Narrativas mutantes: la crisis en el discurso chavista

“En el país de la crisis humanitaria”, dijo la internacionalista española Arantxa Tirado con el Centro Comercial El Recreo como fondo: “podemos ver absoluta normalidad, comercios, gente paseando, comprando, incluso puestos de comida. Hay un McDonald’s”. Tirado, como dice el título de su video publicado a principios del 2019, buscaba “desmontar” la ‘crisis humanitaria’ (así, entre comillas) de Venezuela. “Ya en pocos metros me he encontrado con dos McDonald’s”, dice en otro video. Para Tirado, los arcos dorados eran la prueba de que la crisis humanitaria no era real.

Poco después, una investigación periodística reveló que Tirado había venido al país junto a otros 30 extranjeros afines al chavismo –alojándose en el Gran Meliá– por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tirado, enfocándose en cadenas de comida rápida y centros comerciales capitalinos, empujaba una narrativa que buscaba proyectar a la crisis como un invento mediático. Aunque la ENCOVI de años anteriores reveló que más de 90% de los venezolanos viven bajo la línea de pobreza y que casi el 70% de los venezolanos perdió un promedio de 11 kilos de peso, Tirado –como explicaría en su libro publicado unos meses después– insistía en que los reportes de hambre, autoritarismo y apagones se debían a narrativas ficticias impulsadas por los medios internacionales y la diáspora venezolana. “Venezuela ejemplifica como ningún otro caso la muerte del periodismo”, dijo.

Tres años después, la narrativa no solo acepta la existencia de la crisis: culpa al “bloqueo” de Estados Unidos, es decir a las sanciones sectoriales y financieras que impuso sobre Venezuela. En 2020, por ejemplo, Delcy Rodríguez culpó a un “bloqueo de fondos” para adquirir vacunas contra la covid-19 y acusó a EEUU de cometer “crímenes de asesinato, de persecución, de exterminio”. Para 2022, “el bloqueo” sirve incluso para justificar que la escultura del cacique dorado en la autopista Francisco Fajardo en Caracas no estuviese concluida: “El bloqueo nos está dando a todos nosotros”, dijo su escultor Juan Rodríguez: “Que Venezuela quede allí, no pueda avanzar más”.

“El chavismo y la revolución bolivariana son un movimiento dinámico que cambia; que se ajusta a las circunstancias”, explica Antulio Rosales, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Nueva Brunswick en Canadá: “Si bien tiene grandes narrativas que mantiene a lo largo del tiempo, también es capaz de adaptarse y cambiar conforme considere le conviene en el momento en que sea necesario” porque su “objetivo fundamental es mantenerse en el poder”.

Por ello, maneja distintos mensajes con diferentes audiencias y los cambia como le parezca más conveniente: “Mantener el poder es más importante que mantener la coherencia”, dice el profesor Rosales. Por ello, a partir del 2013, el chavismo empezó a negar una crisis que “evidentemente era el resultado de sus propias políticas, de sus propios errores”, explica.

El propagandista norteamericano Max Blumenthal –que dirige The Grayzone, una página conocida por sus teorías de conspiración y negacionismo de atrocidades cometidas por regímenes autoritarios– también grabó videos en el exclusivo centro comercial San Ignacio en su «investigación» acerca de la existencia de una “crisis humanitaria” (una vez más, entre comillas) y del “socialismo autoritario del que tanto hablan los medios corporativos”. Por supuesto, entre las joyerías y los restaurantes del centro comercial, Blumenthal ‘concluyó’ que la crisis era un invento mediático.

La narrativa negacionista no fue solo un asunto de propagandistas extranjeros en viajes lujosos por Caracas. En 2016, por ejemplo, Diosdado Cabello aseguró que la mayoría de las personas que hacían largas colas de madrugada en los supermercados por la escasez eran realmente extranjeros que planeaban llevarse los productos fuera de Venezuela para generar descontento. Ese mismo año, el ministro de comercio exterior Jesús Faría –en entrevista con Vladimir Villegas– negó que los venezolanos no comieran tres veces al día, prometiendo una “ofensiva” contra “la guerra económica”.

En 2019, el mismo año de los videos de extranjeros en Caracas, la vicepresidente Rodríguez incluso aseguró que “esa mentira de la crisis humanitaria es solamente un pretexto para invadir Venezuela”. El país no estaba colapsando, no estaba atravesando una crisis humanitaria, sino que estaba siendo sitiado por enemigos externos: el apagón de marzo de aquel año, por ejemplo, era resultado de un “ataque electromagnético” según Maduro.

Luego, siguieron las sanciones sectoriales e individuales y el endurecimiento de las sanciones financieras. “Cayeron como un anillo al dedo”, dice Rosales, “El gobierno pudo aprovechar las sanciones como un giro de discurso. Utilizarlas para su conveniencia”.

La narrativa mutó.

El bloqueo omnipresente

“Las sanciones como política externa de EEUU no son unilaterales”, explica Antulio Rosales: “El actor que las recibe también puede usarlas”. Por ello, el gobierno venezolano ha sabido utilizarlas a su favor, siguiendo el ejemplo histórico de Cuba donde el embargo estadounidense ha servido “como una justificación discursiva importante para cualquier problema que pueda tener Cuba”.

Así, “todo lo malo va a ser resultado de ‘el bloqueo’”, explica Rosales: “Ya no hace falta inventar historias como ataques cibernéticos o golpes de Estado que no tenían pruebas directas”. Para la politóloga Stefania Vitale, la coincidencia de la recesión económica por un período extendido, las presiones erráticas de la oposición, una emergencia humanitaria agravada por la pandemia de la covid-19, la fuerte presión política internacional y las tensiones internas del chavismo llevaron a que el gobierno no pudiese “evitar reconocer la crisis en su narrativa”. Sin embargo, dice, “la inserción de la crisis dentro de la narrativa está atada, principalmente, al impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos”.

Además de constantemente achacarle a las sanciones la crisis humanitaria y el colapso de los servicios y la infraestructura venezolana, el chavismo también ha usado las sanciones para expiarse del colapso de Venezuela y generar apoyo internacional: por ejemplo, congresistas estadounidenses firmando cartas exigiéndole a Biden levantar las sanciones por su supuesto impacto sobre el país, el grupo de izquierda Code Pink organizando un tour “feminista venezolano” por Estados Unidos para hablar del supuesto impacto de las medidas sobre las mujeres o la controvertida relatora contra las sanciones Alena Douhan exigiendo su levantamiento por –según ella– haber sumido a Venezuela en una crisis.

“Es una narrativa útil que ha tenido eco en el mundo académico”, dice Víctor M. Mijares, profesor de ciencias políticas y estudios globales la Universidad de los Andes en Bogotá: “Exculpa parcialmente al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana, de haber acabado con su propia industria petrolera”.

“El asunto de las sanciones es un agente omnipresente”, explica el académico: “Está en todo. Se le puede achacar a cualquier cosa que vive la sociedad venezolana”. De hecho, en junio del 2021, Maduro incluso afrontó la omnipresencia de esta narrativa: “¡A nadie le acepto la excusa de que el bloqueo le impidió hacer tal cosa!”, dijo, “¡A parir soluciones!”.

La mutación de la narrativa en torno a la crisis humanitaria ha permitido al gobierno tratar el tema –previamente bastión narrativo de la oposición– por medio de sus aliados internacionales: acercándose a países que no son “consistentes ideológicamente, pero tienen como punto en común una animadversión, o en el mejor de los casos una suspicacia, hacia Estados Unidos y su liderazgo internacional”.

Por ejemplo, después de que “la ayuda humanitaria” se convirtiese en un leitmotiv central del discurso opositor tras el auge de Juan Guaidó a principios del 2019 –llevando a conflictos y bloqueos viales en Cúcuta y en la frontera con Brasil– el chavismo ha buscado mostrarse como garante de esta. En 2020 recibió “ayuda humanitaria” de China –usando el término explícitamente en sus medios– contra la covid-19. Igualmente, afirmó burlar ‘el bloqueo’ gracias a la gasolina que proveyeron los buques iraníes. La concepción, que rechaza las pretensiones humanitarias de Occidente, data desde que China –sin usar el término ‘ayuda humanitaria’– envió el buque hospital “Arca de la Paz” a La Guaira por una semana en 2018.

“El anti-imperialismo es un hilo conductor del chavismo desde el socialismo bolivariano hasta el capitalismo oligárquico”, dice Rosales. De hecho, la ‘resistencia’ a Estados Unidos y la narrativa en torno a las sanciones le ha servido para profundizar su abandono del socialismo hacia políticas capitalistas. La “Ley Antibloqueo” del 2020 –bajo la premisa de evadir las sanciones de Estados Unidos– permite al ejecutivo actos administrativos y hasta privatizar, de forma opaca y sin supervisión legislativa. Desde entonces, el gobierno ha hecho ‘alianzas estratégicas’ con privados para el manejo de bienes públicos y profundizado políticas de desregularización.

Este año, en plena ruta hacia un capitalismo oligárquico, Maduro propuso “un nuevo sistema 2022-2030 de transición al socialismo, basado en la práctica” que consiste en las “3 R: resistir, renacer y revolucionar”. Por medio de la resistencia “frente a las agresiones imperiales”, del bloqueo omnipresente, el país “renace”. Atrás, quedan las 3R de Chávez: “revisión, rectificación y reimpulso” tras la derrota electoral del 2007 y “reunificación, repolarización y repolitización” a partir del 2010. Las sanciones, excusa inagotable, justificarán ahora el Gran Viraje chavista.

¿Apátridas, bioterroristas y víctimas del bloqueo?

La representación del éxodo venezolano también ha mutado de la mano de la narrativa en torno a la crisis. En un principio, posterior al paro petrolero del 2003, la migración “fue bienvenida” por el chavismo –dice Masaya Llavaneras Blanco, profesora asistente en el Centro de Estudios Globales de Huron University College en Canadá, experta en migración– que estaba interesado en “procurar una expulsión de los actores políticos de la élite previa”.

“Hasta ahora la clase media escuálida no ha visto la posibilidad de establecer pequeños negocios ni conseguir buenos empleos para radicarse en Miami”, escribió Fernando Saldivia Najul en el portal chavista Aporrea en 2010: “por lo que no nos queda otra que seguir cargando con ese bacalao al hombro”.

De hecho, Hugo Chávez impulsó el escándalo en torno al documental Caracas Ciudad de Despedidas (2012) –en el que jóvenes de clase alta y media alta explican su deseo de migrar, con un famoso “me iría demasiado”– mencionándolo por lo menos dos veces en sus alocuciones. El propósito fue mostrar la migración como una cuestión de clases adineradas sin sentido de pertenencia, ajenas al destino que la revolución bolivariana quería para Venezuela: “La postura del gobierno es ‘bueno, esto no es conmigo y en todo caso lo celebro. Estos no son mi gente’”, explica Llavaneras Blanco.

En 2016, la psicóloga Carmen Cecilia Lara dijo en el programa televisivo “Y si lo pensamos bien” de VTV que “si se hace un estudio de los jóvenes que se han ido entre los últimos 10 años, podríamos decir que en un 60% son de familias de origen extranjero”, descendientes de una inmigración cuyo propósito “es blanquear el país. Por supuesto, imagínese usted, cómo crecen esos muchachos e hijos de extranjeros, esas personas no crecen con el amor a la patria”.

Pero, una vez que el éxodo se hizo masivo y los sectores más desfavorecidos empezaron a migrar en masa, hubo que afrontar la existencia de un proceso migratorio de otras maneras. El negacionismo de nuevo, por ejemplo. En agosto de 2018, Diosdado Cabello alegó que las fotos de caravanas de migrantes caminando por las carreteras de autopistas andinas era “una campaña contra nuestro país” dirigida por los grandes medios de comunicación. Para Cabello, las caravanas eran “luces, cámara, acción”. Un mes después, diría que migrar se convirtió en “una moda” porque tener hijos afuera “daba estatus” y todo era parte de un “gran plan de desestabilización mental” de la oposición.

Para Llavaneras Blanco, el lanzamiento del Plan Vuelta a la Patria en 2018 –que se adjudica supuestamente haber retornado casi 30.000 migrantes a Venezuela en cuatro años– abrió la cancha para un cambio de narrativa dentro del discurso gubernamental: “de un pueblo infantilizado, que no supo lo que estaba haciendo” y “que prefirió jugársela”, explica. Pero además, se crea un discurso “bastante dicotómico” donde se habla por un lado de “un pueblo que él [Maduro] no respeta pero que recibe como quien tiene un hijo tonto que se va y regresa, y al que le va a permitir retornar” en su rol de “líder magnánimo” y por el otro, un pueblo que prefirió “quedarse aquí con la familia, luchándola”.

Poco después del lanzamiento del Plan Vuelta a la Patria, Maduro explicó que por seguir “cantos de sirena” de una “campaña de la derecha” los migrantes habían encontrado “racismo, desprecio, persecución económica y esclavismo” en Perú. “Dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir a la patria”, pidió Maduro al ‘pueblo engañado y tonto’ en una suerte de rol paternal. Además, se ha culpado al “bloqueo” de Estados Unidos de generar la migración, como Gustavo Petro –cercano al chavismo– ha hecho en varias ocasiones. Y se sigue minimizando la crisis: en enero de 2021, por ejemplo, Maduro afirmó que desde 2017 habían emigrado 600 mil venezolanos. La Plataforma RAV4 calcula que el número es de 6,8 millones.

La narrativa victimizante también fue acompañada de narrativas criminalizantes, explica Llavaneras Blanco. Cuando alrededor de 130.000 migrantes retornaron por las trochas fronterizas a Venezuela sin hacer el control epidemiológico durante la pandemia de la covid-19, Maduro los llamó “bioterroristas”, mientras que el número dos del gobierno chavista impuesto en el Zulia los calificó de “armas biológicas”. En este entramado de narrativas, el migrante era víctima del “bloqueo” norteamericano y el “plan de desestabilización mental” de la oposición pero también es instrumento de un plan orquestado por Colombia para infectar a Venezuela con el coronavirus.

De todos modos, la narrativa de migrantes infantilizados y engañados –con su dicotomía entre quienes se quedaron y se fueron– ha perdurado: conectándose con la narrativa de una recuperación económica, una Venezuela que se “arregló”. Por ejemplo, una enigmática cuenta de Youtube –Retornados Venezuela– publicó “Las aventuras de los migrantes venezolanos inmigrantes”, una serie de videos animados donde se satiriza la supuesta vida mísera de los migrantes que sufren y comparan su vida al ver videos de quienes se quedaron: con una vida repleta de conciertos y rumbas en yates. El propósito propagandístico de la cuenta es claro.

La semana pasada, el canciller de Maduro explicaba en la ONU que la migración es “inducida” y “propiciada y aupada” por una campaña política y propagandística de “promesas falsas y bloqueo de sus condiciones de vida”, asegurando –sin pruebas– que 60% de los migrantes han retornado voluntariamente “huyendo de las condiciones de esclavitud y explotación” en otros países: alimentando su discurso con la exclusión y xenofobia que muchos migrantes han encontrado en países vecinos.

Petrocaribe: la nueva carta anti-sanciones

La narrativa de la crisis como resultado de las sanciones ha mutado de otras formas: se ha internacionalizado. En junio de este año, la nueva mutación se convirtió en una política oficial: en un comunicado, los jefes de estado de CARICOM “urgieron la remoción de sanciones a Venezuela para permitir a países (…) beneficiarse de la iniciativa Petrocaribe y la explotación de campos de gas transfronterizos entre Trinidad y Tobago y Venezuela”.

Sin embargo, dice el experto petrolero Francisco J. Monaldi, el colapso de Petrocaribe –una alianza creada por Hugo Chávez en 2005 que le permite a las islas de Caribe comprar crudo a precio preferencial– se debe a que “colapsó el precio de petróleo y Venezuela necesitaba caja, no podía seguir regalando esos barriles”.

Aun así, Petrocaribe tiene un rol fundamental para el gobierno venezolano. Nació como una forma de “ampliar, profundizar y mantener una política bastante vieja que nació con el canciller Arístides Calvani (durante el gobierno de Rafael Caldera) que era la de mantener la influencia sobre el Caribe, ser la potencia media o regional”, dice Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Con Petrocaribe esta política de vieja data sería “instrumentalizada con una clarísima orientación ideológica”, dice Mijares, que “le permitiese [a Venezuela] contar con casi un tercio de los votos de la OEA y una parte importante de los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas”.

Para Rosales, el objetivo fundamental de Petrocaribe “es crear un anillo protector de la revolución bolivariana” –que generaba una voz internacional y creaba “un rompeolas que lo protegía de las amenazas”– sustentado en un modelo de “solidaridad internacional” similar al que Cuba estableció en el siglo veinte, al mandar brigadas de médicos o grupos armados, a países del Tercer Mundo; sobre todo a África. Dos meses antes de la declaración de CARICOM, Venezuela canceló la deuda de San Vicente y las Granadinas: un país cuyo PIB per cápita es tres mayor al de Venezuela.

El Grupo de Lima –una instancia multilateral de catorce países que buscó lograr una salida pacífica de la crisis venezolana– surgió en agosto del 2017 después de que los gobiernos críticos al chavismo no pudiesen activar la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela en la OEA por falta de votos. Así, la narrativa de Petrocaribe como víctima de las sanciones cumple un propósito político. “Revivir Petrocaribe va a seguir siendo un objetivo geopolítico fundamental”, dice Rosales.

Sin embargo, el apoyo de estos países no está asegurado. A pesar de la rivalidad entre Venezuela y Estados Unidos en CARICOM, “los países caribeños siguen manteniendo bastante autonomía y mantienen un grado importante de coordinación”, dice Mijares. También, explica, hay particular desconfianza hacia Venezuela: “siempre la han visto como una potencia sub-imperial como en algún momento la llamó un primer ministro trinitario”.

Pero desde al menos 2019, líderes caribeños –como el primer ministro Ralph Gonsalves de San Vicente y las Granadinas– han culpado a las sanciones estadounidenses de afectar el suministro de petróleo venezolano de Petrocaribe. Incluso los disturbios de Haití, debido al corte del flujo de crudo venezolano, han sido atribuidos a las sanciones por medios simpatizantes del chavismo.

De todos modos, Monaldi considera que “una producción [venezolana] tan baja” como la de hoy no podría sustentar un programa como Petrocaribe, aunque la narrativa comunicacional del chavismo y sus aliados insista en lo contrario: según las autoridades venezolanas, Venezuela exportaba unos 100.000 barriles a las islas del Caribe en 2015. Hoy, con una producción tan baja, Venezuela apenas produce 200.000 barriles para el mercado interno y 500.000 barriles para exportar. “No estamos ni lejos” de retornar al Petrocaribe de la década de los 2010, afirma Monaldi.

Además, por los pocos volúmenes que exporta Venezuela y los descuentos que ofrece en el mercado negro chino, una iniciativa de precios preferenciales no “tiene sentido”, dice Monaldi. Y se suman otros efectos de la crisis: aparte de la ruina de las refinerías en Venezuela, el país perdió sus refinerías en Jamaica (que tomó las acciones de PDVSA en 2019 tras años de inactividad), Curazao (terminó el contrato de arrendamiento en 2020) y República Dominicana (vendida por el gobierno de Maduro al gobierno de la isla en 2021).

La única posibilidad de ventas de crudo venezolano al Caribe depende de que Estados Unidos permita licencias de exportación a las islas, explica el experto petrolero, haciendo que los costos de transporte para Venezuela fuesen muchísimo menores que los de las rutas actuales a Asia y que los descuentos de los barriles no sean tan notorios. “Pero”, se pregunta Monaldi: “¿Por qué Estados Unidos permitiría esa influencia de Venezuela en el Caribe?”.