
«Hay mucho descontento en el Alto Apure contra el gobernador Ramón Carrizález, que tiene las manos metidas en todo esto y tenemos como demostrarlo. Él tiene diferencias con el Alcalde (Jorge Rodríguez Galvis), y nosotros pagamos sus errores políticos. Ellos son dos cabezas de gobierno que tienen que llegar a un entendimiento y no arrastrarnos a nosotros en esta pelea de diferencias», comenta Molina. La promotora social del ayuntamiento del Alto Apure, Saira Herrera, reitera que los trabajadores mantienen una lucha constante desde el mes de julio de 2015 por el pago que se les adeuda, incluyendo beneficios como cestatickets y aumentos aprobados por el gobierno en el año 2015 y 2016. Herrera sostiene que esta situación perjudica a 1.224 trabajadores.
«Nosotros queremos respuesta porque hemos tomado los entes reglamentarios, hemos ido a las instituciones. Yo soy madre soltera y tengo dos hijos que dependen de mí, y así como yo hay muchos otros. Esto perjudica a 1.224 trabajadores», señala.
Por su parte, Manuel Hernández empleado de la contraloría de la Alcaldía Distrital del Alto Apure, explica que los trabajadores solicitan al ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, y al vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, que se aboquen a resolver esta situación y a darle cumplimiento a la ley. Hernández afirma que existen deudas por créditos adicionales del ejercicio fiscal 2015, y que desde el mes de mayo de 2015 ningún trabajador de la Alcaldía percibe su sueldo. Han acudido al Ministerio de Finanzas y a la Onapre, pero hasta el momento no existe crédito adicional.

«Todas estas personas son padres y madres de familia, no tenemos cómo llevar la comida a nuestros hijos. En vista de que agotamos todas las instancias: fuimos a la Defensoría del Pueblo y la Fiscal General de la República conoce la situación. El Presidente de la República en la firma del contrato marco de la administración pública nos dijo que bajáramos las pancartas porque ya ese crédito adicional estaba aprobado, pero cuando nos dirigimos hacia la oficina nacional de presupuesto nos dijeron que no sabían por qué Rodolfo Medina no aceptaba esos recursos», dijo.
El trabajador barajea la posibilidad de que esto se trate de una lucha de poderes. Al igual que Aida Molina, quien denuncia que por «algunas diferencias» entre algunos personeros del Estado el pueblo está pagando los platos rotos. «Aún así, después de la derrota que tuvimos el 6 de diciembre, donde el pueblo habló expresando el descontento con las fallas que están en el alto gobierno, nosotros ni siquiera hemos recibido una llamada de reconciliación. A nosotros nos duele lo que está pasando», menciona Molina.

Ángel Figueroa, Secretario N° 3 de la Alcaldía, exige que se les den un trato igualitario en la Alcaldía Mayor de Caracas. «Nosotros quedamos a expensas del Ministerio de Finanzas, que es el que nos da los recursos. Sin embargo, ellos se ven impregnados por parte del gobernador Carrizález desde el punto de vista político «, agrega. Así como muchos de los huelguistas, reitera que ellos nacieron durante la revolución y la apoyan, pero pequeñas diferencias han llevado a esta situación en donde sus derechos laborales son afectados. «Esta disputa es una situación política. Hemos tenido problemas porque hemos asumido una actitud crítica y reflexiva con el gobierno, pero nosotros somos revolucionarios así no nos acepten. Cuando surgen diferencias con sus pautas te tildan de opositor», sostiene Figueroa.