La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo, denunció el incremento de detenciones de militares por razones políticas que se ha registrado durante el año 2018, contabilizándose al día de hoy a 92 funcionarios castrenses tras las rejas, de los cuales 34 han sido capturados durante el año 2018.
Tal aseveración la hizo tras la instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Defensa y Soberanía de la Asamblea Nacional, ente al que fue invitada a conformarlo en calidad de asesora. La instancia legislativa está presidida por el diputado Franco Casella, e integrada por los parlamentarios Rafael Veloz y Richard Blanco.
Al ser abordada por los medios de comunicación, Camejo planteó que entre otros casos, destacan las detenciones de ocho funcionarios de Fuerzas Especiales que están siendo vinculados, en calidad de cómplices, al robo de armas encabezado por el fallecido Oscar Pérez en una instalación de la Guardia Nacional en Miranda.
Asimismo, la experta en justicia militar detalló que el día 2 de marzo fue detenido un grupo de comandantes, todos tenientes coroneles que dirigían diferentes batallones blindados en varios estados del país: Guárico, Carabobo, Barinas y el emblemático Batallón Ayala que se encuentra en las instalaciones de Fuerte Tiuna. Explicó que conjuntamente con estos seis comandantes, fueron aprehendidos dos sargentos de tropa profesional y un teniente, todos del Ejército. Este grupo se encuentra privado de libertad en diversas cárceles militares de Venezuela.
También se refirió al caso del mayor general Miguel Rodríguez Torres, enfatizando que es el militar de más alto rango detenido actualmente, recordando al respecto que ya habían sido capturados generales de la FANB, entre los que se encuentran Raúl Isaias Baduel, Ángel Vivas y Lozada Saavedra, este último hoy con medida sustitutiva de libertad de casa por cárcel.
Al ser consultada por los detalles de la privación del ex ministro de Interior Justicia y Paz; la profesional del derecho puntualizó que –como ha ocurrido con casos anteriores- es probable que la Fiscalía Militar no logre encontrar elementos de convicción que puedan soportar las imputaciones que se hacen contra este uniformado.
Durante el acto, el diputado Casella subrayó que como comisión no tienen como objetivo perseguir a los uniformados, sino velar por los DD.HH. de todos, haciendo especial énfasis en el caso de los generales Baduel, Vivas y el mayor general Rodríguez Torres. “Todos los hombres de uniformes tienen derechos humanos y nos vamos a abocar a que estos sean respetados”, refirió.]]>
Los diez detenidos cumplirán condena en la cárcel común de El Rodeo y la militar de Ramo Verde, ambas ubicadas en el estado Miranda
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