En Guayana usan oficinas públicas para monitorear a votantes del PSUV
El artículo 13 de la Ley Anticorrupción que establece que los funcionarios y empleados públicos “están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.