Por órdenes oficiales ha prevalecido un fenómeno que va en contra del derecho fundamental del acceso a la información, contemplado en la Constitución Nacional: la opacidad en materia económica.
A la falta de información oficial sobre las variables macroeconómicas, se suma la dificultad de bancos de inversión para viajar a Venezuela y reunirse con representantes del gobierno para realizar una evaluación más precisa. Con la decisión de los bancos de inversión Bank of America y Barclays Capital de no regresar a Venezuela por “razones de seguridad”, se complica cada vez más la posibilidad de ofrecer a inversionistas internacionales información de primera mano, para luego llevar a cabo un análisis económico del país y en consecuencia tomar sus decisiones financieras.