El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela

Por:

El esquema de corrupción de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. en Venezuela no difiere mucho del aplicado en otros países de América Latina. Sin embargo, hay una característica que pone al país en evidente desventaja frente a sus pares de la región: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos. Odebrecht reconoce que dejó pendientes 11 obras.

Con motivo de su 12° aniversario, Clímax da cuenta de lo sucedido con la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), el Puente Cacique Nigale (el segundo sobre el Lago de Maracaibo), la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A. y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire

Todos conocen el número del expediente. En el archivo de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, las siglas AP42-S-2017-000003 suenan a Odebrecht. Se saben los guarismos de memoria. “Ese lo han venido a buscar mucho”, confiesan los encargados del lugar. Tanto, que el legajo perdió su carácter público a finales de 2017. El archivo del piso 1 lo pasaron al 8, en donde el coordinador informa a los interesados que no está disponible por tratarse de un caso “delicado”.

Por más “delicado” que sea, la decisión de la corte viola el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil que avala el carácter público de los expedientes. En especial cuando se trata de un proceso que interesa a toda la nación, pues los pagos del Estado venezolano al gigante constructor de Brasil rondan los 300 mil millones de dólares en once obras que no han sido concluidas, según la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz.

El caso se está moviendo. Aunque sea a los ritmos de la justicia en Venezuela. Fue en diciembre de 2016, cuando Odebrecht y su filial en el sector petroquímico, Braskem, admitieron ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York, en Estados Unidos, haber pagado coimas en Venezuela por 98 millones de dólares, el segundo país con el número más elevado después de Brasil, donde admitieron la suma más alta de sobornos. Sin embargo, no fue hasta el 26 de enero de 2017 cuando la Fiscalía anunció la existencia de una investigación sobre el caso. A mediados de febrero siguiente, la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó las oficinas de la constructora en Caracas. Aún Luisa Ortega encabezaba el Ministerio Público.

El expediente consta de once tomos. La última vez que estuvo disponible, Clímax constató que acababan de anexarle dos oficios. En el primero, la jueza de sustanciación Ilda Osorio notificaba al Procurador General de la República que se le había remitido copia certificada de las pruebas a propósito de la solicitud de una medida cautelar innominada autónoma sobre todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, en especial los destinados para la ejecución y construcciones de las obras de ingeniería que abarcan los contratos suscritos entre el estado venezolano y la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht, S.A. La demanda la ejerció la República Bolivariana de Venezuela.

Al día siguiente de esa misiva, el 19 de octubre de 2017, Henry Rodríguez, gerente general de Litigio de la Procuraduría, respondía que estaba al tanto. El proceso, que se lleva a cabo en una corte administrativa, busca tomar el patrimonio de Odebrecht en Venezuela a fin de garantizar el resultado del juicio. El 15 de febrero de ese año el Ministerio Público acordó congelar las cuentas bancarias, y prohibió enajenar y gravar los bienes de la empresa en el país.

Sin embargo, los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, que estaban a cargo de la investigación fueron señalados el 16 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro de formar parte de una red de extorsión y fue ordenada su captura y encierro, con el aval del nuevo fiscal general impuesto, Tarek William Saab. Lupera ahora se encuentra en el exilio y Sánchez fue detenido el 17 de agosto.

odeb_1_vid_1

Esquema de corrupción

El modelo de corrupción de Odebrecht en Venezuela se resume en nueve pasos, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela.

El primero es la buena lid del expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, fue hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. La condena la emitió el juez federal Sérgio Moro, quien tiene a su cargo la investigación del Lava Jato, como se le conoce a la gigantesca trama que utilizaba lavanderías y estaciones de servicio para blanquear valores de origen ilícito. Esta red de corrupción habría permitido que las grandes empresas de Brasil se pusieran de acuerdo para repartirse contratos multimillonarios, sobornando a funcionarios de Petrobras y a políticos.

Pese a la condena y a otros siete procesos que tiene abiertos en su país por los mismos delitos el hombre de 72 años –aún en libertad mientras se decide la apelación– encabeza la carrera por la reelección en la Presidencia de ese país; apoyado por la destituida Dilma Rousseff.

El segundo paso es la firma de acuerdos binacionales para permitir las adjudicaciones directas, sin pasar por licitación. Transparencia reporta que entre 2005 y 2011, Venezuela y la República Federativa de Brasil habrían suscrito, al menos, 47 convenios de cooperación. Un factor que incidiría en este punto, indica Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG en Venezuela, son las sucesivas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, gracias a lo cual se otorgaron a dedo un gran número de contratos. Odebrecht en Venezuela terminó 12 obras, pero, según Transparencia, dejó pendientes 29 y no 11, como le ha endilgado la Fiscalía.

Luego está la relación cercana entre los representantes de Odebrecht en Venezuela y los más altos niveles políticos. Un ejemplo que despunta es el del director de la constructora, Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien Chávez en 2006, durante la inauguración del tramo El Valle-La Rinconada del Metro de Caracas, le preguntaba en broma si ya se había sacado la nacionalidad venezolana.

Fue el mismo Azevedo quien el 15 de diciembre de 2016 se acogió a la figura de “delaciones premiadas” que establece la ley brasileña y rindió testimonio ante la Procuraduría General del estado de Sergipe. El video con la declaración lo hizo público la fiscal en el exilio Ortega Díaz el 13 de octubre de este año. Allí, Azevedo asegura que entregó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, a cambio de que las obras de la constructora continuaran siendo una prioridad para el gobierno.

El responsable de coordinar con Azevedo el monto fue Américo Mata, quien había sido presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Venezuela, organismo con el que Odebrecht tiene en común la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A., ubicada en Anzoátegui.

odeb_1_vid_2

Antes, el 8 de febrero de 2017 –ya estando Azevedo en su país– el Ministerio Público solicitó medidas preventivas en su contra, y contra los ejecutivos de Odebrecht en Venezuela George Faroh Cano, asesor jurídico, y los directivos Maryorie Garboza Ceballos y Sergio Ferraz de Campos. Se les acusaba de asociación para delinquir, concierto de funcionario público con contratista y corrupción impropia. No fue sino hasta octubre que Tarek William Saab anunció que solicitó ante la Interpol una orden de código rojo para la captura de Azevedo. “Era un hombre muy poderoso y Chávez confiaba en él”, lo describe De Freitas.

El escándalo ya había salpicado al actual Presidente venezolano. En mayo de 2017, se difundió la declaración de Mónica Moura –una publicista brasileña– que dijo ante el Supremo Tribunal Federal que ella y su esposo João Santana acordaron con Nicolás Maduro, cuando era canciller, el pago de 35 millones de dólares por sus servicios de marketing durante la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012. La transacción se realizaría en efectivo, a través de las empresas Odebrecht –que aportaría 7 millones de dólares– y Andrade Gutiérrez –que debía entregar 5 millones más. Otros 11 millones salieron en efectivo de la Cancillería y el resto se los quedaron debiendo.

El dedo acusador de Luisa Ortega Díaz involucra además a Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez. De Cabello especificó que recibió 100 millones de dólares a través de una empresa española denominada TSE Arietis. Agregó que los propietarios de esa compañía, que tuvo un crecimiento inusitado de su capital en 24 meses, son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello.

Sigue la trama

Más allá de las buenas relaciones, ocurren las negociaciones. El modelo de Lava Jato consistía en la petición de sobornos a empresas de ingeniería y construcción por montos equivalentes al 3% del presupuesto de las obras para favorecerlos en los procesos de licitación.

Luego, el dinero se cargaba al costo final del proyecto y se reintroducía en el sistema para blanquearlo a través de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina.

El quinto paso, continúa Transparencia, es el pago de los sobornos a los funcionarios. “Se manejaban montos muy grandes y podía haber mucha gente involucrada. ¿A quién le pagaban? ¿Al que firma el contrato, a los que hacían el lobby, al que abría la cuenta o a los directores de las obras? Había un gentío lucrándose, incluyendo a los testaferros”, explica Mercedes De Freitas.

El 12 de julio de 2017, el Ministerio Público citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. Las mujeres son la esposa y suegra de Haiman El Troudi, quien se desempeñó como Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Además se ordenó congelar sus cuentas que, según Transparencia Venezuela, ascienden a 42 millones de dólares. Ambas indiciadas optaron por no presentarse, y desde que Ortega Díaz fue expulsada del Ministerio Público ese expediente ha estado dormido.

La suma de este caso y el de los publicistas Mónica Moura y João Santana es de 77 millones de dólares “y solo corresponden a un período determinado y a un ministro de los 28 que, de acuerdo con la investigación realizada por Transparencia Venezuela, de una u otra forma tendrían participación en la ejecución de los más de 32 contratos suscritos con la empresa Odebrecht”, arguye la ONG en el informe Odebrecht en Venezuela, presentado en julio de 2017.

Aparece entonces, como sexto paso, la Unidad Especial de Relaciones Internacionales, el mote que encontró Odebrecht para su oficina de sobornos, responsable del manejo de la “caja 2” o un presupuesto paralelo utilizado para las coimas. Sería esta la oficina de la cual salieron los depósitos que financiaron la campaña de Maduro en 2013.

La séptima característica del modelo, como ya se ha visto, son los aportes a partidos políticos y candidatos “sin ningún prurito ideológico”, dice la directora de Transparencia en Venezuela. Una investigación publicada en el portal Armando.info revela que así como financiaron a Maduro, en la misma campaña presidencial de 2013 entregaron 15 millones de dólares al opositor Henrique Capriles.

Son más los funcionarios venezolanos beneficiados por la compañía, de acuerdo con el testimonio de Azevedo filtrado a ese portal. Diosdado Cabello recibió fondos para su campaña de 2008 cuando aspiraba a repetir en la Gobernación de Miranda; el representante de Odebrecht en Venezuela no especificó cuánto, pero sí agregó que la firma habría apoyado con recursos a Elías Jaua, al entonces gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez, al exalcalde del municipio Guaicaipuro –Los Teques– Francisco Garcés, al exgobernador de Guárico William Lara, al exalcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino, además de al aspirante a la Alcaldía del municipio Carrizal Farith Fraija; todos del PSUV. Por los candidatos de oposición, la empresa aportó fondos para Manuel Rosales y Pablo Pérez en Zulia; Carlos Ocariz para el municipio Sucre; y Antonio Ledezma para la Alcaldía Metropolitana. Siempre a cambio de no entorpecer sus obras.

El elemento diferenciador

Aunque el esquema era parecido en todos los países, Venezuela tuvo una característica que la hizo diferenciarse del resto de los latinoamericanos en los que Odebrechet tenía tentáculos: los retrasos importantes en las obras.

“A partir de 2010 hubo cada vez más demoras. Se desconoce si es porque hubo retrasos con los pagos por parte del Estado. En 2015 aprobaron un crédito adicional para pagar los avances en cinco obras. Eran 5.000 millones de bolívares solo para Odebrecht”, afirma De Freitas.

En el expediente AP42-S-2017-000003 se encontraron datos del contrato MC-3750, firmado el 21 de diciembre de 2006 para la construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, tramo Plaza Venezuela-Parque del Este. Esta obra debía ser ejecutada en 54 meses, a partir de la fecha del primer pago del anticipo, y por un precio de 657.839.157.299,66 bolívares para el componente nacional –la base era septiembre de 2006– y 339.100.771,84 dólares para el componente extranjero.

El 7 de diciembre de 2009 se modificó el contrato para incorporar el “Plan estratégico de justicia social” por 25.333.000,00 bolívares. El 4 de diciembre de 2009 hubo otra modificación cuando las partes acordaron “establecer el otorgamiento de un anticipo especial al contratista” por 83.350.086,55 dólares, con cargo al contrato de colaboración financiera mediante descuento de títulos de crédito suscrito el 12 de noviembre de 2009 entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de la República Federativa del Brasil.

El 27 de julio de 2011 acordaron un nuevo anticipo especial para el contratista por 163.062.169,12 bolívares fuertes; y el 22 de agosto de ese mismo año acordaron una prórroga en los tiempos de ejecución de la obra por 51 meses (del 17 de septiembre de 2011 hasta el 17 de diciembre de 2015). Las modificaciones al documento original no cesaron y el 15 de noviembre de 2011 acordaron alterar la cláusula 26 del contrato principal, de modo que aumentó el porcentaje del anticipo contractual de 15% a 23,2%; y además otorgan uno de estos anticipos por 53.648.055,91 bolívares fuertes.

El 27 de noviembre de 2014 firman un nuevo anticipo por 103.000.000,00 de dólares. Pese a los desembolsos, el 26 de agosto de 2015 la constructora solicita que se formalice una prórroga en los trabajos a pesar de la ingente cantidad de dineros asignados durante tantos años. Petición que fue aprobada el 2 de diciembre de 2015, quedando como nueva fecha para la entrega de la Línea 5 del Metro el 30 de abril de 2018.

Para finalizar, la novena pieza en la caracterización del modelo de corrupción de Odebrecth en Venezuela es la opacidad. Los contratos que Odebrecht suscribió con el Estado venezolano no se encuentran disponibles, aunque se soliciten formalmente, y los informes de la Contraloría General de la República nunca han hecho mención de los manejos de la empresa en Venezuela.

De Freitas teme por la continuidad de los proyectos, pero el asunto no es tan sencillo como asomó Maduro a principios de febrero de 2017, cuando prometió que trabajadores venezolanos se encargarían de culminar los trabajos: “Primero hay que hacer una auditoría de avances, inspecciones de ingeniería para determinar qué tecnología se usó, buscar los planos, ver qué materiales utilizaron. Por otro lado, las obras que tienen tanto tiempo paralizadas sufren un proceso de desgaste. No se puede partir desde donde las dejaron. Hay que echar para atrás y hacer una revisión de calidad”.

Periodista egresada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela en 2011. Ganadora del premio Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa por la serie Morir una, dos y tres veces de hambre, de El Estímulo. Estuvo entre los tres finalistas del Premio Gabriel García Márquez 2015, Categoría Innovación, por la investigación Propietarios de la Censura, hecha en alianza entre Ipys Venezuela, Armando.info y Poderopedia. También figuró entre los diez finalistas del mismo premio en 2014, Categoría Cobertura, por la serie El Patrón de la Represión, de El Nacional.