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Los 59 colombianos presos de Maduro viven sin justicia ni humanidad

Colombianos detenidos PORTADA
22/01/2019
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FOTOGRAFÍAS: VALERIA PEDICINI

59 ciudadanos colombianos están detenidos en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, Caracas, desde hace más de dos años, tras haber sido arrestados por ser identificados como supuestos paramilitares. Luego de amenazarlos con deportación, los encerraron en un galpón en pésimas condiciones. Desde 2017 tienen boleta de excarcelación judicial, que nadie cumple. Fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir y forjamiento de documentos. Sus historias revelan la podredumbre de un Estado

El vallenato retumba desde un teléfono sin intenciones de disminuir la intensidad. El lugar suena a guacharaca, a acordeón, a tambor, a puro ritmo musical parcero. Suena indiscutiblemente a Colombia, aunque el verdadero territorio esté a cientos de kilómetros de distancia. El ruido de unos televisores y el chasquido de la comida rostizándose sobre un sartén también invaden el espacio, mientras una frase termina por colocar la brújula en posición: “¡Pedro, tienes visita!”. Y alguien a lo lejos levanta la cabeza.

Al fondo de un galpón en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, en la capital venezolana, está Pedro Berrió. El colombiano lleva un short claro, una franela anaranjada y cholas. Una pinta casi oficial para un fin de semana de descanso en casa, pero la realidad es otra muy diferente a lo que parece a simple vista. Para él hace tiempo que no hay demasiada diferencia entre los días. Hace exactamente 865 días le arrebataron la libertad de un trancazo.

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Son historias desafortunadas que se repiten 58 veces más. 59 vidas detenidas. Iván Galán estaba frente al televisor viendo la cadena nacional cuando Nicolás Maduro habló de una detención de 92 paramilitares. A los tres días, al mediodía del 4 de septiembre de 2016, lo apresaron después de enseñar sus documentos colombianos vencidos. Para la época, relata, la frontera con el país vecino estaba cerrada y no podía salir a renovar sus papeles. “Ustedes fueron los escogidos, necesitaban completar a los 92 como sea”, le dijeron los policías que lo mantenían en Maripérez, su primera cárcel. El chivo expiatorio.

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Era 2 de septiembre de 2016 cuando Pedro Berrió bajaba de su casa en Caucaguita, estado Miranda, para intentar sumergirse en el Metro de Caracas y llegar a su trabajo de obrero en remodelaciones de centros comerciales. Esa noche le tocaba viajar hasta Las Mercedes, pero el destino le tenía otro plan. No llegó a cumplir con su responsabilidad laboral y ni siquiera pudo hacer la llamada reglamentaria a su esposa para mantenerla informada sobre su paradero. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo retuvieron cerca de la redoma de Petare, le pidieron sus documentos y él, sin nada que temer, mostró su pasaporte colombiano provisional. Lo detuvieron como parte de una “inspección de rutina” y le prometieron que “sería rapidito”, que solo iban a verificar sus datos en el sistema. Con la excusa de la requisa lo montaron en una patrulla y lo llevaron hasta la sede de la PNB en Maripérez, municipio Libertador. Ahí pasó alrededor de 15 días junto a otras personas que jamás había visto en su vida. La permanencia en el sitio culminó de un momento a otro con la palabra “deportación”.

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Lo trasladaron hasta el estado Táchira en una camioneta en compañía de un grupo que rondaba las 20 personas con el ofrecimiento de regresarlos a su país natal, al otro lado del charco. Tal promesa nunca ocurrió. Tras pasar al menos dos semanas acariciando los límites fronterizos, tan cerca y lejos de casa, un día los despertaron de madrugada y les soltaron la instrucción sin entrar en muchos detalles: “Levántense que vamos a Caracas, les vamos a dar documentos”. Así llegaron 92 colombianos a La Yaguara y 59 todavía no han vuelto a salir. “Ahí empezó todo el martirio”, recuerda su esposa Lisbeth Rivera. Un tormento que se mantiene latente 28 meses después.

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El galpón donde ahora hacen vida los 59 colombianos está dividido por sábanas que sirven de paredes de tela para delimitar el reducido espacio con una cama individual para cada uno. Son “las casas”, dice irónicamente Pedro para referirse al rincón pegado a la pared donde pernocta y pasa la mayor parte del tiempo. Ninguno de ellos hace mucho más que dormir, escuchar música o leer para pasar las horas, los días, las semanas y hasta los meses. Los años que aún llevan ahí.Colombianoscita7

En el pasado el sitio funcionaba como dormitorio para los efectivos policiales que, ante la llegada de los vecinos colombianos, fueron desalojados con urgencia. Ahora lo ocupan unos civiles. No tienen muchas pertenencias, lo poco que sus familiares les han podido llevar en sus visitas semanales, que se limitan a los fines de semana, por cuatro horas al día. No hay más que eso.

Las comidas tres veces al día quedaron para la vida en libertad, si acaso era posible en aquel momento de crisis nacional. En el comando solo les sirven alimentos una vez al día en porciones reducidas y a deshoras. A veces pollo, a veces granos. A veces un paquete de arroz crudo que deben rendir entre tres personas para todo un fin de semana, sin derecho a réplica. A veces, incluso, almuerzos en descomposición.

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Los parientes terminan siendo los salvavidas de muchos en algunas ocasiones, los que se encargan de la manutención y de que tengan una vida en prisión lo más humana posible. “La comida es malísima. Si los familiares nos dan un poquito, comemos. Si no, nos toca aguantar hasta el día siguiente”, cuenta con resignación el colombiano de 29 años. Muchos cocinan en las hornillas eléctricas del grupo o las piden prestadas a aquellos afortunados a los que sus allegados le pudieron comprar con dinero enviado desde la nación vecina. La hora para cocinar se turna, uno a la vez. No hay para todos.

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No disponen de servicio de agua potable. En cada pared, en cada esquina, en cada recoveco, los botellones para almacenar el líquido abarrotan el calabozo. Se ven en todos lados. El fluido no es una certeza, tampoco ahí como en el resto del país. Cuando mucho llega dos o tres veces a la semana, así que acumulan litros y litros para prevenir momentos de sequía. En oportunidades tampoco cumple con una de sus características, ser incolora. Pedro alza un recipiente y muestra la evidencia: el agua viene amarilla, casi color tierra. “Tenemos que tomarla como venga”, asegura.

La situación también les ha complicado tres actividades imprescindibles: lavar la ropa, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas. De los dos baños construidos en el recinto, solo funciona uno. “El otro se tapó”, lanza alguien de los detenidos. El que queda es para todo y para todos. En él juntan la basura que producen diariamente, se duchan bajo la regadera o con tobos, restriegan sus prendas de vestir para despojar la suciedad y “van al baño” en un pote grande de plástico porque no hay inodoros. Los desperdicios los lanzan por una trampilla del suelo. No hay más nada que hacer. Y cuando cae la noche, finalmente, la oscuridad reina. No se dan abasto con dos lamparitas que cuelgan del techo, las pocas que han resistido.Colombianoscita6

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Pedro Berrió y Lisbeth Rivera se conocieron en Colombia. Ella, venezolana de padres colombianos, se acostumbró desde 2005 a pasar las fiestas decembrinas en el país hermano. Fue un año a probar, le gustó y siguió haciéndolo unas cuantas veces más. Cuando Pedro pisó Venezuela, hace 10 años, empezaron a salir. El colombiano llegó cuando el flujo migratorio era al contrario: inmigrantes escogiendo el territorio venezolano como una fuente de oportunidades que su propio país no les brindaba para la época.

El casi treintañero se vino a trabajar y eso es lo que estuvo haciendo desde que tocó la nación, además de jugar béisbol y formar una familia. Lo que hizo hasta que lo apresaron. Su esposa es venezolana, así como sus tres hijos; lo que más le duele es tenerlos lejos. Ellos, afirma, han sido de los más perjudicados por lo ocurrido. Explica que lo que gana su pareja como empleada doméstica no alcanza para todos, ahora menos que debe mantener otra boca que alimentar. La suya, una carga más.

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A Lisbeth Rivera también le cambió la vida, así haya sido por retruque. Confiesa que en estos 28 meses ha tenido momentos muy difíciles. “Me he deprimido, me he desvanecido. He estado sin nada de comer para darle a mis hijos, ha sido muy fuerte. No solamente para mí, sino para las mujeres que son familiares de los detenidos”. Rivera dice que, aparte de sus labores domésticas, ha recurrido a ofrecerse como mensajera para llevar documentos a oficinas que lo necesiten en busca de un “dinerito extra”. Su fortaleza, la cuarta pata de la mesa ya no está. “Entre nosotros nos ayudábamos”, agrega. “Es demasiado triste, no se merece estar detenido así cuando simplemente es indocumentado”. Los primeros meses, en 2016, perdió alrededor de 55 kilos. La preocupación consume.

Colombianoscita5Sus fines de semana los reserva religiosamente para visitar a su compañero. “Uno pierde vida social y sacrifica mucho. Cuando se está en esta situación, todo el tiempo que tienes es para la persona detenida, estar pendiente de él, si está enfermo, si comió. Antes salíamos con los niños a un parque, a distraernos o a caminar por Sabana Grande. Ya no veo a los familiares o a los amigos. Ahorita todo es ‘vamos a visitar a mi papá’. Nuestra vida ahora se resume a eso”.

Sus hijos, a pesar de la adversidad, son felices durante esas cuatro horas de visita que tienen junto a su padre. Decidieron no esconderles la verdad sobre lo ocurrido, mejor hablar claro desde el inicio. “Lo abrazan, lo besan, le cuentan lo que les pasa en la semana, juegan con él. Preguntan qué hace su papá ahí detenido si él no es malo. Esas preguntas me quiebran. Yo les digo que es una mala jugada del destino”, detalla.

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De los casi 100 que llegaron a agarrar al azar en Caracas, el número ha ido bajando considerablemente. Algunos han muerto –a uno le entró una cucaracha en el oído-, otros fueron liberados por medidas humanitarias, por casos de fuerza mayor –la esposa de uno de ellos falleció- y otros se escaparon un día en que a los policías en La Yaguara les ganó el sueño. Iván Galán ni lo consideró, ni en ese instante ni ahora. “Quiero salir por la puerta grande, como lo que soy, un hombre inocente”. Quedan 59.

Galán tenía contemplado viajar a Colombia el martes 6 de septiembre de 2016, dos días después de su inesperada detención. Su esposa sí logró cruzar la frontera con sus hijos y desde allá se mantienen en contacto. Para recibir alimentos o productos que necesita, cuadran con los familiares de otros detenidos para que les hagan el favor. “No nos conocemos, no somos nada de los demás. Pero nos tocó convivir como si fuésemos familia”. Eso sí, en su hogar han decidido mantener a los pequeños de la casa alejados de la tragedia. Viven engañados. Le han dicho que su papá está trabajando en Venezuela.Colombianoscita4

Pero cada quien vive la peor situación de la mejor forma posible. Diego Artunduaga se inspiró en la ficción para hacerle a su hijo una desgracia más digerible. En una esquina de su “cubículo” se encuentran las figuras de acción que su familia le regalo al niño para el 25 de diciembre. Ese momento, cada semana, es la única oportunidad de involucrarse en la vida del otro. El no poder compartir el día a día con su hijo es lo que más le duele al colombiano. “Perderse las exposiciones del colegio, no ayudarlo con las tareas ha sido lo más complicado de estar aquí”. Desde su reclusión en La Yaguara creó un traje de bombero para una tarea en la escuela de su hijo. Ser papá en las peores condiciones. Cual película, ha preferido callar y decirle a su hijo que sus ausencias en la casa y su presencia en aquel galpón son parte de un entrenamiento para convertirse en policía.

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Sahedis Palomo dice que lo perdió todo. Su casa, su mercancía, su ropa, su pareja, su familia. Se despidió de todo cuando los efectivos de la GNB se lo llevaron el 4 de septiembre mientras vendía catalinas al mayor y al detal en una calle de Petare. Su pasaporte colombiano no bastó y terminó preso. Su permanencia en el sitio ha sido de las cosas más tristes que ha tenido que vivir: su familia en pleno está en Colombia. Nadie lo visita los fines de semana. Por él nadie pregunta en la puerta del comando de la PNB. “Aquí todo es malo”, dice y afirma tener problemas de la vista desde que su vida se limita a esas cuatro paredes. “Estamos aquí metidos sin ningún motivo ni razón, por capricho de Maduro. Jamás y nunca en mi vida imaginé estar así. Por eso uno se porta bien, para no estar así. Lastimosamente caímos en la redada”, sostiene. Cuenta que los 59 viven en paz y armonía. “Uno aprendió a vivir. Siempre le pido a Dios que nos dé paciencia”.

La prisión no es nueva para José Stalin Moreno. Ahí fue a parar luego de asesinar a un hombre hace casi 12 años. Pagó su condena saltando de cárcel en cárcel, desde el estado Zulia salió por Barquisimeto. El 5 de septiembre de 2016 le dieron libertad plena, lo llevaron directamente hasta la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) porque sería trasladado a su país en 72 horas. Sigue esperando lo prometido. Fue a parar a Maripérez, luego a Táchira para terminar en La Yaguara, junto a otros compatriotas colombianos. Todavía no sabe lo que es estar en libertad. “A Caracas no le conozco ni una calle, aquí he perdido hasta la mujer que tenía porque me vio salir y luego pensó que me había metido en problemas nuevamente”.

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Moreno tampoco mantiene comunicación con su familia en Colombia. Sus compañeros y sus únicos vínculos afectivos están recluidos en las mismas paredes que él. A sus 62 años, ha sido de los colombianos que ha visto comprometida su salud tras la detención. Dice que sufre de la tensión, vive enfermo y que un par de veces lo han trasladado hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y lo regresan sin mayor mejora. El colombiano suelta, sin dudarlo ni un minuto, que prefiere volver a una verdadera cárcel antes que seguir privado de su libertad en esas condiciones. “Es más difícil estar aquí. Allá tienes dos comidas, uno se desplaza. Aquí ni nos dejan salir al patio a tomar sol. Estar aquí es como estar secuestrado”.Colombianoscita3

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“En el marco de la OLP (Operación de Liberación del Pueblo) hemos capturado a 92 colombianos en un campamento paramilitar a 500 metros de Miraflores. Además, hemos detenido a varios dirigentes de la oposición. Tenían un plan violento conjunto para acabar con el gobierno”, informó Nicolás Maduro frente a un público chavista el 1 de septiembre de 2016.

Entre agosto y septiembre de 2016, fueron detenidos 92 colombianos indocumentados. Los llevaron a la sede de la PNB en Maripérez, les aseguraron la deportación, y terminaron en el comando de La Yaguara por más de dos años acusados de terrorismo sin pruebas directas en su contra y sin garantías de sus derechos. Entraron 92, hoy en día solo quedan 59.

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El Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó en noviembre de 2017 libertad plena para los colombianos detenidos. Sin embargo, el cuerpo policial y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hicieron caso omiso argumentando que había un proceso administrativo de tipo migratorio. Siguen apresados sin razón, un secuestro. La Organización de las Naciones Unidas también alzó la voz, calificó la situación como una “detención arbitraria” y pidió al Gobierno venezolano la liberación inmediata de los connacionales, además de “concederles el derecho a obtener una indemnización” por daños causados.

Pero la respuesta del Estado fue otra. El pasado 29 de noviembre de 2017, los 59 ciudadanos colombianos fueron presentados ante los tribunales de control y fueron imputados por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y forjamiento de documentos, decisión tomada en el tribunal 47 de Control de Caracas a cargo de la juez Cecilia García. Según denunciaron los detenidos y sus familiares, el encuentro en la sede de la policía no se produjo bajo los parámetros legales y no permitieron la presencia de sus allegados ni de los abogados de la organización Foro Penal Venezolano, encargada de su defensa. En cambio, les impusieron defensores públicos. Se tenía previsto que el 13 de enero se llevara a cabo la audiencia preliminar del juicio, pero no hubo despacho y la información que manejan sus defensores es que quedó postergada por 20 días más.

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Amnistía Internacional difundió un comunicado el pasado 4 de diciembre en el que exigen “que se ejecute la orden de libertad”. “La revocatoria de la orden de libertad, pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad“, reza el documento.

La Cancillería colombiana aseguró en uno de sus comunicados que seguirán insistiendo por “los medios jurídicos y diplomáticos la liberación de los connacionales y el respeto de sus derechos fundamentales”. Agregan que desde el consulado han realizado más de 80 visitas periódicas, cerca de 50 reuniones presenciales, actividades con los familiares, más de una decena de asistencia médica y 20 entregas semanales de alimentos.Colombianoscita2

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Helen Hincapié es la única mujer detenida en La Yaguara. Llegó a Venezuela a los 12 años y creció en Caracas, donde se graduó de bachiller en Ciencias. Unas vacaciones al estado Nueva Esparta terminaron en desastre: en el aeropuerto de Margarita le pidieron su documentación y su pasaporte colombiano estaba vencido. Trabajadores del Saime le aconsejaron que se dirigiera hasta la sede central del organismo en el centro de la capital y ahí estuvo el 26 de agosto de 2016. Las cosas solo siguieron empeorando. “Me dijeron que como no tenía esposo ni hijos, me iban a deportar a Colombia”. No supo qué decir. Le quitaron sus pertenencias y la mantuvieron alrededor de ocho días detenida.

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El guion se repitió. Fue llevada hasta Maripérez. “Nos dijeron que era rutina, que ya el lunes nos regresaban al Saime” para concluir con el trámite de documentos. En el sitio no se pusieron con rodeos: “Me dijeron que lamentándolo mucho éramos los 92 salados, los 92 paramilitares que quería Maduro. Ahí estuvimos 15 días completando los 92”, recuerda la joven de 24 años. Desde el 27 de septiembre de 2016 está en el comando de La Yaguara.

Por ser mujer, está detenida en otro espacio diferente al resto aunque sufre las mismas calamidades. “A veces ni me como la comida que nos dan, mi mamá me costea todo. Alimentos, toallas sanitarias, jabón”, enumera. Asegura que por las malas condiciones higiénicas del lugar ha contraído todas las enfermedades que nunca había sufrido en su vida. “Me han dado infecciones de orina, alergia en la manos, dolor en la rodillas, hasta diarrea y hemorroides. Uno aquí está con ganas de ir al médico, tengo dos años sin ir al odontólogo”. Confía en que pronto ocurra un milagro y sea libre de nuevo. “Yo me siento venezolana. Que Maduro se ponga las manos en el corazón porque nos tienen aquí por capricho, algo tiene contra nosotros”. Sueña con poder retirar su título, continuar con sus estudios y tener nuevamente sus papeles.

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Tener documentos legales no le sirvió de mucho cuando detuvieron a Germán Espitia en Catia el 5 de septiembre de hace dos años. Venía de trabajar en una escuela comunitaria en el oeste cuando le pidieron sus papeles. En ese momento, sus documentos estaban en regla, a pocos días de vencerse. “Ven que estoy legal en el país y uno de ellos dice ‘no, eso no está bien nada’ y me llevaron. No tenían razones para detenerme”, explica el joven de 34 años.

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Para él, pasar la Navidad alejado de su familia fue el peor castigo. “Las tres últimas navidades las he pasado llorando. Siempre la pasaba con mi mamá, mis sobrinos. Hasta el apetito lo he perdido. Si eres culpable, por muy doloroso que sea, lo asumes”. Pero ese no es su caso, afirma.

Llegó al país hace 19 años y admite que le tiene un gran cariño a Venezuela. “Aquí me hice hombre, aprendí de la vida y a defenderme para no morir de hambre”. Pero de salir en libertad, lo primero que haría sería regresar a su Colombia. Tiene su fe puesta en que la Navidad de 2018 sea la tercera y la última en La Yaguara. Desea que en el 2019 su regalo sea la libertad.

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