viviendo en containers de latón, en medio de la más cruda miseria humana, pero a las autoridades no les importa”, dijo Pablo Ortíz, vecino de la zona.
Toque de queda eterno
Como si estuvieran en un campo de guerra, los vecinos del barrio José Feliz Ribas, en Petare, en el estado Miranda, ya se acostumbraron a vivir con un toque de queda que imponen los malandros, los llamados pranes de la zona, que han asumido el control de todo.
“Aquí en la zona hay un pran apodado EL Wilexis, que comanda una banda de unos 100 delincuentes, fuertemente armados, controla la venta de drogas. Ha cometido varios asesinatos y no nos permiten salir, tampoco entrar a nuestras casas. Cuando ellos ordenan los toques de queda, mandan a cerrar los negocios, deciden la hora que debe funcionar el transporte público y hasta los días que se dará clases en las escuelas. Esta situación la conocen las autoridades, pero nada hacen, pues ellos también le tienen miedo a los malandros”, dijo una de las vecinas del sector.
Esta situación que viven en Petare, se repite en otros sectores del país, como el barrio el 70 de El valle.
Sin hospitales, tampoco medicinas.
Las denuncias de las pésimas condiciones en las cuales se encuentran los hospitales en Venezuela se repiten desde hace varios, tanto dentro como fuera del país. La muerte de los niños del Hospital J.M de los Ríos en Caracas, por la falta de medicinas y equipos, así como el fallecimiento de los enfermos crónicos de cáncer, HIV, los que requieren diálisis, por la carencia de sus tratamientos, es el fiel reflejo de la crisis de la salud.
“Yo no me imagino de haber un conflicto dentro del país, en donde serán atendidos los heridos, aquí nuestros centros de salud no llegan ni siquiera a hospitales de guerra, no hay nada. En mi caso mi cuñada estaba enferma de cáncer, pero no logramos conseguir los tratamientos, no hay quimio terapias en el país, ella murió por falta de medicinas”, dijo María Castillo.
Foto: Alvaro Ybarra/El Estímulo
Manuel Cedeño, tenía que operarse de emergencia de una hernia que amenazaba su sistema digestivo.
“Me anotaron en una jornada de quirúrgica que realizaron en un hospital público, pero tuve que pagar por todos los exámenes preoperatorios pues los laboratorios públicos no tienen reactivos. Tuve que comprar hasta los guantes, tapaboca que utilizaría el médico, además de los medicamentos, suturas, anestesia, antibióticos, en el mercado negro y pagar a precios de dólar libre”, señaló.
Por estas razones es que en habitantes de distintos sectores de Venezuela, señalan ya viven los estragos de una guerra, sin haber participado en ningún conflicto bélico.
