La ley, que forma parte de las reformas que el país prometió a Bruselas a cambio de fondos del megaplán europeo de recuperación económica poscovid, debe asistir a las personas que no pueden permitirse una vivienda, al limitar la especulación inmobiliaria e impulsar la oferta en las zonas llamadas "tensionadas" (con mayor demanda)
El gobierno de izquierda español consiguió este miércoles la aprobación definitiva de su ley de vivienda, que permitirá limitar el precio de los alquileres en zonas «tensionadas», tras obtener la luz verde del Senado a pocos días de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo.
El texto, presentado por el ejecutivo como «la primera ley de vivienda» en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, ya había sido aprobado por los diputados a finales de abril. El Senado le dio ahora el visto bueno con 134 votos favorables de 252.
Con la nueva ley, «la vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho», celebró en Twitter el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que afirmó que se trataba de un «día histórico».
El ejecutivo buscaba su rápida aprobación para que el texto entrara en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo, consideradas como la antesala de las reñidas legislativas de final de año.
La ley, que forma parte de las reformas que el país prometió a Bruselas a cambio de fondos del megaplán europeo de recuperación económica poscovid, debe asistir a las personas que no pueden permitirse una vivienda, al limitar la especulación inmobiliaria e impulsar la oferta en las zonas llamadas «tensionadas» (con mayor demanda).
Tras largas negociaciones entre los socialistas y sus socios de la formación de izquierda radical Podemos, el tetxo prevé desacoplar los aumentos de los alquileres del índice de precios al consumo, y ponerle un tope del 3% en 2024, antes de fijar un nuevo índice para 2025.
Asimismo, otorga a las autoridades regionales el poder de designar zonas como «tensionadas», donde las personas se ven obligadas a irse por los altos precios, para regular los alquileres.
Además, la ley penaliza a los propietarios que dejen varias viviendas vacías, amplía la congelación de desalojos para inquilinos vulnerables y obliga a informar a las personas amenazadas de expulsión de la fecha y hora exactas en las que deben abandonar el inmueble.
Esta ley suscita fuertes críticas de las asociaciones de propietarios, que dicen temer una disminución de la oferta de vivienda. El texto será aplicado «hasta la última coma», aseguró sin embargo Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos.
La vivienda es un tema muy sensible en España, un país que padeció con dureza la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008, cuando muchas familias tuvieron que vender o abandonar sus viviendas al no poder hacer frente a las hipotecas.
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