Por su parte, el director de Conatel, William Castillo, reconoció que "el problema es muy grande" y aseguró que el organismo viene detectando ese tipo de fenómenos. "Tu cierras una radio clandestina y aparecen tres. Ahora, ¿quién las abre? Empresarios, políticos, a veces funcionarios públicos, es decir, es un problema complejo", dijo.
La Cámara Venezolana de la Industria de Radiodifusión denunció este miércoles ante la Comisión Permanente de Medios de Comunicación que existen unas 1.500 emisoras «clandestinas» que crean «anarquía» en el espacio radioeléctrico, y pidió al gobierno renovar las concesiones de las frecuencias legalmente constituidas, según señaló AFP.
La presidenta de la Cámara, Enza Carbone, hizo la denuncia ante la comisión de la Asamblea Nacional (AN) y aseguró que esto genera «una competencia desleal, insana y gravísima» para el gremio.
Según la agencia de noticias, Carbone denunció que las estaciones «piratas» interfieren en las frecuencias de los aviones y sirven como tribuna a delincuentes para enviar mensajes. Además, venden publicidad a precios inferiores a los del mercado y operan sin pagar impuestos.
Desconocimiento «total»
Por su parte, la diputada oficialista Tania Díaz aseguró que la comisión tiene un «total y absoluto» desconocimiento de lo que ha significado «la comunicación popular» para el país.
«Nosotros, en el mejor espíritu del cumplimiento de las leyes de la República, vamos a aportar lo mejor y vamos a seguir trabajando desde esta comisión».
Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, aseguró que el problema de «anarquización, abuso e ilegalidad» del espectro empieza a mediados de los años 70 y se extiende.
«El problema es muy grande. Conatel viene detectando ese tipo de fenómenos y va haciendo operativos. Ti cierras una radio clandestina y aparecen tres. Ahora, ¿quién las abre? Empresarios, políticos, a veces funcionarios públicos, es decir, es un problema complejo», precisó entrevistado en Unión Radio.
Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Maduro, aseguró que desde el mes de enero ha habido una "escalada progresiva" de violencia contra los chavistas y, en conformidad la llamada Ley contra el Odio, se aplicará "mano dura" a los presuntos agresores
Algunos de los representantes de la Asamblea Constituyente (ANC) chavistas solicitarán la Unión Interparlamentaria (UIP) que "evalúe" a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens y Julio Borges por su participación en el presunto atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
