Khemraj Ramjattan, ministro de Seguridad Pública de Guyana, informó al diario local Kaieteur News el envío de efectivos de seguridad para salvaguardar a los mineros de esta banda criminal, que nació en el estado Bolívar y controla vastas zonas del llamado Arco Minero del Orinoco, según organizaciones que operan en esa zona.
Los agentes de seguridad guyaneses serán establecidos en la región Barima-Waini (mejor conocida como Región Uno) ubicada al norte de la Zona en Reclamación, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados disputado por ambos países vecinos, que será dirimido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya pese al rechazo del gobierno venezolano.
Ramjattan pidió apoyo a los residentes de esa zona para identificar a los miembros de la banda criminal, que según denuncias, está extorsionando a mineros.
«Necesitamos personas en el área para identificar a los presuntos miembros de esta pandilla (…) Eso será de mucha ayuda, pero también tendremos que enviar a más oficiales de cumplimiento de la ley para enfrentar esta situación”, afirmó el ministro.
“Actualmente estamos actuando sobre toda la información que hemos obtenido”, agregó Ramjatta.
Según las denuncias, los mineros que operan en el lado este del río Cuyuni, que separa a Guyana de Venezuela, están siendo amenazados por las operaciones del “Sindicato”.
Los miembros de esta mafia están exigiendo alimentos, dinero en efectivo y otros objetos de valor a los mineros a cambio de trabajar con seguridad en la zona, según Kaieteur News
Las extorsiones se intensificaron en las últimas semanas debido a la gravedad de la crisis económica y social de Venezuela, de acuerdo al rotativo.
La semana pasada, los mineros pagaron un anuncio en Kaieteur News, solicitando «ayuda urgente» al Gobierno de Georgetown para frenar las actuaciones de esa mafia.
Según el anuncio, el “Sindicato” demandaba un gramo de oro por cada cinco galones de combustible que tenían que pasar de Venezuela a Guyana, por cierto, de manera ilegal.
Hace unas semanas, se informó que miembros de la mafia se estableció un campamento en el lado venezolano del río Cuyuní, a unos cinco kilómetros de Eteringbang.
«Somos muy dependientes del río para el transporte de suministros y alimentos para nuestras operaciones. Esto es peligroso. El río Cuyuni es aguas abiertas que también pertenecen a Guyana. Se supone que no debemos pagar nada», afirmaron los mineros.
Ramjattan afirmó que las preocupaciones se están tratando en el Consejo de Seguridad Nacional.
El Ministro reveló que el jueves pasado dirigió a miembros de la comisión de supervisión parlamentaria bipartita sobre seguridad a la Región Uno, donde visitaron cuatro estaciones de policía.
Los mineros han pedido a las autoridades de Georgetown colocar campamentos coincidentes en el lado de Guyana del río Cuyuní para proteger a los lugareños.
Según el diario guyanés, el poder del “Sindicato” se estableció en 2017 en San Martín, una comunidad de Venezuela frente al desembarcadero de Eteringbang en el río Cuyuní. Otra pandilla habría montado otro campamento a unas 20 millas de distancia en un lugar llamado Butanamo.
Miembros de la banda venezolana son acusados de asesinar al menos dos guyaneses en zonas mineras ubicadas en El Esequibo, donde se encuentran enormes yacimientos de minerales y reservas de petróleo.
El “Sindicato” nació en el estado Bolívar y es señalado de imponer su ley a sangre y fuego en los campamentos de esa entidad. Al menos ocho jefes o pranes extorsionan a mineros y comerciantes controlan el tráfico de oro y drogas en esa entidad, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia.]]>