Abogados del diputado Freddy Guevara calificaron de "olla" las nuevas acusaciones del Gobierno venezolano contra el partido Voluntad Popular, realizadas este jueves y viernes por el presidente Nicolás Maduro y el director del Sebin, Gustavo González Lopez, en las que supuestamente se fraguaba un plan para secuestrar al expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.
A través de un comunicado, los juristas indicaron que Guevara -quien se encuentra asilado en la embajada de Chile en Caracas- «ha sido particularmente incómodo» para las autoridades por la acción del político, luego de la detención de Leopoldo López en 2014.
«Los que cometieron asesinatos, secuestros y otros delitos en el pasado para financiar su actividad política insurreccional contra la democracia, son los que hoy acusan a Voluntad Popular», reza la misiva.
A su juicio, el declinar participar en las elecciones presidenciales, al igual que Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, junto a la presión de la comunidad internacional y la crisis que agobia al país, el Ejecutivo enfila sus baterías contra los dirigentes de la tolda naranja las decisiones que han tomado en contra de la organización, como su inhabilitación y el arresto de un líder comunitario, como Luis Navas y Eligio Arráiz Arocha.
«Quieren pasar factura porque no se dejaron quebrar en un diálogo del que pretendían obtener cómplices y no lo consiguieron. Quieren pasar factura porque querían ir a un parapeto de elecciones sin condiciones y en Voluntad Popular no se prestaron a convalidar el fraude», sentencia.
Además, recordaron que al estar Guevara asilado en Chile es improbable que desde ahí esté coordinando «acciones inventadas» para crear caos en el país.
Freddy Guevara fue acusado de estar en la planificación intelecual del supuesto plagio contra Merentes el pasado viernes 23 de abril, cuando el director del Sebin, Gustavo González López, dio a conocer detalles de la operación en la que se detuvo a dos personas de Voluntad Popular, que serían las que llevarían a cabo el hecho.
En noviembre de 2017, el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ingresó en calidad de huésped -igual que Roberto Enriquez de Copei- a la embajada de Chile en Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anunciara la solicitud de retirar la inmunidad parlamentaria, con el fin de juzgarlo por los más de 100 muertos durante las protestas antigubernamentales de ese año.
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