El Encantado debía ser una urbanización modelo. El urbanismo diseñado para 5.000 familias en Macaracuay, al este de Caracas, sería una solución habitacional para la clase media que aspiraba por primera vez a una vivienda. Cada uno de los cinco conjuntos residenciales de la urbanización debía tener preescolar, cancha deportiva y parque. Nada de eso existe.
Los conjuntos están rodeados de maleza y tierra seca. Las grúas son una constante en la urbanización y los problemas de vialidad, iluminación, ascensores sin instalar, fallas en la canalización de aguas, ausencia de transporte y de áreas de esparcimiento cada día son más evidentes.
El 31 de octubre se cumplen 5 años desde que Hugo Chávez anunció, en un Aló Presidente, la expropiación de 6 desarrollos urbanísticos –entre ellos El Encantado– cuya construcción se había demorado más de lo previsto; la ocupación temporal de 8 que estaban casi listos y medidas especiales en 19.
Entre 2011 y principios de 2012 el Gobierno intervino 57 desarrollos habitacionales por las denuncias de los propietarios debido al cobro ilegal del ajuste por la inflación –a través de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor– y por retrasos deliberados de las obras.
No solo los habitantes de El Encantado dejaron de recibir lo pactado, pese a que el decreto de expropiación garantizaba que la ejecución de las obras respetaría los contratos realizados. Dennys Chacón, habitante del Parque Residencial Mata Linda en Charallave, señala que las áreas comunes no se terminaron según lo acordado. Afirma que faltan canalizaciones y hay filtraciones en algunas áreas. “Mejor está mi edificio, que fue hecho por los privados, el Consorcio Urbanístico del Tuy, que los últimos construidos por la Urbanizadora Casa Arroyo, contratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat”. Chacón también afirma que en su caso nunca se le devolvió el excedente que pagó por el IPC.
– Sin llaves –
En Terrazas de la Tahona no han entregado el primer inmueble. Carmen Camacho, dueña de un apartamento, dijo que será en diciembre o febrero cuando podrá mudarse. La empresa Edivial construyó bajo la figura de una asociación civil. En su momento, el sitio web de Edivial indicaba que los compradores podrían participar en la toma de decisiones y sólo debían cubrir los costos de construcción.
Terrazas de la Tahona no fue expropiado, le dictaron medidas especiales de protección. Al ser propietarios, Camacho dijo que solicitaron un crédito a la banca para finalizar las obras. “Hemos pagado mucho más de lo que originalmente costó el apartamento. Los dueños de la constructora se fueron del país y nosotros quedamos en el aire”.
Este es un caso excepcional. En abril de 2011, la Asociación Bancaria de Venezuela y el Indepabis firmaron un acuerdo, para que la banca financiara la culminación de las obras. Distintas instituciones tenían a su cargo la construcción de 19.000 unidades habitacionales.
José Grasso Vecchio, ex director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, indicó que en la generalidad de los casos el resultado fue positivo. “La banca pudo llevar a feliz término casi todos los proyectos y entregárselos a sus compradores originales. Hubo diferencias según el grado de ejecución de las obras y el tipo de intervención. Algunas solo necesitaban acabados finales, pero otras apenas estaban empezando”.
Horacio Rangel recibió las llaves de su apartamento en San José del Ávila de manos del presidente Chávez. Cinco años después no ha protocolizado, pese a que su imagen y la de su pareja Milagros Reverol –ya fallecida– se utilizó como ejemplo de justicia social y el éxito del Estado al rescatar a las familias de la estafa inmobiliaria.
“Nos llamaron a protocolizar en octubre de 2012, y no pudimos porque seguía vigente la prohibición de enajenar y gravar esos bienes. Volvieron a llamarnos en marzo de 2013, pero fue el mismo día que a ella la hospitalizaron. Falleció y ahora me piden un documento de Unión Estable de Hecho emitida por un tribunal. Han pasado dos años sin que reciba el documento”.
Rangel denunció que si no resuelve la situación antes de diciembre el ministerio liberará el apartamento y tendría que pagar 2 millones de bolívares por la que ha sido su casa desde 2010. “Me negué a pagar el IPC a la constructora y ahora se lo tengo que dar al Ministerio de Vivienda para no perder mi casa”.
San José del Ávila presenta daños estructurales. La fachada del edificio se está desconchando, hay filtraciones, paredes fracturadas, el estacionamiento se inunda, los portones de entrada jamás funcionaron, colapsó el sistema de aguas servidas, hay fugas de gas, no pueden usar los bajantes ni el cuarto de basura, el estacionamiento no tiene las dimensiones apropiadas y la tubería principal de la última etapa es una manguera de riego.
“Agradecemos la voluntad de Chávez. Fue una medida histórica que benefició a 150.000 familias. El problema vino en la manera cómo se ejecutó”, subrayó Rangel.
– Resolución 061 –
Una resolución de MinVivienda publicada en Gaceta Oficina N° 40.186, en 2013, dice que los inmuebles intervenidos o expropiados sólo podrán venderse a la Inmobiliaria Nacional en los primeros 5 años a partir de la protocolización.
“La resolución viola el derecho como propietarios a disponer de sus bienes, es contraria a la libre competencia, pues todos tienen que vender a un único comprador que impondrá el precio que quiera”, asegura Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio Económico Legislativo del Centro de divulgación de Investigación del Conocimiento Económico (Cedice).
Afirma que el gobierno pudo disponer de contratos, subsidios, estímulos tributarios o gestión económica directa antes de expropiar. “El Gobierno destruyó el sistema de formación de precios y no es posible saber qué precios fijaría el mercado, pues ni los productores ni los consumidores deciden, sino la burocracia”.
Por su parte, Grasso Vecchio confía en que esa haya sido una situación excepcional: “El negocio de la banca es financiar, no construir. Hubo una realidad que necesitaba solucionarse y habría sido peor dejarlos inconclusos, pero lo mejor siempre es negociar”.
