La Sala Constitucional declaró "inadmisible" la solicitud hecha por Luisa Ortega Díaz en la que pide la aclaratoria de la sentencia número 378 que considera innecesario un referéndum para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que concluye que «al no tratarse de una acción popular, la Fiscal General de la República, quien no fue la solicitante de la interpretación en cuestión, mal podría invocar un interés general o una “particular” concepción del orden público, para solicitar la presente aclaratoria».
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, asistió el pasado jueves a la sede del TSJ a consignar un escrito ante la Sala Constitucional, para pedir una aclaratoria sobre la sentencia que emitió este 31 de mayo en la que expresa que “no es necesario un referéndum para activar una Constituyente”.
«Estamos solicitando (una explicación ya) que quieren convocar una modificación del texto constitucional sin consultar al pueblo. Estamos pidiendo para la seguridad jurídica, que el TSJ en la Sala Constitucional, aclare estos aspectos”, dijo entonces.
La respuesta del máximo tribunal indica que como Ortega Díaz no fue la solicitante original de la interpretación, no está habilitada para pedir una aclaratoria de la misma.
«La Fiscal General de la República no fue la ‘accionante’ o ‘recurrente’ en la interpretación y al ser un asunto de mero derecho en el cual no hubo contención, tampoco fue ‘parte’, por lo cual, a pesar de invocar su condición de representante del ‘interés general’ y del ‘orden público’, no puede ser considerada ‘parte’ desde el punto de vista técnico», señala la sentencia.
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Candidatos inhabilitados por la Contraloría tienen plazos desde este 1 de diciembre hasta el día 15 para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso legal y un recurso de amparo contra éstas inhabilitaciones.
Así lo aseguró el jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria Democrática Gerardo Blyde, al ser consultado por la fecha límite del 30 de noviembre que supuestamente puso el Departamento de Estado de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro para que continuará cumpliendo con los acuerdos firmados en Barbados.
El TSJ ha decidido dejar sin efecto a las elecciones primarias de la oposición. Aunque emana de un “órgano de justicia”, en realidad debe leerse como lo que en verdad es, una decisión netamente política. Las organizaciones de derechos humanos vienen documentando la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, y este caso lo viene a corroborar
