El pasado 20 de mayo, en medio de la convulsionada coyuntura política venezolana, Nicolás Maduro, gobernante desconocido por más de 50 países, planteó anticipar las votaciones de la Asamblea Nacional (AN), que desde 2016 está bajo el control opositor.«Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. ¡Vamos a elecciones adelantadas de la AN para ver quién tiene el pueblo!», vociferó Maduro, durante un acto político convocado para celebrar el primer aniversario de su polémica reelección, considerada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional como fraudulentas.
Acceso a la justicia califica esta proposición como una «artimaña», carente de respaldo legal, de la Administración chavista y lo explica en cuatro claves:
1. Violación del artículo 192
Al recortar el mandato de los diputados, el adelanto de las elecciones parlamentarias se traduciría en una violación del artículo 192 de la Constitución, cuyo texto establece que los miembros de la AN durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones.
2. «Usurpación a la soberanía»
La medida, de materializarse, contrariaría además el artículo 5 al constituir una «usurpación a la soberanía del pueblo» que eligió a los parlamentarios, a través del sufragio, para la legislatura de 2016-2021.
3. Proceso parcializado
Según datos de Consultores 21, para mayo de 2018, nueve de cada diez electores opositores dudaba de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su directiva, la cual fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -cuya autonomía también es cuestionada- y no por el Parlamento, como manda la ley.
Esta situación también irrespetaría el artículo 63 que establece que el sufragio «se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas», condiciones que, considera la organización, no son garantizables actualmente.
4. Falsa oferta
El observatorio venezolano de justicia precisa que el adelanto de las parlamentarias es una «falsa oferta», teniendo en cuenta que un importante número de partidos políticos y líderes opositores al régimen de Maduro están inhabilitados, tras decisiones dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, el TSJ, el CNE y la Contraloría General de la República (CGR)
En ese contexto -opina- no sería posible asegurar unas elecciones competitivas, pues el cuerpo electoral no tendría una verdadera libertad de elegir a sus candidatos por la ausencia de una real diversidad en la oferta electoral.
«De allí que ante la carencia de candidaturas de organizaciones políticas de la oposición, la ausencia de separación efectiva de poderes y la falta de transparencia y credibilidad en el CNE descrita en el punto anterior, entre otros aspectos, resulta claro que este nuevo proceso electoral tampoco sería democrático ni creíble, como no lo fue el de la elección presidencial el 20 de mayo de 2018», concluye el texto.
Con información de nota de prensa