Los ocho presos políticos que desde el 4 de diciembre mantenían una huelga de hambre decidieron levantar esa protesta el sábado tras un encuentro con el nuncio apostólico, Aldo Giordano y el diputado opositor Timoteo Zambrano en la sede de la policía política Sebin en el Helicoide (Caracas), donde están detenidos.
Los encarcelados Venus Medina, Andrea González, Betty Grossi, Renzo Prieto, Ronny José Navarro Rodríguez, Varila Yeimi, Villca Fernández y Gregory Sanabria anunciaron esta decisión en una carta escrita a mano divulgada por la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV).
El levantamiento de la huelga de hambre duró 13 días y se realizó en la noche del sábado de manera unánime.
Los presos explicaron su decisión ante el deterioro de la salud de los detenidos y para garantizar sus vidas. El grupo reclamaba la liberación de los más de cien encarcelados por razones políticas que tiene el presidente Nicolás Maduro y el incumplimiento de los acuerdos pactados en una mesa de diálogo que inició el Gobierno y la oposición el 30 de octubre con la facilitación del Vaticano.
El grupo manifestó estar «esperanzado» por la liberación de presos en las próximas horas.
Según cifras de la ONG Foro Penal, el 38,9% de los presos políticos en Venezuela (de un total de 108 personas) se encuentra recluido en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Solo 22,7% de ese grupo ha recibido condena por el sistema judicial. El resto está siendo procesado.
Abdul fue miembro de la Comisión Nacional que organizó por parte de la sociedad civil la elección primaria del 22 de octubre, en la que resultó electa María Corina Machado, por abrumadora mayoría, como candidata unitaria por la oposición.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Perú detener la liberación, se confirmó el indulto concedido por razones humanitarias en la noche del miércoles
Provea denuncia la injusta detención del defensor de los Derechos Humanos, profesor y director de FundaRedes, Javier Tarazona. "Evidencia el hostigamiento y persecución del Estado contra quienes defienden derechos humanos en Venezuela", señala.
