Se trata de una figura establecida en la Constitución en su artículo 337, que puede decretar solo el Presidente de la República, cuando “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas”.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció la decisión tras el ataque sufrido por un convoy de la Guardia Nacional en el que resultaron heridos dos funcionarios militares y que el gobierno venezolano atribuye al “paramilitarismo”, según su versión, infiltrado en Venezuela desde Colombia.
“La frontera queda cerrada hasta nuevo aviso”, dijo el presidente Maduro quien, además de los 60 días que le permite la Constitución para el estado de excepción, aseguró que podría tomar otros 60 días.
El decreto de estado de excepción significa un endurecimiento de la posición venezolana sobre el control de la frontera en tanto que permite al Gobierno la suspensión de garantías constitucionales como el derecho al libre tránsito o libre reunión.
No obstante, existen garantías y derechos de los ciudadanos que no pueden ser restringidos ni suprimidos aun dictándose un Estado de Excepción en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estos derechos que deben ser garantizados en todo momento por el Estado a los ciudadanos, incluso existiendo un Estado de Excepción, son:
1. El derecho a la vida.
2. El reconocimiento a la personalidad Jurídica.
3. La protección de la familia.
4. La igualdad ante la ley.
5. La nacionalidad.
6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
7. La integridad personal, física, psíquica y moral.
8. El derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre.
9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
11. El derecho al debido proceso.
12. El amparo constitucional.
13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
14. Y el derecho a la información.
La posibilidad de esta suspensión hace de los estados de excepción una de las decisiones más graves establecidas en la Constitución venezolana y se espera que, al tratarse de una situación extraordinaria, los cuerpos militares y policiales tengan más presencia y control sobre las zonas afectadas, en este caso los municipios citados.
El presidente aseguró que Venezuela se encuentra bajo un “ataque masivo” y entre otras justificaciones señaló de nuevo el contrabando de extracción que estaría drenando de Venezuela todo tipo de productos hacia Colombia, desde llantas hasta alimentos y gasolina. Sin embargo, señaló que el fin último del decreto es luchar contra el paramilitarismo y las bandas criminales que, asegura, han entrado a Venezuela provenientes de Colombia.
Sería la primera vez que en Venezuela se decreta una situación de ese tipo desde que fue promulgada la Constitución de 1999.
Informaciones de El Tiempo y Control Ciudadano fueron utilizadas para elaborar esta pieza
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