Es necesario definir una estrategia procesal y una respuesta inmediata por parte de la CPI en relación a las 110 denuncias en contra de Nicolás Maduro, que se han consignado basadas en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Esta es la principal exigencia del exparlamentario.
Desde abril de 2014 hasta hoy, han transcurrido más de cinco años en la que Bensouda ha tenido tiempo suficiente para responder a las solicitudes hechas por los distintos presidentes y no ha respondido.
“Hace un año, seis de los Estados Partes de la CPI, encabezado por Colombia, a través de su presidente Iván Duque, solicitaron una investigación y la fiscal, a pesar de haber iniciado un examen preliminar 19 meses atrás, no ha resuelto nada”, denunció Márquez. “La fiscalía tiene 350 funcionarios y desde la solicitud hecha por los jefes de Estado, han transcurrido 365 días, en ese lapso no han sido capaz de analizar un expediente de 400 páginas, lo que denota hechos graves de negligencia”.
Por otra parte, el defensor de los derechos humanos denunció que las deportaciones forzosas en la frontera del Táchira con Colombia ocurrieron en agosto de 2015, mientras que las deportaciones en Myanmar (frontera entre Birmania y Bangladesh), sucedieron en agosto de 2017 y la fiscal Bensouda, un año después, (septiembre de 2018) abrió examen preliminar y en julio de 2019 inició la investigación en contra de los funcionarios de ese régimen de Bangladesh.
“Contra Nicolás Maduro no lo ha hecho (…) le pido al presidente Juan Guaidó, a los presidentes de los seis Estados Partes y a la comunidad internacional definir una estrategia procesal para que exista justicia en La Haya, porque hasta el momento la CPI se ha convertido en un depósito de denuncias sin resultado alguno”, señaló. “Se debe exigir a la CPI una respuesta inmediata en relación a la denuncia hecha hace un año”.
El experto indicó que no existe mayor presión internacional contra Maduro que ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional y restó importancia a las medidas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos, las cuales, a su juicio, “le resbalan al régimen” y no les afecta de manera directa, como al contrario si lo haría el enjuiciamiento y detención por parte del máximo tribunal de justicia universal.
